EL PAPEL POLITICO DE LA CONFIEP

Por: Manuel Guerra

Cada cierto tiempo el cenáculo de empresarios agrupados en la CONFIEP hace saber a la opinión pública lo que ellos consideran se debe o no se debe hacer en el país. Marcan de este modo la pauta por donde se deben encaminar las decisiones en materia económica, política y social, lo que se convierte en una suerte de mandato bíblico para los gobiernos de turno.

A los empresarios de la CONFIEP no les preocupa realmente el desarrollo del país, menos lo que quieren y piensan las grandes mayorías, les preocupa únicamente sus intereses privados y de los grandes capitales transnacionales a los que están asociados o subordinados. Pero eso lo enmascaran y pretenden hacerlos pasar como si se tratara de los intereses públicos y nacionales.

La burguesía peruana tiene un mal de origen: nació amamantada por el capital foráneo, lo que le otorga su naturaleza apátrida. Intermediaria de los grandes capitales transnacionales no tiene vocación de un desarrollo independiente que contemple el fortalecimiento del aparato productivo, la expansión del mercado interno, la descentralización, la conquista de la soberanía, la democracia efectiva. Se desempeña más bien como cómplice del saqueo de nuestra economía, de la depredación de los recursos naturales, voluntariosa operadora de los grandes agiotistas que esquilman los bolsillos de los peruanos, rabiosa promotora de la mano dura cuando se trata de aplacar y reprimir a las demandas populares.

La CONFIEP se irroga un papel político que les niega a los trabajadores. Cuando éstos luchan por sus demandas se trata de la acción de agitadores políticos, de la manipulación de izquierdistas, comunistas, chavistas, que lo único que quieren es desestabilizar al país. Cuando la CONFIEP interviene groseramente en el ámbito político financiando campañas, usando los medios de comunicación para promover o destruir la imagen de personajes públicos, cuando saca a luz sus solemnes comunicados para defender sus sagrados intereses, se trata de lo que le conviene al país y a la gente, y todos deben aplaudir agradecidos.

Es sabido que la CONFIEP, en términos políticos, ha sostenido a los sectores más conservadores y reaccionarios, sin hacerle asco a dictaduras sangrientas y corruptas. Su divisa es que el lucro está por encima de la ética, la democracia, el interés nacional. Fue una aliada fiel del fujimorismo, a cuyo amparo connotados empresarios hicieron grandes negocios, muchos de ellos sustentados en prácticas corruptas, como consta en los “vladivideos”. Por ello aplaudieron el golpe del 5 de abril y la ilegal Constitución del 93. Cuando el fujimorismo entró en crisis trabajaron – y así lo hicieron saber al país- para que los gobiernos subsiguientes no abandonaran la senda del neoliberalismo, modelo que a través de las privatizaciones, el blindaje legal y jurídico para garantizar el saqueo del país, les permitió hacer malolientes pero lucrativos negocios, con la ventaja de despojar sus derechos a los trabajadores y permitir una brutal sobreexplotación de la mano de obra.

Cuando en la última campaña electoral la candidatura de Ollanta Humala sostenida por los sectores populares amenazó con disputar su acceso al gobierno, la CONFIEP se embarcó en una guerra sucia para cerrarle el paso al líder nacionalista, conforme lo había hecho en la campaña anterior para favorecer a Lourdes Flores y, finalmente, a Alan García. Esta vez barajó varias alternativas en primera vuelta, pero cuando en la segunda vuelta se enfrentaron Ollanta Humala y Keiko Fujimori, no dudaron ni un instante en respaldar a esta última.

El triunfo de Humala le preocupó a la CONFIEP y a las grandes corporaciones con intereses en Perú, pero no tanto. Sobre la marcha pusieron en acción su plan B, consistente en cercar y presionar al mandatario electo a efectos de encarrilarlo sobre los rieles del continuismo neoliberal, al fin y al cabo ya habían hecho lo propio con Alberto Fujimori. Su decisión lo hizo saber la CONFIEP en un comunicado publicado en el mes de junio del año pasado, una vez conocidos los resultados electorales que daban como triunfador al candidato nacionalista. Advirtió que debían mantenerse intocados el modelo neoliberal y la Constitución del 93, si bien concedía que sobre esa base se podía barnizarlo con una capa de “inclusión social” en un afán de demostrar que el modelo funciona. Los hechos vienen demostrando que ese plan ha surtido los efectos deseados por sus promotores y el apestado de ayer se ha convertido hoy en un responsable estadista digno de elogiar.

