José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP (Perú)
Un nueva Ley para los profesores del Perú se empieza a
discutir a propuesta del gobierno del Presidente Ollanta Humala con la
denominación Ley de Desarrollo Docente (LDD), que debe ser aprobado por el
Parlamento para su promulgación, reglamentación y ejecución. La nueva norma reemplazaría a la denominada
Ley del Profesorado (LP, 24029) de 1984, modificada por la Ley 25212 en 1990;
también sustituiría a la Ley de Carrera Pública Magisterial (LCPM, 29062) promulgada por el segundo gobierno aprista el 2007.
La Ley de 1984 y su modificación
de 1990 fue, sobre todo, el fruto de una larga lucha del magisterio organizado
en su sindicato, el SUTEP, increíblemente con la oposición de los senderistas
que ahora dicen luchar para defenderla (hay que reiterar su eslogan de aquellos
años: “la ley no se come”). Igual ocurre con los apristas, quienes consideraban
que la LP les pertenecía, pero hoy la consideran indefendible, comprometidos,
como están, con el programa neoliberal de su nuevo socio político, el
fujimorismo con su impronta corrupta y
todo.
La Ley 29062, en cambio, fue promulgada al
margen de las opiniones del magisterio y su sindicato, producto de un largo
proceso de imposición de la reforma educativa neoliberal, privatizadora de la educación y con una política de desregulación
del trabajo docente para, en el mediano plazo, desligar las relaciones
laborales de los maestros con el gobierno central. No es casual que los 55 mil docentes
incorporados a la LCPM empiezan de cero, hablando de su tiempo de servicios,
sin los derechos establecidos en la LP, sometidos a evaluaciones estandarizadas
con nulo valor pedagógico.
No se sabe aún los contenidos que
finalmente tendrá la nueva Ley, pues los apristas y fujimoristas, amén de otros
sectores neoliberales del desacreditado Parlamento, están dispuestos a defender
todo lo que contiene la LCPM, sin ninguna concesión a los derechos
reivindicativos de los maestros. En tal
escenario, preferimos establecer algunas cuestiones previas que permitan
entender lo que hoy se propone desde el gobierno como nueva ley docente y qué
posibilidades tienen los maestros para defender sus derechos como profesionales
y trabajadores de la educación.
La cuestión del
nombre de la Ley
Tengo la certeza de que los
autores del Proyecto han querido
distanciarse de las leyes que pretenden derogar y han elegido una denominación
que contiene los dos aspectos que
comprende ser maestro: el de agente principal de la educación, formador en las
aulas y responsable principal del
proceso enseñanza-aprendizaje; y el de sujeto de derechos como trabajador de la
enseñanza. Según estos criterios la
denominación (LDD) sería pertinente, pero observando que no se aleja de la
concepción neoliberal que contiene la LCPM.
Y no es que en las dos leyes en
cuestión falten los dos aspectos, pero en la
LCPM, con el pretexto de la evaluación, prácticamente se elimina el
aspecto de los derechos con un enfoque individualista de la tan mentada
meritocracia en tanto “los mejores maestros” llegarían a los últimos niveles
del escalafón, consecuentemente a percibir salarios “envidiables” para “los
peores maestros”, con la consecuencia
inevitable de que la mayoría de niños y
adolescentes estarían condenados a tener maestros supuestamente ineficientes.
En el fondo de este enfoque de la carrera docente está el objetivo de
elitizarla para, (1) concentrar el gasto salarial en un grupo pequeño,
ahorrando recursos fiscales; (2) dividir a los maestros para debilitar su
organización sindical dando paso a un nuevo sindicato de magísteres y doctores
en educación, requisitos para acceder a los niveles IV y V. Con esta visión, en
el supuesto negado de que sea sincera, nunca se podría mejorar, por lo menos,
el destartalado sistema educativo peruano, pues con un grupo mayoritario de
maestros mal pagados y considerados “comechados”, burros” e “ineficientes”,
seguiríamos en la misma ruta de la crisis de la educación. Pero como todos los
gobernantes del Perú actual, desde alcaldes hasta parlamentarios, magistrados
del Poder Judicial, burócratas adecuadamente remunerados, empresarios, amén de
empleados privados con cierta holgura salarial, no tienen el menor interés de
defender la escuela pública, salvo como pose electoral, ni les interesa el
destino de los maestros de esa “escuela de los pobres”, pues el ascenso social de sus vástagos está hoy en
la educación privada que les seguirá
asegurando formar parte del puñado de privilegiados.
