jueves, 24 de septiembre de 2015

ESCUELAS EN VENTA, FRAUDES, DARWINISMO PEDAGÓGICO Y OTRAS PECULIARIDADES DE LA EDUCACIÓN PRIVADA LATINOAMERICANA

Pablo Gentili

El gran desafío de la educación en Latinoamérica continua siendo construir una escuela pública de calidad para todos.
Con algunas pocas excepciones, durante los últimos años, los avances educativos en la región han sido muy significativos: incremento sistemático en las tasas de cobertura mediante la incorporación de los sectores históricamente excluidos del sistema escolar; aumento de la inversión pública en educación; ampliación de las plantas magisteriales y, en algunos casos, aumento relativo de los salarios docentes; construcción de nuevas escuelas; políticas afirmativas orientadas a promover la permanencia de los más pobres en los centros educativos; reforma y modernización de los marcos legislativos que regulan el sistema escolar; extensión de los años de obligatoriedad; programas orientados a reducir la brecha tecnológica, etc.

Colegio en venta en Chile, con alumnos, profesores, sello de "calidad" y buenos "apoderados", eufemismo comercial usado para nombrar a los padres o responsables de los alumnos en el sistema educativo chileno. (Diciembre de 2014)

Durante la última década, algunos países han comenzado a modificar tendencias históricas de exclusión y abandono en el campo educativo, como es el caso de Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o El Salvador. En otros, han conseguido revertir procesos de profundo deterioro de sus sistemas públicos, promoviendo reformas que ampliaron significativamente las fronteras del derecho a la educación, como es el caso de Argentina y Uruguay. Así mismo, los resultados del Tercer Estudio Regional y Comparativo (TERCE) aplicado por la UNESCO en 15 países de la región, puso de relevancia que, en términos relativos, Chile, México y Costa Rica poseen el mejor desempeño en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel primario. Finalmente, algunas regiones o ciudades latinoamericanas han ganado reconocimiento internacional por sus avances en el campo educativo y en sus políticas de protección de la infancia y la juventud, como es el caso del Departamento de Antioquia y de Medellín, en Colombia.
Como quiera que sea, los importantes avances registrados, no pueden soslayar la persistencia de enormes y muchas veces estructurales problemas que, en la región, continúan limitando la posibilidad de que el acceso a la escuela pública sea un derecho de todos. No reconocer los méritos y los logros de las últimas reformas educativas puede ser un grave error. Pero, considerar que en América Latina se han superado los principales desafíos en la construcción de sistemas escolares democráticos y justos, también.
El debate acerca de cómo mejorar la educación latinoamericana es inmenso y quizás inabarcable. Sin embargo, un asunto que pocas veces se pone en discusión es que el proceso de transformación democrática de la escuela pública en América Latina dependerá, entre otros factores, del establecimiento de límites, controles y regulaciones en un sector privado que actúa en el campo educativo beneficiándose de ciertas políticas gubernamentales, del permanente desprestigio al que está sometida la educación estatal y, no pocas veces, de un inescrupuloso interés comercial.

¿LO ESTATAL VERSUS LO PRIVADO?
Cuando se debaten las políticas que permitirían contribuir a la mejora de la educación latinoamericana, el sector privado suele pasar inadvertido o se lo considera de manera independiente, como la consecuencia o la respuesta a un sistema público en crisis. Desde este punto de vista, la oferta privada de educación no es otra cosa que la inevitable reacción de mercados y consumidores ante la insuficiente respuesta de las escuelas estatales a sus demandas educativas. Así, se soslaya que lo estatal y lo privado no siguen dinámicas autónomas sino que su desarrollo está fuertemente articulado y sus lógicas forman parte de un mismo proceso de transformaciones que han impactado fuertemente en la estructura institucional de los sistemas nacionales de educación en todo el continente.
Las reformas educativas que se han llevado a cabo recientemente, así como las del pasado,  han involucrado una profunda reconfiguración de la educación privada. No hay dos sistemas que funcionan de manera paralela y que están vinculados funcionalmente por los efectos que el desempeño de uno produce sobre el desempeño del otro. Hay un único sistema, en el que conviven dos dinámicas, una estatal y otra privada, ambas articuladas más allá de la fisonomía de un conglomerado institucional escolar que casi siempre se ha caracterizado por la fragmentación, la diferenciación y la segmentación. En efecto, que el sistema educativo, ese amontonamiento de instituciones altamente diversas y heterogéneas, parezca cualquier cosa menos un “sistema”, no quiere decir que las dos esferas en las que se imbrica su desarrollo (la estatal y la privada) puedan ser comprendidas una independientemente de la otra. En este sentido, querer cambiar la escuela pública (estatal), sin reformar o transformar la escuela privada puede ser un objetivo democrático condenado al fracaso.
Algunos datos pueden ayudarnos a entender mejor el argumento que tratamos de exponer aquí.
1.  La expansión de la educación latinoamericana durante las últimas décadas fue producto de dos factores que se combinaron y complementaron: la acción gubernamental y el reconocimiento por parte de las familias de sectores populares del valor de la escolaridad como un modo de progreso y movilidad social. Los gobiernos actuaron y los sectores populares lucharon, defendiendo su derecho (o, por lo menos, su interés), a hacer de la escuela un espacio propio.
2.  Todos los niveles del sistema escolar crecieron en cobertura, pero dos de ellos marcados por el fuerte desarrollo de la oferta privada: la educación infantil y la educación superior. En los dos extremos del sistema, aunque mucho más en el extremo final, la presencia de instituciones privadas se destaca fuertemente. Chile y Perú tienen casi la mitad de la población estudiantil del nivel inicial en instituciones no estatales. Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana y Paraguay, entre el 40% y el 30%. Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, menos del 25%. En el nivel superior universitario, aunque con algunas asimetrías, la presencia de la oferta privada es muy significativa en toda la región. La excepción es Uruguay, donde más de 93% de la matrícula universitaria es estatal. En el otro extremo, Chile, donde toda la oferta de nivel superior es privada (una herencia de la dictadura militar que casi 25 años de vida democrática no ha podido revertir). Lo sigue Brasil, con 76% de los estudiantes del nivel superior en instituciones privadas; Nicaragua, con casi el 70% y Paraguay, con más del 67%. Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Perú poseen entre el 42% y el 62% de la matrícula en universidades privadas, mientras que Argentina, Bolivia, Honduras y México poseen menos del 34%. Vale destacar que los dos niveles que más tenderán a crecer en el futuro son, justamente, aquellos en los que el sector privado se ha posicionado más fuertemente.
3.  Con excepción una vez más de Chile, en todos los países de América Latina, las escuelas de nivel primario y medio son mayoritariamente públicas. Chile posee casi el 56% de su matrícula primaria en escuelas privadas, seguida por Argentina, con un poco más de 30%. El resto de los países poseen menos de 20% de los estudiantes del nivel primario en instituciones privadas, teniendo muchos de ellos una matrícula inferior al 10% (Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México). En el nivel medio, más de la mitad de los estudiantes chilenos asisten a un establecimiento privado, el 40% de los guatemaltecos y el 25% de los argentinos, situándose el resto de los países por debajo de esta proporción.
4.  Quizás parezca evidente que los sectores que estudian en las instituciones privadas son los de mayores ingresos y que lo hacen, fundamentalmente, en los grandes centros urbanos. Esto es así en los niveles inicial, primario y medio, pero no necesariamente en el nivel universitario donde, en algunos países, se invierte la tendencia y los estudiantes de menores ingresos, que pasaron toda su vida educativa anterior en instituciones estatales, cuando pueden ingresar el nivel superior, lo hacen a las universidades privadas. El caso paradigmático de esta tendencia es Brasil.
5.  Por la razón anterior, con excepción del sector universitario, los mayores niveles de abandono y rezago educativo se suelen concentrar en las escuelas estatales. Del mismo modo, en ellas se suelen concentrar los estudiantes que trabajan. En Argentina y Uruguay más de 35% de los estudiantes del nivel medio estatal poseen dos o más años de rezago, mientras que menos del 12% de los que estudian en establecimientos privados lo están. En Brasil, más del 46% de los estudiantes con más de 15 años que están en el nivel medio estatal, trabajan. En Paraguay, más del 47% y en Perú más del 43%. Los que trabajan y estudian en escuelas privadas son, respectivamente, 23%, 43% y 28%. Aunque la brecha entre los que estudian y trabajan en el sector estatal y privado de Paraguay es menor que en Brasil y Perú, en estos tres países, como se puede observar, es muy alto el número de estudiantes trabajadores que estudian de manera general en el nivel medio.
6.  También, aunque parezca obvio, las escuelas de gestión privada suelen ser más elitistas, meritocráticas y selectivas. Sin embargo, la lógica de la exclusión educativa atraviesa tanto las escuelas estatales como las privadas, haciendo de algunos establecimientos estatales verdaderas fábricas de exclusión y expulsión, basándose en criterios de calidad y excelencia que obligan a pensar la gran diferencia que puede existir entre una escuela estatal y una pública. En efecto, aunque el tema excede el análisis del presente post, es fundamental reconocer que el carácter excluyente y segregador de algunas instituciones educativas estatales las vuelve más antidemocráticas y elitistas que muchas escuelas privadas y, en este sentido, las hace carecer de todo sentido público.
Las dinámicas que caracterizan el desarrollo de la educación estatal y privada, en todos los niveles, están articuladas y se complementan de manera simbiótica. No es posible pensar una aislada de la otra.