De este modo quienes resultaron perdedores en los comicios electorales terminan gobernando tras bambalinas. Se trata del poder real cuya matriz está en las grandes corporaciones transnacionales, un poder invisible que determina la política, que nos hace creer que somos soberanos y ejercitamos la democracia cuando vamos a las urnas. Pero que se impone a través de sus operadores internos. Si no cuentan con gobiernos adictos, entonces los cooptan, presionan, chantajean, domestican. Si eso no funciona los declaran herejes merecedores de ser quemados en la hoguera, a los que hay que cambiar usando todas las armas, legales e ilegales.

Con la misma arrogancia que los dioses del Olimpo decidían la suerte de los mortales, la CONFIEP en un último comunicado ha hecho saber a los humildes peruanos su voluntad que no debe discutirse y que todos deben acatar: el respaldo al peritaje internacional promovido por el gobierno respecto al proyecto Conga. Ni siquiera pone en duda que tal peritaje vaya resultar adverso, señala que el trabajo de los peritos “ampliarán y mejorarán el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga”. Ya sabemos que tal peritaje no tiene nada de imparcial, que está hecho para validar el proyecto, que sus conclusiones servirán para amparar eventuales medidas represivas en contra del pueblo cajamarquino, su presidente y dirigentes regionales; sabemos también de dónde viene el libreto que repite tozudamente el ministro Valdés.

Para darle fuerza a su pronunciamiento lo firman, entre otros, la Asociación de Bancos, la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Asociación de Exportadores, Bolsa de Valores de Lima, Cámaras de Comercio, Sociedad Nacional de Minería (cómo no), Sociedad Nacional de Radio y Televisión, es decir la crema y nata del gran capital tributario de intereses foráneos.

Así las cosas es previsible que en los próximos días asistamos al reforzamiento y endurecimiento de la ofensiva contra quienes sostenemos la inviabilidad del proyecto Conga, que además nos oponemos al saqueo de nuestros recursos y enarbolamos un nuevo modelo de desarrollo para el Perú. Esta ofensiva que será implacable, sostenida por recursos millonarios, únicamente será posible derrotarla oponiéndole la fuerza multitudinaria del pueblo unido, consciente y organizado, dispuesto a marchar con dignidad para abrir un nuevo curso a nuestra patria. Es momento de redoblar el respaldo a la lucha del pueblo cajamarquino, empezando por organizar en todas partes los comités de solidaridad con esta lucha, que es hoy la lucha de todos los peruanos.

EDUCACION PERUANA: HACIA UNA LEY DEL PROFESORADO

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

Una vez más el Sindicato Único de los Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) viene proponiendo una nueva Ley Magisterial para recuperar sus derechos conculcados por la reforma educativa neoliberal impuesta en la década del 90 del siglo pasado, continuada en estos años del siglo XXI. La propuesta se basa, fundamentalmente, en el contenido de la Ley 24029 y la que la modificó, Ley 25212. La propuesta se encuentra en proceso de discusión y recojo de aportes desde las mismas bases del gremio. Por su parte, el actual gobierno del Presidente Ollanta persiste en seguir manteniendo la denominada Ley de Carrera Pública Magisterial (No. 29062) promulgada por el gobierno aprista con el apoyo de todos los privatizadores de la educación, es decir, de toda la derecha, el apoyo implícito de algunos grupos que se autodefinen de izquierda.

Como ex Secretario General del glorioso sindicato, atacado desde todos los sectores de las clases dominantes y, evidentemente desde las trincheras de los propietarios de la educación privada, con algunas excepciones por cierto, he participado en las propuestas y luchas anteriores a lo largo de casi 40 años de existencia del SUTEP. Por tanto, considero conveniente ofrecer algunas apreciaciones sobre el contenido del proyecto de Ley.

Una sumaria y pertinente introducción

Antes de abordar el contenido mismo de la propuesta actual, es conveniente, especialmente para los nuevos maestros, señalar los hechos ocurridos en largos años del SUTEP para conseguir las reivindicaciones de los maestros peruanos de la educación básica, pues hay quienes consideran que lo que hoy se plantea es algo nuevo y que el sindicato nunca hizo nada por los derechos docentes.