Si con el nombre de la nueva Ley
que se pretende aprobar muy pronto se logra alejarse de la visión neoliberal de
la carrera pública magisterial, se podría contribuir, por lo menos en algo, a
superar una parte del problema de la educación peruana, que no es, centralmente,
el desempeño docente.
La cuestión del papel
de los maestros en la crisis de la educación
Es decir, de la Ley que establece
sus derechos y obligaciones. En los
tiempos que corren desde la imposición
de la reforma educativa neoliberal, hace ya 20 años, se ha vuelto un lugar
común para “expertos” e ignorantes en teoría educativa que el culpable de la
crisis de la educación en el Perú es el magisterio de la escuela pública. Este discurso se viene repitiendo y está en
la base de toda la argumentación que propicia la evaluación estandarizada de
los maestros para “seleccionar a los mejores”. El Banco Mundial ha promovido
esta visión en todos los países latinoamericanos a partir de la desastrosa
experiencia chilena que está exhibiendo hoy el fracaso de la reforma
neoliberal, donde los únicos que no han fracasado son los dueños de la
educación privada subvencionada por el Estado chileno, con altas tasas de
ganancias y resultados de mayores desigualdades educativas, reforma que va
atada al programa económico neoliberal de los “Chicago Boys”. Los reformadores y evaluadores neoliberales
pueden sorprender con su mediocre teoría a los que desconocen los procesos de
reforma que, bajo esos parámetros, se han producido en Colombia, Honduras,
México, la Nicaragua bajo el neoliberalismo de los 90 del siglo XX, Bolivia de
Sánchez de Lozada, etc., experiencias analizadas, con algún optimismo, por el
profesor José Rivero en un libro singular escrito en aquella dácada.
Lo que están defendiendo apristas
y fujimoristas es la idea de que no importa el salario de un maestro para que
su trabajo sea eficiente ya que logrará
ser mejor remunerado cuando haya demostrado ser “el mejor”; mientras
tanto, unos 25 años en el mejor de los casos, que siga enseñando y dedicándose
al mismo tiempo, para sobrevivir, a otras actividades: taxista, cantinero, profesor en escuelas privadas en uno de los
turnos, jornalero en las plantaciones de la burguesía agraria de la costa,
vendedor ambulante, ente otras actividades, de las cuales, entre las
profesoras, sobresale la venta de los productos de UNIQUE, actividad que les
demanda el precioso tiempo de no menos de 3 horas al día.
El papel del maestro en un
sistema educativo es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no
va más allá de las condiciones sociales que influyen en la escuela, sus propias
condiciones de existencia material y espiritual. Su preparación profesional, su vocación
forjada a lo largo de esa preparación y del ejercicio mismo de la docencia, su
mística como forjador de nuevas generaciones: todo tiene sus límites si la
sociedad, a través del Estado, desatiende sus necesidades materiales y
espirituales. Para los neoliberales esta
visión carece de valor, pues, para ellos, cuanto menos se gasta en la escuela
pública más espacio se abre para la expansión de la educación privada. Los apristas se han convertido en los más
entusiastas gestores de la visión neoliberal de la educación con el negocio
redondo de la Universidad Privada San Martín de Porres bajo la rectoría del
ingeniero industrial José Antonio Chang,
donde regentan una “Escuela de Gobernabilidad” bajo la batuta del señor Alan
García Pérez, cuyos dos gobiernos son objeto de sendos juicios por corrupción,
con indicios y hasta pruebas, lo que significa que su “escuela” es un modelo de
lo que no se debe hacer en educación ni en gobernabilidad.
La cuestión del papel
del sindicato magisterial
La Resolución Relativa a los Maestros que la
UNESCO aprobó el 5 de octubre de 1966 establece que los estados
tienen la obligación de tener en cuenta las opiniones de los enseñantes o
maestros sobre políticas educativas. El
Perú es firmante de esa Resolución, que además establece la obligación de
reconocer los derechos laborales y profesionales de los docentes, incluyendo el
derecho a la sindicalización.