LOS ESTATAL Y LO PRIVADO, PRODUCIENDO EXCLUSIÓN
Ciertas características que suelen atribuírsele al sector privado, deben ser comprendidas en articulación y formando parte de medidas o acciones originadas en el sector estatal o asociadas al mismo.
En Latinoamérica, como en buena parte del resto del mundo, la escuela pública es depositaria de una fuerte y muy contundente crítica contra su desempeño, considerado bajo e insuficiente; contra los docentes, su aparente mala formación y alto ausentismo; contra la indisciplina y la violencia que se vive en las aulas; contra su alejamiento de las demandas del mundo del trabajo, etc. La educación privada, aunque no recibe en contrapartida demasiados elogios, parece estar inmune a buena parte de los déficits que conforman el inventario de fracasos atribuidos a la escuela estatal. Las defensas de la escuela pública son descalificadas como siendo corporativas, interesadas y tendenciosas. Las descripciones positivas de la escuela privada, al menos en comparación con la estatal, suelen ser consideradas producto de la observación desinteresada de la realidad. Las noticias sobre educación que producen los periódicos y las de agencias de información son, casi siempre, pésimas noticias: huelgas docentes, mal funcionamiento del sistema escolar y rezago educativo del país con relación a otros. Todas esas pésimas noticias se dirigen invariablemente a la educación pública. Entre tanto, las pocas veces que se presentan buenas noticias desde el campo educativo, predominan los relatos de experiencias de escuelas privadas o iniciativas pedagógicas que se producen fuera del ámbito gubernamental o estatal. En cualquier país latinoamericano, es casi imposible prender la televisión y escuchar un elogio o reconocimiento a la escuela estatal.
No pretendo decir que haya demasiados motivos para festejar el estado actual de la educación pública latinoamericana, aunque tampoco veo motivos para festejar la buena salud de la educación privada. Por otro lado, lo que parece inexorable es que de tanto machacar contra la escuela pública, las familias de los sectores medios acaban pensando que constituye un serio riesgo mandar a sus hijos a una escuela estatal. Una gran diversidad de indicios, muchos de ellos sin ningún otro fundamento que el prejuicio, les dice a estas familias que la escuela privada es mejor. O que, al menos cuando pagan, se puede reclamar, exigir y recibir a cambio algo que la escuela pública niega a quienes asisten a ella por el simple hecho de ser gratuita. El desprestigio, la estigmatización y la humillación a la que se somete cotidianamente a la escuela pública es, en buena medida, una de las mejores formas de promover la expansión de la educación privada en América Latina.
Mandar nuestros hijos a la escuela es siempre una cuestión de opción. Y, en nuestros países, la asociación de la escuela pública con la improductividad y el desgano, con la incompetencia y el desinterés, se ha vuelto natural. Las clases medias no quieren que sus hijos se mezclen con los que transitan por la escuela pública. Quizás no sea que se sientan molestos por la diversidad de orígenes de los estudiantes. Seguramente, lo que más les molesta es la posibilidad del fracaso, el escarnio al que nuestra sociedad somete a los perdedores. Ir a la escuela pública significa correr el riesgo de ser un perdedor. Y, ya lo sabemos, a los que están en los niveles más altos de la pirámide social, les gusta ganar.
El prestigio de la escuela privada es, en este sentido, directamente proporcional al desprestigio que se imprime sobre una escuela pública que tiene a transformarse en la opción educativa de los pobre; en suma, una “opción” de aquellos a los que les queda otra alternativa.
Esto impone condiciones también cada vez más duras de competitividad entre las propias escuelas privadas. Después de todo, escuelas en la que es necesario pagar hay muchas y hay que elegir a cuál enviaremos nuestros niños y niñas si aspiramos a que ellos sean “triunfadores”. Así las cosas, el mercado de la educación privada se ha vuelto, en toda América Latina, cada vez más complejo, heterogéneo y dinámico. Comprar educación cuesta caro. Y comprar lo que se supone que es una “buena educación”, cuesta más caro aún.
Veamos algunos ejemplos de los países que poseen sus sistemas educativos más privatizados: Chile y Brasil.
En las ciudades de San Pablo y Río de Janeiro, en los barrios donde viven las familias de ingresos más altos, el costo de una escuela infantil oscila entre los 1.200 y los 850 dólares mensuales, sumando los costos de matrícula, entre 15.000 y 11.000 dólares anuales, por niño/a. Por lo tanto, una familia de ingresos altos o medio altos, en Río de Janeiro o San Pablo, antes de que uno de sus niños o niñas ingrese a la educación primaria, habrá gastado entre 60.000 y 44.000 dólares de mensualidades escolares. Sumando la matrícula anual, las tasas de materiales, las clases extras (inglés, danza o natación) y el transporte, entre los dos y los seis años de vida, un niño o niña que concurra a este tipo de escuela, deberá contar con un apoyo económico familiar que oscila entre los 75.000 o 60.000 dólares. Considerando que, en el año 2014, el ingreso medio de los brasileños fue de 1.052 reales (350 dólares), un brasileño medio debería destinar el ingreso de 250 meses de trabajo, o sea, 20 años de salarios completos, si quisiera pagar los cuatro primeros años de escolaridad de su hijo en algunas de estas escuelas.
Naturalmente, un brasileño medio no manda su hijo a una escuela infantil de los barrios más ricos de Río de Janeiro o San Pablo. El aumento en las tasas de escolaridad privada en el nivel inicial expresa que las mejoras que buena parte de la sociedad brasileña ha obtenido gracias a las políticas de inclusión social llevadas a cabo durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, permiten que sectores que antes tenían como única opción que sus hijos estudiaran en una escuela infantil pública, ahora los manden a una escuela infantil privada, con la expectativa de que sea mejor. Como no podrán pagar 75.000 dólares por ella, pagarán menos. Es en este sentido que el mismo sector privado de enseñanza, en todos los niveles, tiende también a segmentarse y diferenciarse cada vez más. El sistema escolar está atravesado por la desigualdad entre escuelas públicas y escuelas privadas y, al mismo tiempo, por una profunda desigualdad al interior de las redes públicas y privadas.