Uno de los problemas que la educación peruana y la del mundo han venido afrontando es, sin duda alguna, la de la situación laboral de los maestros, no solo de la escuela pública, sino de los que trabajan en los centros educativos privados. En la propia Europa desarrollada del siglo XIX, no obstante la avanzada conciencia del rol de los maestros y sus derechos como trabajadores de la educación, sobre todo luego de la Revolución Francesa que estableció la formación profesional de los educadores creando la Escuela Normal en 1784, las condiciones de trabajo de los maestros y su misma preparación, eran muy deficientes, casi calamitosas. Algunos de esos problemas fueron abordados por la reforma educativa de la Unión Europea de 1984-1994). En Latinoamérica y demás países del tercer mundo eran aún mucho peores.

Uruguay, Argentina, Chile y México, desde la segunda década del siglo XX, marcaron un rumbo en la organización sindical de los maestros tanto para reclamar sus derechos cuanto para plantear la superación estructural de sus sistemas educativos para conquistar una educación democrática y científica, pues la herencia colonial supérstite impedía el derecho a la educación de la gran mayoría de sus ciudadanos, a la vez que los educadores estaban sometidos a condiciones laborales ignominiosas, pero a quienes, sin embargo, se les exigía un “apostolado”sin las condiciones adecuadas para ejercer la profesión docente.

Durante la década de los 60 del siglo XX la UNESCO puso un interés especial sobre la situación de los enseñantes, es decir, de los maestros de todo el mundo, tomando en consideración la función social de estos trabajadores y que, como tales, merecen también una consideración especial de parte de la sociedad, de los estados y de los gobiernos. En tal sentido fue aprobada la Resolución Relativa a la Situación de los Maestros y firmada el día 5 de octubre de 1966 (fecha que ha quedado con la denominación de “Día Mundial de los Docentes”), documento firmado por todos los países del mundo pertenecientes a la ONU en ese tiempo. Hasta entonces, en la gran mayoría de países los maestros estaban ya organizados gremialmente, habiendo desarrollado luchas huelguísticas por sus derechos, como ocurrió, por ejemplo, en el Perú, con la huelga nacional de 1965 que obligó al primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry a promulgar la Ley 15215 como Estatuto del docente peruano con un escalafón magisterial que jamás fue aplicado, salvo en las normas referidas a las sanciones a los docentes.

En esa misma década, en numerosos países europeos y latinoamericanos. los maestros empezaron a organizarse en sindicatos únicos para superar su división interna por niveles, a efecto de ganar fuerza para conquistar sus reivindicaciones, corriente que también llegó al Perú dando paso a la preparación y fundación del SUTEP en 1972.

Durante la década de los años 70 los maestros organizados en el SUTEP, frente la dictadura militar impuesta por el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 y que se prolongara hasta 1980, el SUTEP fue una de las pocas fuerzas sociales que se enfrentó en las calles no solamente para reclamar las reivindicaciones magisteriales, sino también una educación democrática y científica, a la vez que apuntalaba la constitución de los frentes de defensa de los intereses del pueblo. Hoy, quienes detentan el poder del Estado y dicen lo que quieren en los medios de comunicación, ocultan el papel del SUTEP y demás organizaciones populares en la lucha para obligar a esa dictadura, en su “segunda fase” con el hoy “demócrata” Francisco Morales Bermúdez, a convocar a una Constituyente y a un proceso electoral para traspasar el gobierno a los civiles.

No bien instalado el nuevo gobierno civil el 28 de julio de 1980, el SUTEP presentó un Proyecto de Ley del Profesorado para que sea discutido y aprobado en el Congreso Nacional de dos cámaras en aquellos años. Culminaba ya la segunda legislatura de 1984 y el Congreso no discutía el Proyecto. Lo hizo, sin embargo, presionado por la huelga nacional de hambre y las grandes movilizaciones de los maestros del SUTEP en diciembre de aquel año, confrontación que culminó con la promulgación de la Ley del Profesorado No. 24029, una Ley que plasmaba muchas reivindicaciones de los maestros peruanos, pese a los recortes realizados en ambas cámaras legislativas. Es risible que viejos dirigentes apristas hayan afirmado que esa Ley les pertenece, como si ellos hubiesen sido los autores de la iniciativa.