Si hay una organización que se ha
preocupado permanentemente por el derecho a la educación pública gratuita e
integral de todos los peruanos, de la igualdad de oportunidades para todos, de
los derechos de los maestros como profesionales y como trabajadores, ha sido el
sindicato, el SUTEP, fundado en 1972. Su
crecimiento y consolidación como sindicato único se explica por esa
consecuencia en la lucha, incluso unida a la resistencia contra todo tipo de
dictaduras (uno de los ministros del segundo gobierno del ex Presidente
Fernando Belaúnde Terry llegó a decir que durante la dictadura militar de
1968-1980 el SUTEP había salvado la dignidad nacional), mientras los grupos
políticos que se unen hoy para combatir al sindicato y oponerse a participar en
el proceso de evaluación de los maestros, se coludieron con esas dictaduras y,
como es el caso del APRA, asumieron el programa neoliberal de una de las dictaduras
más sucias de la historia republicana del Perú: el programa del fujimorismo.
Apristas y fujimoristas tienen
doble razón para defender su sacrosanta LCPM, incluso para conservar el mismo
nombre en la futura Ley. La principal,
mantener los contendidos individualistas de la meritocracia y su evaluación
estandarizada, elitistas, de la profesión docente. La segunda, políticamente necesaria para
ellos, presionar y chantajear al gobernó para
propiciar, por el lado del fujimorismo, medidas judiciales favorables a
la mafia en cárcel, aprovechando la ventana abierta por el magistrado fujimorista
Javier Villa Stein. Por el lado de los apristas, el chantaje para frenar la
investigación que pesa sobre su segundo gobierno por corrupción, pero también
por el juicio contra el grupo criminal Rodrigo Franco de su primer gobierno.
El intento actual de promulgar
una nueva Ley Docente no se da al margen de la lucha del sindicato de maestros, el SUTEP. Sin su lucha contra ese engendro
antipedagógico, antimagisterial y antisindical, la LCPM 2007, no estaríamos en
esta etapa de nueva formulación. La
persistencia de los sutepistas para traerla abajo no puede ser desconocida por
nadie; y los apristas y fujimoristas,
amén de todos los neoliberales que defienden la privatización de la educación y
la situación de pauperización de los maestros de la escuela pública., lo saben
perfectamente. El propio Presidente
Humala tuvo que ofrecer restituir los derechos de los docentes para obtener el
apoyo de ese sector de trabajadores estatales.
El sindicato, aún con la nefasta
presencia del senderismo y su plan divisionista, y de un sector de maestros que
siempre han demostrado su indiferencia, cuando no su oposición al SUTEP,
seguirá cumpliendo su papel como factor de la lucha por sus derechos
magisteriales y por una nueva educación en el Perú, sobre todo por defender la
dignidad de los maestros, vistos por los poderosos y sus operadores como
“maestritos” que solo tienen derecho a un salario de hambre, casi a ser
mendigos y sujetos a las acusaciones más arbitrarias en materia educativa.
Si los “ilustres” legisladores
logran aislar al SUTEP de los procesos de evaluación docente y, acaso también,
hasta de las comisiones de trabajo administrativo, ello no será una decisión
que perjudique principalmente al sindicato, sino a la propia educación, pues la
plaga de la corrupción en los organismos intermedios del Ministerio de
Educación y de los gobiernos regionales tendrá carta libre para mantenerse y
acrecentarse. Me consta, como ex
dirigente del SUTEP, que el sindicato ha tenido un rol de primer orden en la
fiscalización de las evaluaciones, procesos administrativos y de contratos, incluso en las direcciones de
escuela, lo que me recuerda que mi subrogación (al lado de otros maestros en
Alto Amazonas, Loreto) de 1976 tuvo como motivo “castigarme” por denunciar irregularidades
en un colegio, mientras que los juzgadores y cómplices fueron premiados con cargos de confianza.