En Chile, la situación no es muy diferente. En el año 2014, 70% de los chilenos, tuvieron un ingreso mensual inferior a 630 dólares. Difícilmente podrían, con el fruto de todo su trabajo, pagar siquiera la cuota mensual de cualquiera de los colegios que, el año pasado, tuvieron un mejor desempeño en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y cuyos valores mensuales oscilan entre los 450 y los 850 dólares, además de las matrículas y cuotas de incorporación. Casi 85% de las mujeres chilenas no ganan en un mes, lo que cuesta la cuota del centro educativo mejor colocado en la PSU chilena, el Colegio Cordillera.
Las pruebas estandarizadas son así utilizadas como estrategia de valorización publicitaria por parte de las instituciones educativas en ambos países. Salir primero en el ranking de rendimiento atribuye a la escuela un gran reconocimiento y prestigio, generando un obvio atractivo hacia las familias, con evidentes beneficios comerciales. Una estrategia muy difundida en Brasil y Chile, los dos países cuyos sistemas escolares aplican mayor número de pruebas y, como hemos señalado, poseen el más alto grado de privatización de toda la región. (Considerando el conjunto de América Latina y el Caribe, el país que supera a Chile y Brasil en niveles de privatización es Haití, el más pobre de toda la región).
Las pruebas brindan información a los gestores públicos y también, obviamente, a los consumidores de educación, que pasan a usar los ranking como un indicador de excelencia. Resulta interesante que tanto en Chile como en Brasil, el buen desempeño de una escuela en las pruebas no sólo es un atractivo para el acceso al centro mejor posicionado, sino también es un indicador de calidad de la red o marca a la que pertenece la escuela. En efecto, en ambos países, aunque con mucho mayor desarrollo en Brasil, las escuelas funcionan como redes o sistemas de franquicias, algunas veces con intereses religiosos, otras meramente comerciales o ambos.
Por ejemplo, el Colegio Cordillera, mejor rankeado en la PSU de 2014, pertenece a la ultra conservadora Sociedad Educacional SEDUC, vinculada al Opus Dei, que administra 11 instituciones educativas en las ciudades de Santiago y Concepción. El buen desempeño en uno de los colegios del grupo, beneficia al resto.
La competencia entre los colegios chilenos se ha vuelto encarnizada. Se trata, nada más y nada menos, que de la lucha por la supervivencia. En el mercado educativo, como en cualquier mercado, los mejores triunfan y los peores tienden a desaparecer. Este proceso de selección natural de las escuelas, lleva a que ciertos establecimientos se vuelvan un pésimo negocio y amenacen llevar a la quiebra a sus “sostenedoras”. (Debo confesar que siempre me resulto un tanto cínico llamar “sostenedoras” a las empresas, sociedades o personas propietarias de escuelas. En rigor, suelen ser las escuelas las que las sostienen a ellas y no al revés. Deberían llamarse: “sostenidas”).
Lo cierto es que, en la encarnizada lucha por sobrevivir, la venta de escuelas completas y “llave en mano” (con alumnos, docentes, padres e infraestructura), se ha vuelto cada vez más habitual en Chile.
Brasil, por su parte, se ha transformado en el más desarrollado mercado de redes y franquicias escolares a nivel mundial. En el año 2014, la primera escuela en el ranking del Examen Nacional de la Enseñanza Media (ENEM) desarrollado por el Ministerio de Educación, ha sido el Colegio Integrado Objetivo.
La escuela pertenece a uno de los mayores conglomerados y franquicias educativas del mundo, actualmente con más de 400 mil alumnos en los niveles primario y medio y más de 500 mil en el nivel superior en las unidades de la Universidad Paulista (UNIP) con 27 campus, 28 facultades privadas asociadas y 600 polos de educación a distancia. Hay centenares de “Colegios Objetivo” por todo el país y decenas en las principales ciudades. Y los hay en el ranking del ENEM, en los primeros y en los últimos lugares.
El Grupo Objetivo parece haber descubierto la manera más eficaz de facturar beneficios con los resultados de la prueba de enseñanza media instituida por el gobierno brasileño. El Colegio Integrado Objetivo no es otra cosa que la suma de los mejores alumnos de diversos colegios del grupo. Además, su supone que nutre su alumnado de agresivos procesos de captación de los mejores estudiantes de otras escuelas, ofreciéndoles becas y otros beneficios. La institución de excelencia funciona en San Pablo, en la misma dirección del Colegio Objetivo de la Avenida Paulista, éste en la posición 569º del ranking de mejores escuelas medias. Se trata de una misma escuela, pero separada por dos identificadores fiscales diferentes. La ganadora es, en rigor, una ficción, un artificio que permite dotar de existencia autónoma a un grupo específico de alumnos con mejor rendimiento, dentro de una misma escuela. El periodista del periódico O Estado de São Paulo, Mateus Prado, sostiene: “la primera colocada en el ENEM NO es una escuela, es una artimaña jurídica que hace que los alumnos tengan sus notas computadas en dos listas diferentes. Una minoría que acierta muchas cuestiones va al identificador fiscal nuevo y queda en el primer lugar del ENEM. Todos los demás – la mayoría – quedan en el identificador fiscal antiguo y tiene resultados muy malos. Todos estudian en el mismo edificio, con los mismos profesores, con el mismo material, en el mismo horario, conviviendo en el mismo patio y en el mismo horario de intervalo. El resultado (1º o 569º) no es diferente por cualquier motivo pedagógico. Es diferente porque la escuela seleccionó quien quería que hiciera las pruebas para representar el nuevo identificador fiscal” (CNPJ, en Brasil).
En definitiva, un fraude.