Como el proyecto original fue podado en determinados puntos, al iniciarse el primer gobierno aprista (1985) el SUTEP volvió a presentar otro Proyecto de Ley con carácter de Modificatoria de la Ley 24029. Pero, como en el caso anterior, culminaba ya la última legislatura de 1989, y la mayoría parlamentaria, aprista y acciopepecista, se negaba a discutir la propuesta, razón por la cual el SUTEP desarrolló una nueva huelga de hambre nacional el 29 de noviembre de aquel año, con grandes movilizaciones en todas las ciudades del Perú, medida de lucha que se suspendió el 14 de diciembre cuando el Parlamento empezó a discutir y aprobar el Proyecto. Aprobada la Ley por el Parlamento, sin embargo el Presidente Alan García Pérez se negó a promulgarla, devolviéndola al Congreso. El SUTEP debió de realizar, casi al culminar el primer mandato gubernamental del APRA, una huelga nacional indefinida para obligar al gobierno la promulgación y la reglamentación de la Ley Modificatoria No. 25212 con su Reglamento correspondiente. Queda claro, entonces, que la Ley del Profesorado 24029, su Modificatoria y su Reglamento no fueron la voluntad de los gobernantes de turno, sino de la acción de lucha de los maestros con su sindicato, el SUTEP.

Cabe recordar también que, durante la lucha por las modificaciones favorables a los derechos de los maestros, los senderistas y sus aliados anarquistas (refugiados hoy, muchos de ellos, en el gobierno del Presidente Humala) llegaron a afirmar que “la Ley no se come”, posición economicista que los maestros rechazaron masivamente. A su vez, los apristas empezaron a “adueñarse” de la nueva Ley sin ruborizarse por su marcada oposición a discutirla y promulgarla, con la excepción del parlamentario aprista Ponce, maestro honesto y consecuente, al lado del también maestro y parlamentario Carranza Piedra, quienes apoyaron a los parlamentarios de izquierda y a los dirigentes del SUTEP en el proceso de discusión del Proyecto.

La nueva versión de la Ley del Profesorado 24029 se aplicó parcialmente hasta marzo de 1991, pues al asumir el gobierno el fujimorismo desde el 28 de julio de 1990, este empezó a aplicar el programa neoliberal dictado por el “Consenso de Washington” que obligaba a privatizar bienes y servicios públicos, disminuir drásticamente los gastos del Estado y, en consecuencia, anular todos los derechos económicos y profesionales de los servidores del Estado. Fue así que en marzo de 1991 el gobierno del criminal y ladrón Alberto Fujimori decretó la suspensión indefinida de los derechos económicos de los maestros peruanos establecidos en la Ley del Profesorado. El SUTEP, en defensa de esos derechos y también de la educación pública gratuita y universal, cuya privatización constituía uno de los pilares de las políticas públicas del fujimorismo, realizó una huelga indefinida que duró 109 días (mayo – agosto de 1991): ¡primero son los niños, no la deuda externa!, fue el eslogan principal en esa huelga.

Toda la década de los 90 y todos los 11 años del presente siglo, los maestros peruanos han venido luchando para recuperar sus derechos conculcados por el neoliberalismo y sus gobiernos (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García). Los neoliberales, para justificar sus políticas contrarias a los derechos de los trabajadores, desarrollaron una campaña de desprestigio contra los maestros, a los cuales se les responsabiliza de la crisis educativa, imponiéndoles un sistema masivo de contratos temporales, concursos y evaluaciones estandarizadas para seleccionar “a los mejores”, hasta que, finalmente, se les impuso la llamada Ley de Carrera Pública Magisterial, cuyo contenido legal e ideológico pertenece al Banco Mundial, cuyos expositores estuvieron en el Perú en seminarios y oros eventos organizados por el Ministerio de Educación durante el gobierno de transición del ex Presidente Valentín Paniagua (2000-2001), uno de los cuales se realizó a principios del siglo XXI bajo la dirección del extinto profesor de Filosofía de la Universidad Católica, Juan Abugatás. Los textos de aquellas ponencias contienen los planteamientos básicos de la Ley 29062 (Carrera Pública Magisterial) promulgada por el segundo gobierno aprista que concluyó el 2011. La nueva Ley, en realidad, promueve una compulsiva y antipedagógica competencia entre los maestros a cuenta de una supuesta “meritocracia”, reduciendo la atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues el ideal supremo del docente se traduce enelevar su salario no como un derecho laboral de justicia, sino como consecuencia de resolver una prueba estandarizada y acumular diplomas, maestrías y hasta doctorados, de cuya idoneidad lo saben bien las variopintas universidades privadas que han proliferada bajo el manto del decreto 882, promulgado por el fujimorismo en 1966 y mantenido por los posteriores gobiernos “democráticos”.