Los neoliberales creen que
aislando al SUTEP resolverán el problema de la enseñanza, o destruirán al
sindicato. Pero su posición, además de
ser antidemocrática, al quitar responsabilidad a los maestros de la marcha de
la administración de la educación, no sustraerá al gremio la libertad de fiscalizar los procesos administrativos, sin
necesidad de tener responsabilidad
alguna en ellos. Por el sistema de
corrupción imperante en el Perú, la
decisión neoliberal sobre la no participación del SUTEP en la evaluación de los
maestros tendrá efectos contraproducentes para los supuestos objetivos
moralizadores de los apristas y fujimoristas, quienes, en el colmo de la
ignorancia, dicen pretender evitar que “el gato sea el
despensero”, como ellos lo han sido en el manejo del Estado.
Debe quedar claro que el SUTEP
tiene todo el derecho de ser considerado como parte en los procesos
administrativos y las comisiones correspondientes. Que el Estado no considere esa posibilidad es
de su absoluta responsabilidad por las consecuencias que esa decisión traería.
La cuestión de los
derechos docentes
Según la lectura del primer
proyecto de la LDD hay un conjunto de derechos magisteriales recogidos de la
LP, aun cuando no se fija bien el derecho a la estabilidad laboral, fundamental
para
los maestros y para todo trabajador, derecho tan venido a menos en el
Perú neoliberal que vivimos, en aras de la “productividad” y la
“competitividad”, cuando no de la “calidad del servicio”.
Los docentes de la escuela
privada están fuera del alcance de la futura Ley, prueba de que esta no está
lejos a de la concepción neoliberal de mantener la división del sistema
educativo que prioriza la privatización de la enseñanza. Este enfoque es congruente con el origen
social, político y educativo de los
coautores de la Ley, desde el Presidente
de la República cuyas hijas estudian en la escuela privada, hasta los propios
conductores del Ministerio de Educación cuyas concepciones pedagógicas son
afines a las del Consorcio de Educadores Católicos, promotores de gran parte de
la educación privada. En un marco de
concepciones privatizadoras de la educación cualquier reforma que pueda disminuir el peso de lo privado es,
simplemente, imposible. Las buenas
intenciones y hasta las expresiones de “compromiso con los pobres” carecen de
importancia para dignificar a los maestros y crear las condiciones necesarias
para el ejercicio pleno de la función docente.
La cuestión del “qué
hacer” frente a la nueva Ley
El hecho mismo de una nueva Ley Magisterial
constituye una derrota política al proyecto aprista-fujimorista que buscó dividir a
los maestros (“excelentes” / “mediocres”) y al sindicato creando una
“elite” mejor remunerada por igual trabajo, hecho contrario al
principio laboral universal de “igual remuneración por igual trabajo”, lo que
solo puede variar con el tiempo se servicios y el acceso en la escala de
carrera profesional.
Es evidente que la derrota fuji-aprista es, en
gran parte, una victoria del SUTEP Y de la gran mayoría de los maestros que,
con la sabiduría acumulada en 40 años de lucha por sus derechos, rechazaron la
política magisterial de esencia neoliberal., pese a la exuberante propaganda
desplegada por el gobierno aprista usando a supuestos maestros que coreaban las
“bondades” de la LCPM en la TV y en las emisoras radiales. Es casi unánime el positivo criterio de la
unificación del magisterio peruano en un solo sistema laboral, necesidad no
solamente magisterial, sino educativa.
La nueva ley Magisterial rescata
parte de los derechos establecidos en la LP, aunque sin ser especificadas en
términos económicos y de financiación.
La presencia de la “meritocracia”
como concepción fundamental es parte de la visón neoliberal del gobierno actual
y de los coautores del Proyecto, lo que con toda seguridad será refrendada por
los congresistas, pues gran parte de ellos son los mismos que dieron su
aprobación a la LCPM del gobierno aprista; y casi todos carecen de la capacidad
cultural suficiente como para discutir el problema de la educación nacional con
criterios plausibles. La concepción meritocrática pretende ser llevada
a toda la administración pública y será una fuente permanente de contradicciones
entre los trabajadores y no necesariamente factor de eficiencia en el manejo
del Estado.
El Proyecto de LDD mantiene el
sistema de los contratos para el ejercicio de la docencia durante todo el año
lectivo. Los contratos para cubrir
licencias o para cubrir horas excedentes son razonables y siempre han existido;
pero seguir manteniendo a miles de docentes en contratados no contribuye a
mejorar el rendimiento docente ni dar continuidad al proceso enseñanza
aprendizaje en las escuelas.