El Colegio Ponto de Ensino, también una franquicia con varias unidades en la ciudad de Río de Janeiro, salió 3º en el ranking nacional de enseñanza media del año 2013 y 7º en el del 2014. Al mismo tiempo en que otras unidades de la empresa se distribuían entre las primeras 20 posiciones del ranking, el resto lo hacían en las posiciones 610º, 739º, 764º, 958º, 1010º, 1034º, 1549º y 2015º. Nuevamente, Mateus Prado afirma: “es obvio y ululante que esas escuelas fueron creadas solamente para aparecer entre las primeras colocadas en el ENEM. Mandan allí a quien acierta el mayor número de cuestiones entre sus centenas, o hasta miles de alumnos y crean la ilusión de poseen las mejores escuelas de Brasil”.
La experiencia brasileña también permite identificar cómo la búsqueda por las mejores posiciones en los ranking lleva a ciertas escuelas a generar procesos de expulsión de los peores alumnos (ya en los primeros años), evitando así el mal desempeño en las pruebas finales, donde la institución acaba expuesta públicamente. Por ejemplo, cinco de las diez “mejores” escuelas medias brasileñas, tienen un índice de permanencia, inferior al 20%. Esto es, de 10 alumnos que comienzan, sólo 2 concluyen y podrán así realizar la prueba. Considerando que entre las primeras colocas, algunas no existen como escuelas reales y el resto sale bien posicionada porque excluye progresivamente a los malos alumnos, el ranking se revela como un elemento que oscurece, mucho más que aclara, cuáles son las buenas escuelas brasileñas. En rigor, es verdad, el ranking muestra cómo funciona el sistema, atravesado por el abuso, por la mentira o por la crueldad de gran parte de las supuestas mejores escuelas del país.
No menos cierto podría ser el argumento que indica que estas pruebas y sus ranking ponen al descubierto este tipo de fraudes. El gran problema es que estas estafas comerciales y morales (expulsar a 80% de jóvenes de una escuela para salir mejor posicionado, no deja de ser un práctica brutal que contradice los fundamentos éticos de la educación como un derecho humano), acaban siendo motivo de notas como la que estoy escribiendo ahora, o de discusiones académicas, a las que tendrán acceso seguramente mucha gente, pero no los padres y las madres que desesperadamente buscan las mejores escuelas para sus hijos. Lo que verán estas familias es un ranking donde lo que se destacan son marcas. Y lo que seguramente querrán, es que su hijo estudie en una escuela en la que la marca lo ayude a triunfar en la vida. Si no le queda alternativa, estudiará en la que está en el puesto 2015º y no en el 3º o en el 7º, aunque quizás esto no importe demasiado al fin de cuentas. Las escuelas se llaman igual.
Tanto en Chile como en Brasil, la educación privada se ha transformado en un inmenso negocio. Si bien en el caso chileno se combinan los intereses ideológicos y morales de grupos ultraconservadores, como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, en ambos países, los intereses comerciales y las prácticas competitivas, muchas veces desleales, acaban contaminando todo el sistema escolar e imponiendo prácticas que se derraman hacia abajo. Se trata de un modelo que hay que seguir, según parece, si lo que se quiere es tener éxito.
Así las cosas, una política gubernamental orientada aparentemente a generar más y mejor información sobre el desempeño del sistema escolar, acaba transformada en un simple ranking, en un arma publicitaria que, asociada al fraude, permite engañar a los incautos y generar grandes ganancias en un mercado cada vez más competitivo y, ¿será por esto?, menos ético.
No deja de ser de alguna forma frustrante que este darwinismo pedagógico, en Brasil, el mercado lo haya aprendido del mismo sector público. En efecto, antes de la existencia de las pruebas nacionales de rendimiento, la forma de reconocer la calidad de una escuela era el porcentaje de alumnos que pasaban en las respectivas pruebas de admisión de las principales universidades. El reinado casi absoluto, lo ejercían algunos colegios públicos vinculados a las mismas universidades nacionales, cuyos alumnos, gracias a su desempeño, conseguían pasar las pruebas de admisión. Lo que ocurría allí era que, en algunas de estas escuelas, en tres o cuatro años, las grupos se reducían de 30 a 12 alumnos. Así, discriminando, expulsando, humillando a los supuestamente peores, las escuelas universitarias, los colegios de aplicación o las instituciones de enseñanza primaria y media dependientes del Ministerio de Educación, lograban una excelente proporción entre el número de concluyentes y el número de ingresantes a la educación superior.
Aquí, como en muchos otros campos, las malas prácticas empresariales se aprenden en el seno de la institución que debería, al menos teóricamente, defender el interés común. Los estados discriminan, los mercados también. Y lo hacen con una eficacia, una impunidad y una crueldad que no debemos ahorrar maneras de explicar y denunciar.
Las fronteras entre lo estatal y lo privado se confunden en muchos ámbitos de la vida social, particularmente, en sistemas educativos que asumen la lógica y las dinámicas de mercados, o quasi-mercados como los definen técnicamente algunos autores, donde la competencia encarnizada por el éxito multiplica fracasos y reproduce injusticias.
Regular, controlar, fiscalizar e intervenir en un mercado educativo estatal y privado que pone en riesgo los importantes avances regionales en la expansión del derecho a la educación de millones de niños, niñas y jóvenes latinoamericanos, es una condición necesaria para contribuir con la defensa de una escuela pública de calidad para todos. Sé que con esto no es suficiente, pero será fundamental que no dejemos de hacerlo.