Hoy sabemos que los maestros incorporados a la nueva Ley no son mejores, pedagógicamente hablando, frente a la gran mayoría que ha rechazado ese engendro neoliberal, como puede notarse en su propio desempeño; pues las deficiencias de todos los maestros deben ser explicadas dentro del contexto y las condiciones en que ejercen su profesión, las que no han cambiado. Además siguen aplicando el mismo constructivismo fracasado, como parte de la también fracasada reforma educativa neoliberal. En realidad, los maestros que han postulado a los concursos lo han hecho por una razón pragmática: elevar su remuneración, ya que la propaganda del gobierno aprista incidía en “mejores maestros, mejores salarios”, más que en “mejores maestros, mejor alumnos”, con spots televisivos tan ridículos como los argumentos del ex Ministro José Antonio Chang para aplicar las pruebas estandarizadas.

En el momento actual nos encontramos con dos regímenes laborales para los maestros peruanos: el que rige para los maestros (la mayoría) sujetos a la Ley 24029, con salarios congelados y pensiones ridículas en el caso de los cesantes y jubilados, por un lado; y el que rige para los que han sido incorporados a la Ley 29062, con salarios que no van más allá del costo de la canasta básica familiar, que debiera de corresponder, en el peor de los casos, a todos los maestros de la educación básica. Por supuesto que los neoliberales, aprista y no apristas, han logrado dividir a los maestros para debilitar su sindicato y, por ende, su lucha.

Entre recuperar la plena vigencia de la Ley del Profesorado 24029 o luchar por una nueva Ley Magisterial, el SUTEP, acertadamente, ha optado por esta segunda opción, lo que supone la derogatoria de la Ley 29062.

PLANTEAMIENTOS CENTRALES PREVIOS

 

Leyendo como un todo la propuesta de Ley del Profesorado como nueva propuesta del SUTEP, nos permite distinguir los planteamientos centrales y plausibles que ayudarían a recuperar los derechos de los maestros, actualizando, al mismo tiempo, conceptos que se relacionan con las nuevas exigencias para el ejercicio de la profesión docente.

Una primera cuestión es la necesidad de recuperar los derechos de los maestros que están considerados en la Ley 24029, siendo uno de ellos el de la estabilidad laboral en la misma plaza y escuela, pues el maestro no puede ser, como todo trabajador civil, sujeto a constantes desplazamientos “por motivos del servicio”, como ya era una práctica durante la dictadura militar del General Francisco Morales Bermúdez; y que hoy se ha convertido en práctica permanente a través de los eternos concursos para contratos, a través de los cuales docentes de aula y hasta directores de escuelas no saben dónde trabajarán el próximo año lectivo, convirtiendo el trabajo docente en un desplazamiento continuo que no ayuda a consolidar el trabajo educativo en las escuelas.

Otro de los derechos es al de tener la garantía de una carrera pública y el ascenso correspondiente a través de una evaluación integral que tenga como centro, sin embargo, la práctica docente, es decir, su desempeño en el aula y en la escuela, considerando también la experiencia profesional traducido en tiempo de servicios; sus méritos en el proceso de su trabajo; el reconocimiento de la comunidad y de la sociedad frente a sus actividades en y fuera de la escuela; sus méritos intelectuales expresados en trabajos académicos y de creación cultural, si los hubiere; los diplomas o grados académicos que el maestros pueda obtener a lo largo de su carrera; y, claro, su actualización profesional que puede ser evaluada mediante una prueba de conocimientos y nuevas capacidades.

El derecho al ingreso a la carrera pública magisterial y al ascenso correspondiente a través de una evaluación permanente, integral, sistemática y formativa, dejando atrás la anticientífica evaluación estandarizada que el neoliberalismo ha venido imponiendo en estos años.

El derecho a una jornada laboral pedagógicamente adecuada que permita un desempeño eficiente del docente con el consiguiente beneficio académico para los estudiantes, pues el trabajo docente no solamente exige un permanente ejercicio de estudio y planificación, sino un estado psicológico adecuado frente a grupos humanos en proceso de desarrollo y con personalidades diferenciadas desde todo punto de vista; realidad no comprendida por aquellos que ven en el maestro a un simple “facilitador” técnico a quien le basta tener conocimientos de la materia que va a enseñar y un poquito de técnicas didácticas.

