(a
propósito del gobierno de Ollanta Humala en el Perú).
José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red social para la
Escuela Publica en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del
SUTEP.
Con motivo de la
conformación de los equipos de trabajo para la transferencia gubernamental del
gobierno que fenece el 28 de julio próximo al que le sucede, presidido por el
Comandante Ollanta Humala Tasso, se ha filtrado, al parecer, la noticia de la
participación del SUTEP (Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación
del Perú, fundado en 1972) en el equipo de transferencia del gobierno entrante
en el ramo de Educación. Posiblemente el periódico fujimorista que puso en
primera plana la supuesta noticia, haya recogido un rumor de esos que circulan
profusamente en estos días, cuando muchos grupos y personas tratan de ser
ubicados en algún lugar del poder gubernamental nacionalista. De ser cierto el
rumor, el SUTEP estaría comprometiendo su participación en el nuevo gobierno,
pues un equipo de transferencia es una instancia política que corresponde al
partido gobernante del momento. La participación sería, además, una vía posible
para que el gremio designe un representante suyo en la futura administración de
la educación nacional. Sea como fuere, la participación o no de los sindicatos
en los gobiernos de turno, tanto en aquellos de no representan directamente a
los trabajadores, como en gobiernos progresistas, es un asunto que debe ser
adecuadamente evaluado.
La
independencia de clase de los sindicatos.
Hay que partir de
la existencia de dos corrientes sindicales en los países capitalistas. Aquella
posición del “sindicalismo libre” patrocinada desde los Estados Unidos y que en
el Perú tiene en el sindicalismo aprista su reflejo, cuya concepción acepta la
conciliación de clases entre empresarios y trabajadores, por tanto, su
inclinación permanente a compartir el poder con las clases dominantes,
sometiendo a los trabajadores a las decisiones de los gobernantes de turno y
haciendo todo lo posible para no generar “problemas sociales” que entorpezcan
las políticas y los objetivos gubernamentales. El mayor peligro de esta postura
es que ese compromiso con el gobierno puede llevar a no enfrentarse con el
Estado, como empleador de los trabajadores estatales, o con los empresarios si
se trata de los trabajadores del sector privado. Se produce, entonces, una
verdadera conciliación de clases. Por supuesto que, cuando se trata de los
sindicatos de tendencia “libre” o “apolítica”, la conciliación con los patrones
se da también sin necesidad de declarar apoyo alguno al gobierno.
Es diferente la
actuación de los sindicatos clasistas, clasistas en cuanto consideran que, en
el sistema capitalista, la contradicción entre explotados y explotadores es
insalvable, como podemos notar en el Perú actual, con una legislación laboral
que permite que los empresarios abonen salarios miserables, sin derechos,
incluso a la sindicalización, como ocurre en las grandes tiendas de capitalistas
extranjeros, de tal manera que el trabajo precarizado es la mayor fuente de
enriquecimiento de los empresarios; situación que también se reproduce en las
relaciones laborales entre el Estado peruano actual y los trabajadores
estatales, llámense maestros, policías, de la salud, etc. Para los sindicatos
clasistas es importante, por lo tanto, mantener la independencia política de la
clase trabajadora, de los asalariados, para la lucha por las reivindicaciones de
los trabajadores. Desde una posición de independencia es posible generar un
movimiento sindical que reclame y luche por los derechos de los trabajadores,
función principal de los sindicatos y, al mismo tiempo, plantear su posición
frente a las medidas políticas de los gobiernos, frente a los distintos
problemas del país y educar a los trabajadores en la lucha por una sociedad
justa, por un nuevo país; pues los trabajadores también son ciudadanos con
derechos políticos y no pueden mantenerse al margen de la lucha por el poder,
es decir, no pueden estar prohibidos de organizarse en partidos políticos. Esta
función de los sindicatos no significa confundirlos con los partidos políticos,
pues el ejercicio político de un miembro de cualquier sindicato, dirigente o
integrante de base, dependerá de su partido y no de su sindicato, ya que este
representa a todos los trabajadores organizados como trabajadores. Si el
sindicato es clasista, su orientación es la defensa de los intereses de los
trabajadores y del pueblo, por tanto no podrá apoyar a quienes representan a los
explotadores, mucho menos a gobernantes que defienden los intereses de estos.
Este apoyo o no apoyo debe tener en cuenta el programa de gobierno para que los
trabajadores evalúen conscientemente cuál es la opción que les corresponde.
El
caso del SUTEP.
En la historia
del SUTEP, ha marcado hito su posición independiente frente a la dictadura
militar de Velasco Alvarado (1968-1975), gobierno reformista que se basó en el
ejercicio autoritario del poder y que trató a los maestros como ciudadanos de
segunda categoría. Su propia reforma educativa, modernizadora y progresista en
muchos sentidos, fue impuesta a través de una burocracia civil-militar que
derivó en una administración enfrentada a los maestros. Es curioso que hoy,
quienes no lucharon contra esa dictadura, pretendan decir que el SUTEP es el
culpable de la crisis educativa del Perú. En cambio, esos mismos defensores de
la modernidad neoliberal siguen denigrando de la dictadura velasquista porque
expropió a los latifundistas de la vieja oligarquía. Su defensa del sistema de
explotación de turno es evidente.