Río de Janeiro, 10 de agosto de 2015

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Escuelas públicas y privadas: desafíos ante la expansión educativa - Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, SITEAL, IIPE/UNESCO/OEI. 2011.
Cobertura relativa de la educación pública y privada en América Latina - Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, SITEAL, IIPE/UNESCO/OEI. 2013.

FUENTE: Contrapuntos

MAS DE 700 MUERTOS EN ESTAMPIDA HUMANA EN LA MECA....INSOLITO

 MAS DE 2 MILLONES DE PERSONAS VAN HASTA LA MECA....EL HOGAR DEL ISLAM....E ELPROFETA MAHOMA.....POR LO MENOS UNA VEZ A LA VIDA....TODO MUSULMAN DEBE IR..DE O CONTRARIO..SE LO LLEVA EL DIABLO.....PRECISAMENTE...ESTABAN EN EL ACTO DE LAPIDACION PARA EXPULSAR A SATANAS....Y SE CONGREGARON CON OTRA MAS DE GENTE....ESO PROVOCO UNA ESTAMPIDA MORTAL...!!








NO CREO EN LA OLIGARQUIA COLOMBIANA...GUARDEN BIEN SUS FUSILES..FARC


 CUIDADO......SANTOS FUE EL MINISTRO DE LA DEFENSA QUE ATACO EN EL ECUADOR....UNA BASE GUERRILLERA A MEDIA NOCHE Y TODOS DURMIENDO......Y ASESINO A EL COMANDANTE.. RAUL REYES.....!!


martes, 22 de septiembre de 2015

IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN MAESTRO-NÚMERO DE ALUMNOS




FECODE - Colombia

El mismo Ministerio de Educación ha querido dar a entender que no hay ningún problema por la cantidad de estudiantes en el aula, es decir, que no hay diferencia en si un maestro enseña a un grupo de 25 o 45 alumnos. Es mentira, la relación técnica alumno-docente sí incide en el proceso de aprendizaje.

La razón fundamental es que para un maestro no es lo mismo trabajar con grupos de 40 o 45 estudiantes, como sucede en los colegios de Colombia, que con 20 o 15, como ocurre en los países desarrollados. En este último caso, el docente puede realizar un trabajo práctico y teórico con los estudiantes, desarrollar proyectos y hacer seguimiento, cuando el grupo es de más de 20 personas es muy difícil adelantar estas tareas.

Las relaciones técnicas se encuentran contenidas en el Decreto 3020 de 2002, donde Fecode participó en la discusión que dio como resultado esta normativa con el fin de establecer parámetros adecuados que deberían respetarse en las aulas para asegurar un proceso de aprendizaje con calidad.

Esa teoría que desprecia la relación técnica viene desde el Banco Mundial y se relaciona con el tema fiscal, que consiste en ajustar docentes al número de estudiantes según el presupuesto. Esto impide al maestro la posibilidad de ejercer el liderazgo. Por ejemplo, en una clase de 55 o 60 minutos o incluso en bloques, aun cuando trabajen en grupo, resulta demasiado complicado hacer evaluación individual al trabajo académico de cada estudiante, y aún más difícil adelantar retroalimentación. Así el docente quiera estar pendiente de todos en su proceso de aprendizaje no lo puede hacer, se ve obligado, entonces, a enfocarse en quienes tienen más o menos problemas; se le dificulta establecer una relación equitativa con los estudiantes.

Colombia toma como ejemplo en los resultados de las pruebas PISA a Cuba y Finlandia, cuando ellos tienen profesores especializados que dedican tiempo personal a sus alumnos de forma individual, es más, cuentan con auxiliares que les colaboran en algunas temáticas.

En cambio, el sistema colombiano obliga al maestro a enfocarse o en lo convivencial o lo académico; y por prestar atención a las dos cosas al tiempo, muchos docentes terminan en consultas psicológicas por estrés o con problemas de salud, en la voz, la columna o los músculos.

Entonces sí, la calidad de la educación está determinada por el número de estudiantes y, en nuestro país, el Ministerio de Educación adopta políticas que, al promover el hacinamiento en las aulas, van en contra del aprendizaje de los niños y niñas.


FUENTE: FECODE

EL VERDADERO SENTIDO DE LA EVALUACIÓN EN CLASE



FECODE - Colombia

Las políticas del gobierno nacional agenciadas por el Ministerio de Educación, por directrices desde el gobierno nacional, pretende evaluar prácticamente todo, y promueve que los estudiantes estudien para ganar el examen. Esta tendencia le ha dado un significado a la evaluación en clase casi banal y va directamente en contravía del verdadero sentido de la educación.

La evaluación en el aula debe ser planteada desde los contenidos y los objetivos del currículo de área. Tiene que ser procesual, lo cual implica que a partir de los objetivos determinados y el trabajo en clase se haga seguimiento a los procesos de conocimiento de los estudiantes. La reglamentación sobre la evaluación en clase está contenida en el Decreto 1290 de 2009, parte en el artículo 1º. “de las evaluaciones externas”, las cuales prioriza y eso está reforzando el actual gobierno. Sin embargo, no puede estar descontextualizada, sino relacionada con los contenidos, los objetivos y las temáticas, definidos por los maestros en el currículo y desarrollados en las clases a partir de proyectos individuales o grupales.

El peor error que puede cometerse es direccionar la evaluación como una técnica instrumental donde los estudiantes pasan o no pasan. Además, no se trata de evaluar únicamente el aprendizaje cognitivo, está lo convivencial, la formación integral. El comportamiento del alumno en el aula es un proceso de formación que también tiene lugar en la escuela. Áreas como la Educación Física o la ética inciden en el desarrollo de una personalidad integral, puesto que sus resultados tienen influencia transversal.

En este sentido, la evaluación debe abordar todas las dimensiones que se plantean en el proceso educativo en dirección de los componentes académicos y su única función es la formación integral de los estudiantes, teniendo en cuenta especificidades de acuerdo a los contenidos ya planteados.


FUENTE: FECODE

SUTE XVI EDUCANDO TAMBIÉN ESTA LUCHANDO(COMO PARTE DE LA LUCHA IDEOLOGICA)


José Barletti

En el quehacer histórico hay dos tareas de primera importancia. Una, la primera, es afinar el relato y la otra es explicar lo que sucedió.

Hace pocos días se ha presentado en Iquitos la reedición de la novela histórica escrita por Pablo Carmelo Montalván, quien vivió los acontecimientos y por eso escribe con el corazón en la mano. Esta obra ayuda a afinar el relato.

En la historia de los pueblos siempre existe el riesgo de congelar los acontecimientos, descolgándolos de su contexto, de lo que aconteció antes y de lo que tuvo lugar después.

Es el contexto lo que permite explicar el acontecimiento, responder a la pregunta de por qué se produjo el acontecimiento. En la construcción del contexto histórico un primer paso es la cronología, el ordenamiento de todo lo que pasó antes y lo que sucedió después.

Al conmemorarse el 83 aniversario de la Toma de Leticia van unos apuntes para la cronología que vengo borroneando desde hace 40 años. Es tarea pendiente consensuar una Cronología de la Guerra de Leticia que nos permita una mirada de conjunto en la perspectiva de la “larga duración” y constatar, como lo insinúa Basadre, que Estado Unidos fue el artífice de la entrega de Leticia a Colombia.