El derecho a una remuneración que le permita dedicarse íntegramente a su profesión, sin dispersar su atención en otras actividades para buscar otros ingresos, sino también para tener mejores condiciones de superación cultural. La consideración del costo de vida es fundamental, pero no suficiente, pues el maestros tiene que estar también al día para superar la rutina que produce el ejercicio cotidiano de toda profesión ciento por ciento intelectual, como es la de enseñar. ¿Cuántos libros de su especialidad o de cultura general debe adquirir el maestro, mensual o anualmente, para mantenerse al día en el desarrollo de la cultura y de las ciencias correspondientes? Si no tiene recursos para solventar estas necesidades profesionales, ¿con qué derecho los gobernantes le exigen un desempeño excelente? Tampoco es suficiente: ¿puede el maestro, con sus remuneraciones, asistir a espectáculos de verdadero valor cultural y artístico?, ¿tiene acceso al periódico y a revistas de pedagogía y de investigación científica? Son preguntas necesarias para aquellos que juzgan a los maestros con la ignorancia más supina.

Estos derechos básicos de la profesión docente están incluidos en el proyecto que actualmente debate el SUTEP, con las especificaciones para entender su estructura interna y los elementos que los definen mejor.

ALGUNAS OBSERVACIONES Y ALGUNOS APORTES

Con una mirada más puntual en algunos conceptos y planteamientos, nos parece pertinente ofrecer observaciones y aportes para mejorar el texto. Seguiré el orden del texto.

Debe establecerse con claridad el perfil conductor(lo subrayo) del maestro en el proceso enseñanza-aprendizaje para diferenciar ese papel del mero “facilitador”, así como del concepto de “agente”, palabra de pobre significado cuando se trata de formar a nuevos hombres. Conducir es enseñar a aprender y también orientar, guiar, formar nuevas personalidades, en el caso de la educación. Hasta en los orígenes griegos de esta profesión se trataba de “llevar de la mano” a los niños a la escuela, conducción que la pedagogía moderna tiene una traducción más completa. En una de las tesis educativas que elaboramos en 1992 hay un texto breve sobre el perfil del maestro, cuyos conceptos considero deben ser tenidos en cuenta.

Es también importante diferenciar el peso profesional y pedagógico de lo que en el texto se denomina “formación inicial”, término que viene de la UNESCO y su libro de 1996 “La educación encierra un tesoro”, del que posee la “formación continua”, de la misma fuente. En realidad “formación inicial” da la idea de que los años de estudio para la consecución de un título profesional pedagógico tienen poco valor frente a la “formación continua”. Es al revés, en los estudios profesionales regulares se adquieren los fundamentos y capacidades fundamentales para ser maestro, como también para formarse en otras profesiones. El autodidactismo, antes que una regla, es una excepción. La capacitación permanente posterior, práctica y teórica, no puede suplir a la primera. Un profesional titulado con estudios mediocres no puede recuperar totalmente lo que no ha logrado aprender. Los cinco años de formación profesional, si son de estudios serios y sistemáticos, no pueden ser iguales a cursos de capacitación permanente a distancia o en períodos cortos presenciales, etc. Estos pueden ayudar a actualizarse y perfeccionarse en nuevas tecnologías, pero nada más. Los neoliberales, para justificar la subvaluación de la profesión docente y del título profesional, pretenden otorgar a la “formación continua” el mayor peso académico para formar en los nuevos maestros la idea de que si no se “superan” no tienen derecho a una remuneración adecuada a su profesión. Considero establecer que la formación profesional que otorga el título pedagógico en estudios universitarios (en adelante) es la principal, básica, fundamental, necesaria. La capacitación permanente es complementaria.

Al hablar de democracia en educación debe establecerse la expresión“igualdad de oportunidades para todos”, niños y jóvenes, sin necesidad de utilizar esa palabreja tan manida por los neoliberales, la “inclusión”, con la cual pretenden reemplazar al término “igualdad”. El principio de justicia con el cual debe comprometerse el maestro se orienta a la igualdad como producto de una educación gratuita y universal, derecho humano que no está sujeto al deseo de “incluir” a los demás, pues es responsabilidad del Estado que debe dar las condiciones necesarias y suficientes para que la escuela (y los maestros) desarrolle su trabajo.

Se debe establecer el derecho que tienen los maestros, a través de su gremio, de proponer alternativas en materia de políticas educativas, que sean escuchados y se promueva un diálogo serio para enriquecer esas políticas. Otra cosa es que los gobernantes no incluyan los aportes de los maestros, lo que da lugar a la asunción de responsabilidades por quienes, desde el gobierno, imponen sus decisiones.