El nuevo proyecto introduce el cuestionable
criterio de medir la eficiencia docente según el resultado de los aprendizajes con mediciones
que traspasan la evaluación de los maestros en el aula, cuya labor evaluadora
quedará sencillamente desautorizada, aprendizajes que “deben producirse” al
margen de las condiciones de existencia de los estudiantes, del estado físico
de las escuelas y sus carencias pedagógicas que escapan a las posibilidades de
los propios maestros. En este
procedimiento también está la teoría productivista traída a la educación desde
las empresas de la producción material.
En las condiciones actuales del
magisterio peruano, principalmente del SUTEP, queda la posibilidad y necesidad
de analizar adecuadamente los alcances de la futura LDD según el Proyecto de Ley entregado al Parlamento
por el sindicato, que recoge y actualiza
lo establecido en la LP, y exigir que la representación sindical sea tenida en
cuenta. De ser negada esta posibilidad,
el SUTEP tiene todo el derecho de expresarse públicamente y mantener su lucha
reivindicativa. Por lo demás, la nueva Ley no reivindicará plenamente a los
maestros peruanos, principalmente por los ingredientes neoliberales que
mantiene. Considerarla un paso
importante no puede hacer ocultar sus limitaciones. Esto lleva a preparar las fuerzas para seguir
exigiendo las reivindicaciones no consideradas, incluyendo la lucha por un
presupuesto adecuado para la educación, la consideración de los maestros de la
educación privada y de los cesantes y jubilados, ambos sectores ausentes en la
futura Ley.
Solo un
análisis integral del Proyecto de LDD y de la Ley aprobada, con la evaluación
de las posibilidades reales del sindicato, se podrá orientar a los maestros
para proseguir la lucha por sus justas reivindicaciones y por la defensa de la
educación pública gratuita, universal e integral, aspectos indesligables para
los maestros.
Ex ministros,
ex funcionarios de la burocracia administrativa del Ministerio de Educación y
“expertos” que nunca se han opuesto a la reforma educativa neoliberal y su
política magisterial, se esmeran hoy en ofrecer sus aportes, sus críticas y hasta su aprobación al contenido
de la futura Ley. Nada hicieron por
cambiar el armatoste neoliberal en educación, más bien se convirtieron en soportes
burocráticos de lo hecho por el fujimorismo y de su prolongación programática
actual.
El erróneo
mensaje que hoy circula desde el gobierno, desde los “expertos” y desde los
medios de comunicación es que con la nueva Ley Docente los maestros aseguran la
superación de la crisis de la educación peruana. Mensaje confunde reforma educativa con nuevas
condiciones de trabajo para los docentes.
Una Ley Docente, más justa que
sea, carece de la fuerza suficiente para transformar el sistema educativo en crisis. Esa transformación dependerá de una reforma
educacional de fondo. Es la batalla más
grande que deben dar los maestros.
La unidad de
los maestros, ahora mejor condicionada en torno a un solo sistema laboral, es
la tarea central organizativa, especialmente en el sector de los maestros jóvenes que, en las últimas dos décadas, han
sido formados con criterios pedagógicos neoliberales e individualistas.
El escollo más
difícil de salvar es la división construida por el senderismo con un movimiento
centrífugo aprovechando las justas aspiraciones de un sector radicalizado de
maestros del sur del país. En el fondo
es un movimiento economicista utilizado por el senderismo para sus fines
políticos: ensanchar su influencia para exigir la liberación de sus líderes,
por un lado, y apoderarse de la dirección del SUTEP, por otro.
En su movimiento huelguístico se une el anarquismo más irresponsable con
el economicismo de las masas magisteriales descontentas que no ven el problema
de conjunto. A los fujimoristas y a los
apristas les favorece este movimiento, pues ellos también quisieran de todo se
convierta en nebulosa para ocultar sus trapacerías. Como dijo Robespierre cuando deslindaba contra
los “radicales” que pregonaban la guerra y los moderados girondinos que
buscaban la salvación del Rey Luis XVI, “ambos polos se juntan”, en este caso
los senderistas y los fuji-apristas para destruir el SUTEP.
Lima,
agosto 11 del 2012
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