1822: agosto
Simón Bolívar escribe al General Santander manifestándole que "Maynas pertenece al Perú por una Real Orden muy moderna". Se refería a la Real Cédula que 20 años atrás, el 15 de julio de 1802, había firmado Carlos IV, por la que el monarca español “segregaba” (separaba) Maynas del Virreinato de Nueva Granada con capital en Santa Fe de Bogotá y la “agregaba” al Virreinato del Perú con capital en Lima. Sin embargo, a pesar de saber que Maynas le pertenecía al Perú, poco después, en 1829, Bolívar nos hizo la Guerra reclamando Maynas para la Gran Colombia.

1903: 3 de noviembre
Panamá se convierte en país independiente separándose de Colombia. Los independentistas contaron con el apoyo de Estados Unidos a través de su agente Bunau-Varilla. Estaba de por medio el control del Canal de Panamá que no había terminado de construirse. Para ello firmó un tratado con el nuevo país por el cual recibía una franja de terreno a ambos lados del canal que pasó a denominarse “Zona del Canal! (Canl Zone). Varios países reconocieron al nuevo país, pero no lo hizo Colombia. A Estados Unidos le interesaba mucho que Colombia reconociera la Independencia de Panamá.

1904: mayo
Se firman dos convenios entre Perú y Colombia: Acuerdan someterse a la decisión del Rey de España y un “modus vivendi” mediante el cual se establece una zona de “statu quo” entre los ríos Napo y Caquetá.

1904: 6 de agosto
La Cancillería colombiana considera inaceptables ambos convenios.

1905
Se firmaron nuevamente convenios entre Perú y Colombia para encargar el arbitraje al Papa y otro “modus vivendi” que señaló al Río Putumayo como límite provisional. Tampoco se ejecutaron por oposición del Congreso peruano.

1906: 6 de julio
Perú y Colombia firman un convenio provisional acordando mantener el “statu quo” en los territorios litigiosos y retirar de allí a las autoridades.

1909
El presidente colombiano Rafael Reyes intentó llegar a un acuerdo con Estados Unidos reconociendo la independencia de Panamá, pero el pueblo colombiano se sublevó sacándolo del gobierno.

1909: 21 de abril
Perú y Colombia firman una Convención  mediante la cual constituyen una Comisión Internacional que debería investigar los incidentes en el Río Yubineto, afluente del Putumayo.

1910: 31 de abril
Perú y Colombia firman un Convenio modificando el del 21 de abril de 1909. Se establece que la Comisión Internacional estaría integrada también por el Canciller del Brasil, quien la presidiría. Se preveía que, en caso de no aceptar éste, se acudiría a los embajadores de Gran Bretaña o de Alemania acreditados en Río de Janeiro. Nada de esto se ejecutó y los incidentes del Río Yubineto no se investigaron.

1911: 10 -12 de julio
La Fuerza Armada peruana desaloja a una tropa colombiana que había cruzado el Río Caquetá pretendiendo instalarse en la margen derecha que era claramente territorio peruano. Se trata del Combate de la Pedrera.

1913
Ante la inminente inauguración del Canal, Estados Unidos intenta llegar a un acuerdo con Colombia para que reconozca la Independencia de Panamá,. El Presidente Restrepo rechazó la propuesta norteamericana.

1914: 6 de abril
Colombia consigue firmar un tratado con Estados Unidos por el cual se compromete a reconocer la independencia de Panamá a cambio de recibir varias compensaciones, incluidos 25 millones de dólares. Sin embargo, pasaron los años y Colombia no reconoció la Independencia de Panamá. 

1916
Ecuador y Colombia firman un Tratado por el cual definen los límites de su frontera común a partir de la desembocadura del río San Miguel en el Putumayo, por el divorcio de aguas entre el Putumayo y el Napo, hasta el origen del río Ambiyacú, y por el curso de éste hasta su desembocadura en el Amazonas, por donde continuaría la línea fronteriza hasta los límites con el Brasil.

1921
Colombia y Estados Unidos modifican el tratado de 1914. Es posible que haya habido acuerdos que no quedaron escritos, como la intervención de Estados Unidos ante el gobierno de Leguía para que entregue a Colombia los territorios que le permitirían tener soberanía en el Río Amazonas.

1922: 24 de marzo
Se firma en Lima el Tratado secreto entre nuestro Ministro de Relaciones Exteriores Alberto Salomón y el embajador plenipotenciario colombiano Fabio Lozano. El Estado peruano entrega a Colombia la décima parte de nuestro territorio nacional, incluída la ciudad de Leticia, llegando a ser el tercer país a orillas del Amazonas. Hasta ese momento el Monarca de los Ríos solamente pertenecía a Brasil y Perú.

1922: 11 de setiembre
En Lima, el embajador colombiano Fabio Lozano escribe al Ministro Alberto Salomón presionándolo para que envíe el Tratado al Congreso para su aprobación.

1923: 20 de marzo
En Lima, Lozano insiste ante Salomón para que envíe el Tratado al Congreso.

1923: 29 de noviembre
Nuevamente presiona Lozano a Salomón para que envíe el Tratado al Congreso.

1924: 20 de agosto
Colombia, satisfecha con todo lo conseguido hasta ese momento, firma con Panamá el Tratado Vélez-Victoria por el cual reconoce su independencia. Había vendido muy caro este reconocimiento. A cambio de esta firma había conseguido estar a orillas del Amazonas. 

1924:
Brasil se entera de la existencia del Tratado Slomón-Lozano y envía un memorando de protesta al Perú por haber firmado, a sus espaldas, un tratado secreto con Colombia modificándole la frontera. De esta manera se hace pública la existencia del Tratado. Por su parte, Ecuador reclama a Colombia por haber hecho un tratado con Perú en territorios que habían sido acordados por los dos países pocos años antes, en 1916.

1924: segundo semestre
Protestas en Iquitos y en Lima rechazando el Tratado.

1925: 4 de marzo
En Washington, Estados Unidos hace que Brasil acepte la nueva frontera con Colombia. Había llamado a Perú, Colombia, Brasil y Ecuador. Este último no aceptó ir a la llamada “Conferencia de Washington”.

1925: 18 de marzo
En Lima, insiste Lozano ante Salomón para que envíe el Tratado al Congreso peruano, aduciendo que está de por medio lo que acababan de acordar en Washington.

1925: 21 de marzo
Salomón se disculpa ante Lozano argumentando que está a la espera del Acta firmada en Washington.

1925: 28 de octubre
Carta de Lozano a César Elguera (nuevo Ministro de Relaciones Exteriores del Perú): le informa que el Congreso colombiano ya aprobó el Tratado.

1927: 18 de enero
Carta de Lozano a Pedro Rada y Gamio (nuevo Ministro de Relaciones Exteriores del Perú): Insiste en que el Congreso peruano apruebe el Tratado.

1927: 22 de enero
Carta de Rada y Gamio a Lozano: Argumenta que no se puede avanzar en la aprobación del Tratado porque está de por medio el litigio con Chile.