La formación de profesores debe realizarse, en adelante, en las universidades públicas, pues debe ser gratuita y sujeta a una planificación en el tiempo y a una estructura curricular científica. Dispersar la formación de los maestros en establecimientos de distinta naturaleza y sujetos a intereses de personas y pequeños grupos es convertir a la formación docente en una suerte de fragmentación “formativa”, consecuencia que hoy vivimos luego de 20 años de negocios y mediocridades.

Las becas deben otorgarse exclusivamente para la formación de investigadores en el campo de la pedagogía y/o la administración de la educación.

No se debe dejar de precisar que entre los derechos de los maestros está la participación en actividades políticas y ciudadanas. El maestro no es un ciudadano de segunda ni tercera categoría.

En el proceso de evaluación docente es necesario establecer que es una función del Ministerio de Educación con sus instancias regionales, locales y escolares, mas no de terceros, incluidas las universidades, pues estas desarrollan su proceso de evaluación durante la formación de los maestros en sus aulas. Por lo demás, ya sabemos que con la tercerización de la evaluación docente hemos asistido a la mediocridad y al pillaje.

La Maestría y el Doctorado deben tener un peso específico en los puntajes para las evaluaciones, pero no como condiciones necesarias para postular a un determinado nivel de la escala profesional. No es un requisito necesario tener un grado académico para el adecuado desempeño de la profesión docente en el aula. Esos grados constituyen niveles superiores de investigación, también del ejercicio de la docencia en el nivel superior universitario. Quienes han obtenido esos grados casi en ningún caso han permanecido como maestros de aula. Lo que han hecho los neoliberales es mistificar esos grados como sinónimos de “buenas prácticas” en la docencia, pero con el objetivo de llenar las universidades con profesionales convertidos en clientes del negocio de la educación superior. Para menospreciar más un título profesional, vienen hoy generalizando los términos “pregrado” y “postgrado”, haciendo este último un paso obligado para ejercer con “eficiencia” la profesión.

Es muy objetable que en una nueva Ley Docente se mantenga el sistema de contratos. Si hay que mantener los concursos para el ejercicio de la docencia, lo mucho que se debe aceptar es que los concursantes deben llegar al nombramiento. Que los gobernantes no acepten este derecho a la estabilidad laboral es responsabilidad de ellos y no de los maestros y su gremio.

Debo concluir las sumarias observaciones anteriores señalando que se requiere una redacción adecuada desde el puntode vista de la lógica jurídica: orden en la estructura general del texto, mejor redacción para evitar redundancias de conceptos y preceptos (artículos e incisos). Siendo formales, ayudarán a que el texto sea más coherente en sus planteamientos (coherencia interna).

FINAL

Finalmente, un llamado a todos los maestros a intervenir en la discusión, ofrecer sus aportes, sus inquietudes, y tener en cuenta que esta propuesta, para que sea atendida, se requiere de la más grande unidad, pues sin ella no será posible dar la gran lucha para ser escuchados. Los neoliberales difundirán la mentira de que los maestros están buscando privilegios. Así fue en el pasado. Así será en el presente. Así será en el futuro hasta que un nuevo orden social nos dé la garantía de una nueva educación y de una nueva situación de los trabajadores en la educación. Se requiere generar una correlación de fuerzas que haga posible la discusión de este proyecto en el parlamento con el apoyo de los estudiantes y padres de familia, pero convocando también a los intelectuales interesados por una mejor alternativa educativa con la correspondiente política magisterial.

LA EDUCACION Y EL NEGOCIO DE LOS TEXTOS ESCOLARES

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red SEPA, ex Secretario General del SUTEP

La semana del 6 al 12 de febrero 2012 tres hechos han concitado la mayor atención de los peruanos: la gran Marcha por el Agua, con el trasfondo de la lucha en defensa de las cabeceras de cuenca y el símbolo de ellas hoy, Conga; la captura del jefe guerrillero senderista FlorindoFlores Hala o camarada “Artemio” en el Alto Huallaga; y el comercio de los libros de texto escolares por un grupo de empresas editoriales.

El caso de la edición y comercialización de los textos escolares, a diferencia de los otros que mencionamos, es parte de un contexto permanente que puede definirse como una suerte de endemia cultural-pedagógica, pero que, manejado por una prensa hipócrita, por políticos ignorantes del hecho educativo y por altos funcionarios del Ministerio de Educación que suelen amenazar a los comerciantes de la educación para “demostrar” su preocupación por la educación de la niñez y la juventud y de los padres de familia, se ha convertido en “cruzada” por la educación.