En otro momento,
cuando la “primavera democrática” de los años 80 del siglo XX llegó bajo la
exigencia de las luchas sociales de la década de los 70 contra la dictadura de
Morales Bermúdez (1975-1980), en las cuales el SUTEP jugó un papel importante,
incluso encabezando los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo y las
grandes movilizaciones en el Paro Nacional del 19 de julio de 1977, el gremio
magisterial supo enfrentar la demagogia de los dos regímenes.
En efecto, la
situación de los años 80, durante los gobiernos segundo de don Fernando Belaúnde
y primero de don Alan García Pérez, no fue diferente en términos económicos y
sociales a la de la década anterior: profundización de la crisis; mayor
empobrecimiento de las masas; terrorismo insurreccional y del Estado; crisis
agraria; desmontaje industrial; despidos masivos de trabajadores; inflación
incontrolable; reducción presupuestal para la educación y la salud; mayor
deterioro de la moral pública; en fin, “Desborde Popular y crisis del Estado”
(Matos Mar dixit). El SUTEP no dejó de luchar por los derechos de los maestros
y empezó a generar una corriente educativa para elaborar un proyecto de
educación democrática y patriótica que diera concreción a aquel planteamiento de
“educación democrática, nacional, científica y popular” de su Primer Congreso
Pedagógico Nacional de 1974. Uno de los ministros de Educación del segundo
gobierno del Señor Fernando Belaúnde llegó a decir que, en la década de los 70,
el SUTEP había salvado la dignidad del Perú. Ya sabemos que eso le costó el
cargo.
¿Y durante la
dictadura del Ingeniero Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos,
quiénes se jugaron hasta la vida para enfrentar su programa neoliberal? No solo
los maestros del SUTEP. Todos los trabajadores organizados y los pueblos de las
provincias. Ya se sabe que el grueso de la población limeña, de esta
conservadora ciudad, se entregó al “chino”, hecho que sigue siendo uno de los
fenómenos políticos que se reflejó en la votación fujimorista del 5 de junio.
Los dueños de los
grandes medios de comunicación y sus periodistas no se cansan de repetir la
ignorante idea de que el SUTEP es el culpable de la crisis de la educación, como
se ha reflejado ayer en una entrevista al actual Secretario General del
sindicato, Profesor René Ramírez Puerta, al tratar de enfrentar al gremio con
“toda” la opinión pública. No podía ser de otra manera en uno de los canales
fujimoristas más tenaces por la campaña de Keiko Fujimori. Inmediatamente
después de la entrevista al mencionado dirigente, el periodista entrevistó al
Viceministro de Educación Idel Vexler Talledo, para quien la reforma neoliberal
en curso es uno de los mejores logros del actual gobierno, sin tener en cuenta
que la escuela pública está cada vez más abandonada y desarticulada, con un
magisterio público sometido a las evaluaciones estandarizadas emanadas del Banco
Mundial para reducir más el presupuesto de la educación, amén de la entrega de
las escuelas a municipalidades que no harán más que lo que han hecho las
municipalidades de Chile, país en el cual los estudiantes de la básica vienen
exigiendo que el Estado asuma la administración escolar.
¿Y
frente al gobierno del Comandante Ollanta Humala?.
Los sindicatos no
pueden sino seguir manteniendo su independencia de clase. El nuevo gobierno se
presentó y sigue fungiendo de ser un futuro gobierno progresista. Por eso
mereció el apoyo de la gran masa de trabajadores, de los partidos de izquierda,
de los intelectuales progresistas y con dignidad, por toda la juventud
estudiantil y trabajadora que lucha por un país democrático y con justicia
social. Pero, como ya lo vienen diciendo muchos, el apoyo no es un cheque en
blanco. Es apoyo crítico y de exigencias para reconquistar los derechos
laborales conculcados desde hace 20 años, pero también para empezar a dar
solución a los grandes problemas del país. Sin cambios sustantivos en el Perú
no habrá nueva y mejor educación.
Un sindicato como
el SUTEP no puede menos que comportarse como sindicato frente al nuevo
gobierno. Como ya entregó sus planteamientos al Comandante Humala, corresponde
generar negociaciones colectivas en torno a esos planteamientos.
Una visión
panorámica de la problemática educativa del país y de las relaciones laborales
entre el Estado y los maestros, nos lleva a enunciar algunos tópicos que deben
resolverse: el papel del Ministerio de Educación, cuya función ha sido
tercerizada; el presupuesto de la educación, que sigue disminuida; la
municipalización de la educación pública, política contraria a cualquier reforma
educativa democrática; la privatización de la educación, verdadera orgía de
negocios (es bueno saber de qué universidades son los médicos plagiadores y
sustituidos en la Universidad Federico Villarreal); una nueva Ley del
Profesorado para la recuperación de los derechos conculcados; un proceso de
evaluación magisterial, científica, pedagógica e integral, mas no parcial y
estandarizada como la que se viene aplicando desde los años del
fujimontesinismo; un replanteamiento del constructivismo y la enseñanza por
competencias, cuya base es el pragmatismo pedagógico impuesto desde una visión
de la escuela-empresa.
Los mencionados
son, acaso, algunos de los planteamientos que deben ser abordados para la
elaboración de un Plan de nueva reforma educativa a ponerse en marcha desde
enero del 2012.
Lima, junio 15
del 2011.
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