1927
Continúan las protestas contra el Tratado en Caballo Coca, Iquitos, Lima y otros lugares del Perú.

1927: 20 de diciembre
Aprobación del Tratado Salomón Lozano por el Congreso peruano. (102 a favor y 7 en contra).

1928: 30 de marzo
Carta de Rada y Gamio a Lozano: Le informa que el coronel Roberto López será el jefe de la Comisión Demarcadora (por el Perú).

1928: 19 de mayo
Carta de Lozano a Rada y Gamio: Le informa que Darío Rozo será el jefe de la Comisión Demarcadora (por Colombia).

1928: 29 de mayo
Fue inscrito el Tratado Salomón-Lozano en la Sociedad de Naciones (antecesor de la ONU).

1928: 19 de setiembre
Se firma en Masisea el Acta de instalación de la Comisión Mixta Demarcadora Peruano-Colombiana. Decidieron hacerlo allí, en el Río Ucayali, al sur de Pucallpa que era entonces un poblado pequeño, y no en Iquitos, en previsión de acciones populares de oposición a la presencia de militares colombianos.

1928: 15 de octubre
Se firma en Iquitos el Acta de las Actividades de la Comisión Mixta Demarcadora. La población de Iquitos no protestó. Parece que la aprobación del Tratado por el Congreso, el año anterior, hubiera tenido como consecuencia un sentimiento de derrota, de resignación ante los hechos consumados. Sentimiento de que todo estaba perdido. Eran tiempos en que se daba mucho valor a las leyes a los actos formales. Si el Congreso ya había aprobado el Tratado ya no había nada que hacer. A partir de esta fecha todos los actos formales de ejecución del Tratado tuvieron como epicentro la ciudad de Iquitos, cuya población se acostumbró a la presencia de militares y funcionarios colombianos, como se verá a continuación.

1929: 6 de febrero
Se firma en Iquitos el Acta de la Sesión de la Comisión Mixta Demarcadora. Se tratan temas como el del Aguarico y el Yaguas.

1929: 9 de octubre
Carta de Rada y Gamio a Lozano. Le hace saber la posición peruana sobre la demarcación en las cabeceras de los ríos Atacuari y Yaguas, al haberse producido discrepancias entre los miembros de la Comisión Mixta Demarcadora.

1929: 15 de octubre
Carta de Lozano a Rada y Gamio: Posición colombiana sobre el asunto del Atacuari y el Yaguas.

1929: 11 de noviembre
Se firma en Iquitos el Acta de la Sesión de la Comisión Mixta Demarcadora.

1930: 12 de marzo
Se firma en Iquitos el acta de la sesión de la Comisión Mixta Demarcadora.

1930: 31 de julio
Se firma en Iquitos el ACTA FINAL de la Comisión Mixta Demarcadora.

1930: 17 de agosto
En la ciudad de Leticia la Comisión Mixta Demarcadora lleva a cabo el acto final del drama: Se arría la bandera peruana, se iza la bandera colombiana, sale la tropa peruana e ingresa la tropa colombiana.

1930: 22 de agosto
En Arequipa, Sánchez Cerro da el golpe de estado contra Leguía.

1932: marzo
Pasa por Iquitos, con destino a Lima, la carta firmada por personas de Caballo Cocha y de Leticia dirigida al Presidente y al Congreso pidiendo que Leticia retorne al Perú: “Hemos sido entregados a Colombia como si fuéramos sajinos o céticos …aquí están enterrados los huesos de nuestros antepasados…”.

Se conforma en Iquitos la Junta Patriótica de Loreto. Deciden organizar la captura de Leticia.

1932: 1 de setiembre
TOMA DE LETICIA; Es dirigida por la Junta Patriótica de Loreto y ejecutada por 48 loretanos al mando de Juan Francisco La Rosa.

1932: setiembre
En la Sociedad de Naciones (también denominada Liga de Naciones), en Ginebra, Suiza, el representante colombiano denunció al Estado peruano por lo sucedido en Leticia. El representante peruano, Francisco García Calderón, desmintió tal acusación señalando que lo acontecido había sido obra del pueblo de Loreto. Ante tal respuesta el gobierno de Colombia anunció que iba a solucionar el asunto como un “problema de orden interno”

1932: Desde setiembre
La Fuerza Armada peruana recibe instrucciones del presidente Sánchez Cerro de apoyar a los ocupantes de Leticia. 

1932: 28 de diciembre
El Gobierno colombiano dispone que los cañoneros “Pichincha” y “Boyacá” se establezcan en Belem do Pará, en la boca del Amazonas, para estar lista ante cualquier eventualidad.  

Ingresa por la boca del Amazonas la flota colombiana, al mando del general Alfredo Vásquez Cobo, apoyada por aviones piloteados por mercenarios alemanes,.

1933: 14 de febrero
Encuentro armado en Tarapacá (boca del Río Cotuhé en el Putumayo).

1933: 26 de marzo
Combate de Gueppí.

1933: 15 de abril
Sorpresa de Calderón en el Putumayo: Una patrulla peruana ataca a la marinería colombiana desde la orilla peruana, ocasionando la desmoralización de sus tropas.

1933: 30 de abril
Es asesinado el presidente Sánchez Cerro en Lima, en el hipódromo, quien estaba pasando revista a los 20.000 soldados reservistas que partirían para el frente amazónico. Le sucede el general Oscar Benavides.

1933: 15 de mayo
Alfonso López Pumarejo, representando al gobierno de Colombia, se reúne en Lima con Benavides y se ponen de acuerdo para poner fin a la guerra. Cuando vivió en Francia se hizo del embajador colombiano Alfonso López Pumarejo.

1933: junio
Levantamiento liderado por el Teniente Hildebrando Tejedo Monteza en protesta por haberse parado la guerra.

1934: 19 de junio
Perú y Colombia firman el Tratado de Río de Janeiro por el que deciden que Leticia retornará a Colombia. Una comisión de la Sociedad de Nacional llegó a Leticia para hacer cumplir esta decisión.









¿QUÉ CAMBIOS HAY QUE LLEVAR A CABO EN EL PERÚ PARA QUE LAS FUTURAS RELACIONES CON COLOMBIA SEAN SIMÉTRICAS?

Al cabo de 83 años, Leticia y Tabatinga constituyen hoy una ciudad bi-estatal. Una calle, Marco, las divide, pero en la práctica el tránsito hacia uno y otro lado es completamente libre para todos y todas, incluidos los visitantes peruanos.

Leticia-Tabatinga es cada vez más pujante. Leticia tiene una magnífica biblioteca pública. Es posible que, dentro de unas décadas, haya una semejante en Iquitos.

Esta urbe bi-estatal tiene vinculación terrestre hacia sus respectivos territorios nacionales.

Los peruanos que llegamos a Leticia-Tabatinga somos allí extranjeros. Sin embargo nuestra ciudad de Leticia comenzó a construirse al mismo tiempo que Iquitos, en los años de 1860.

Hacía poco tiempo que había llegado nuestra Marina de Guerra a Iquitos y su jefe, Federico Alzamora, tomó la iniciativa de construir un fuerte en el Amazonas, al lado de Tabatinga, en la frontera con Brasil. En enero de 1867 Alzamora  había informado al gobierno de Lima que los brasileros estaban montando cañones en el viejo fuerte de Tabatinga. A su solicitud, el gobernador Benigno Bustamante hizo desmontar un terreno y erigir un rústico tambo en la quebrada San Antonio, que señalaba el límite entre Perú y Brasil. Entre tanto, el ingeniero Maximiliano Siebert y el ingeniero naval Luis Sandi seleccionaban el lugar donde se emplazaría el fuerte. En octubre el ingeniero Manuel Charón llegó desde Iquitos y llevó a cabo el reconocimiento de los alrededores de San Antonio. Charón rechazó el lugar previamente seleccionado y eligió otro en la parte alta de un elevado risco, 1.25 millas aguas arriba. En esta elevación que domina la estrecha curva que hace el río en este punto, se montarían los cañones. Charón comenzó a desmontar el terreno dejando una franja de una milla a lo largo del río. Para facilitar su trabajo, el gobierno de Lima nombró a Charón capitán de puerto de San Antonio, en adición a sus funciones de ingeniero en jefe. En diez meses ya había construido barracas, un almacén para provisiones, una oficina para la capitanía y viviendas para él y otros oficiales. Dos comerciantes y varias familias habían formado el núcleo del pueblo. El 20 de noviembre de 1867 llegó de Iquitos una comisión de la Marina y conversaron sobre el nombre que se daría al lugar.

Desde que se iniciaron sus trabajos, Charón se había referido al lugar comopuerto Leticia. Sus compañeros y colegas estuvieron de acuerdo con su elección y Charón comunicó la decisión a Alzamora para que él, a su vez, solicite su ratificación en Lima. El nombre no fue aprobado en la capital. “El nombre de Leticia”, le escribió el Director de Marina, “no tiene ningún significado”. Ordenó que el puesto fuera llamado Ramón Castilla. Sin embargo, en su correspondencia Charón continuó refiriéndose al lugar como puerto Leticia. Poco después, el 15 de  mayo de 1868, un decreto presidencial le dio el nombre oficial de Ramón Castilla. Con mucha osadía, Charón confrontó al Presidente sobre el tema. El fuerte se llamaría Ramón Castilla, pero el poblado contiguo se llamaría Leticia. Argumentaba Charón que no se trataba de un nombre insignificante porque ha sido elegido para honrar la “gloriosa hazaña” de los paraguayos  en la guerra que en ese momento libraban  contra la Triple Alianza, formada por Brasil, Argentina y Uruguay, una lucha en la que el Perú simpatizaba con Paraguay. “La más notable” de esas heroicas acciones, aseguraba el ingeniero Charón, había sido “la defensa de un fuerte que llevaba el nombre de Leticia”. Por supuesto no había un fuerte en Paraguay o en cualquier otro lugar llamado Leticia. Quien existía era la hermosa Leticia que vivía en Iquitos, de quien Charón estaba perdidamente enamorado.

En las décadas siguientes el nombre de Leticia se impuso sobre el de Ramón Castilla y la ciudad se convirtió en capital de un gran distrito que llevaba el mismo nombre.

Hace ocho décadas que nuestra Leticia ya no nos pertenece.

Al frente de Leticia-Tabatinga el Perú tiene en la insignificante Santa Rosa su puesto fronterizo donde funciona la aduana y la Policía.

A lo largo del Monarca de los ríos grandes ciudades se fortalecen en vista al futuro: Belem do Para en su desembocadura en el Atlántico, Santarem en la boca del Tapajoz, Manaos en la boca del Río Negro, Leticia-Tabatinga frente a la boca del Río Yavarí e Iquitos cerca de su nacimiento.

En torno a Leticia-Tabatinga circula el peso colombiano o el Real brasilero. El sol peruano no tiene ninguna importancia. La economía del Yavarí está totalmente subordinada a Brasil, así como la de nuestra mediterránea Caballo Cocha y la de la orilla sur del Amazonas que media hasta Santa Rosa.

Algo semejante sucede en el Río Putumayo, donde Colombia tiene la hegemonía económica y cultural. El Estrecho es nuestra capital provincial nominal, incomunicada del territorio nacional por vía terrestre. En cambio, el Putumayo colombiano tiene comunicación intermodal con el Amazonas y con Bogotá. Con el Amazonas a través de la carretera Tarapacá-Leticia y con Bogotá a través de la carretera que parte de Puerto Asís a orillas del Putumayo.

La presencia de Colombia en la frontera con Perú no es más fuerte debido a la guerra interna. Cuando ésta pronto termine, tendrá libre el camino para afirmarse desde el Caquetá hasta el Amazonas. Ciudades como Florencia en el Caquetá, Puerto Asís y Leguízamo en el Putumayo, Tarapacá al inicio de la carretera y Leticia a orillas del Amazonas, constituirán una fluida red de progreso. La asimetría  en las relaciones con Perú se profundizará.

Darío Fajardo, destacado geógrafo colombiano, dice que los problemas de frontera se presentan cuando están de por medio “sociedades en expansión” y no cabe duda alguna de que Colombia es una “sociedad en expansión”.

Dentro de unas décadas, cuando después de la forja de partidos iniciemos el camino de una sólida vida democrática, comenzaremos a dejar de ser “un puñado de desconcertadas gentes que no sabemos adónde ir”. Entonces podremos diseñar nuestros objetivos nacionales. Uno de ellos será hacer de Caballo Cocha una ciudad articuladora de todo nuestro territorio fronterizo en el Amazonas. El Yavarí peruano habrá salido de su aislamiento por la carretera que se inicia en Palo Seco y Caballo Cocha tendrá la carretera que llegará a su ciudad portuaria en Chimbote a orillas del Amazonas. La gran producción de peces pequeños para forraje permitirá la producción de paiches y grandes zúngaros. También la producción de pequeños peces servirá para hacer harina de pescado para la crianza de aves y de porcinos. Nuestro fino chocolate y otros productos made in Perú tendrán a Leticia-Tabatinga como mercado cautivo. Será una nueva manera de estar presente en esta parte tan importante del planeta.

En esta perspectiva, el Pueblo Ticuna que es triestatal (está en Brasil, Colombia y Perú) se afirmará en su cultura.

Mientras tanto, la carretera o ferrocarril que saque del aislamiento a nuestro Putumayo permitirá encarar los retos de darle valor agregado a los recursos transformándolos antes de transportarlos.

Cuando en el quehacer histórico, al identificar las tendencias, se percibe que éstas son inconvenientes, no queda otro camino que torcer el curso de la historia. Sin embargo, construir el futuro exige primero imaginarlo.   

Iquitos, 01 de setiembre de 2015