EL GRAN NEGOCIO DE LA EDUCACION EN EL PERU

La elaboración, edición y comercialización de textos escolares en el Perú, con más profusión en los últimos 30 años, es, apenas, un trocito del gran negocio de la educación en el Perú.

La reforma de la educación actuada por el neoliberalismo reforzó ese negocio pero amplió la cobertura del lucro con la privatización del servicio hasta lograr que la gratuidad de la educación y su carácter de derecho social y humano, casi desaparezca. El ladrón y criminal Alberto Fujimori solía responder al SUTEP, cada vez que este rechazaba sus decretos privatizadores desde 1991: “en el Perú nunca hubo educación gratuita”, tratando de justificar los mandatos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Sus sucesores, Toledo Manrique y García Pérez, asumieron el programa para reducir las responsabilidades del Estado en materia de educación, barnizado con programillas y cierta infraestructura “emblemática”, más el reparto de computadoras, toda la reforma educativa de los años 90 del siglo pasado.

No menos del 50% de los gastos en la educación pública, especialmente en la superior, corre a cuenta de los padres de familia, un sobreimpuesto obligado por la sistemática reducción del presupuesto dedicado a la educación. En la jerarquía de la educación privada se expresa también la diferencia entre los más ricos y una capa de ilusos pequeño-burgueses que “invierten” en la educación de sus hijos. Como si fuera un gran descubrimiento, se “denuncia” los cobros en miles de dólares para que un niño se matricule en ciertas escuelas de “calidad”.

El negocio del que hablamos comprende: la propiedad de las escuelas, los cobros por matrícula y otros “derechos”, la comercialización de uniformes y textos escolares por los mismos propietarios, la contratación de maestros por salarios miserables y exentos de derecho sociales, la prolongación de la jornada escolar y del propio año lectivo sin mejorar el salario magisterial. Estos mecanismos, sin embargo, que la privatización de la educación no ha generado la superación de la crisis de la educación en el Perú; más bien ha profundizado el caos curricular y axiológico en nuestra educación, subsumida ya en ese pozo de la anomia moral en el que se desenvuelve la vida económica, comunicacional, social y política del país, sintetizada como corrupción.

El resultado de este proceso es la generación de empresarios “educativos” que en poco tiempo han ampliado sus actividades (negocios), especialmente en el campo de la educación superior.

Pero volviendo a los libros que se venden como textos escolares, el negocio involucra a directores y maestros, no porque estos tengan una concepción crematística de la educación, sino porque es la oportunidad de agregar a sus magros salarios unos ingresos anuales más que, en el mejor de los casos, no pasan de 1000 soles para quienes aceptan las ofertas de los propietarios de las editoriales dedicadas a este negocio. Por supuesto que no todos los maestros ni directores suelen caer en el remolino del negocio educativo.

ENTRE LA DEMAGOGIA Y LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE LOS TEXTOS ESCOLARES

Son tantas las ganancias que genera la producción y comercialización de textos escolares en el Perú que los propietarios del negocio, ante la bulla generada y el peligro de ser sancionados, están ofreciendo una rebaja de hasta 40% del precio de sus textos. Seguramente los que han levantado la polvareda de los libros de texto se pondrán contentos por el resultado de su faena “a favor de los padres de familia”.

Los demagogos del Congreso creen que con la modificación de la ley correspondiente y las sanciones que establecen resolverán el problema.

Los demagogos del Ministerio de Educación también han salido a explicar cómo seguir usando y reusando los textos escolares, lo que implica un nuevo formato de redacción, quitando de los textos las partes que el estudiante debe “llenar” con sus respuestas, conocida maña para volver a un texto en descartable. ¿Por qué no hicieron esta poda hace 5, 10 o 30 años, o por qué autorizaron la producción de textos escolares con ese formato?

Hasta un ejecutivo de la editorial Santillana ha salido a “enseñar” cómo debe ser un texto escolar, como si los suyos fueran excelentes libros, pretendiendo confundir negocios con pedagogía. Y la Cámara Peruana del Libro también pretende sacar el cuerpo “denunciado” a las editoriales que no están afiladas a esa entidad, cuando no se trata aquí de afiliación o no, sino de la intromisión de un negocio en las aulas escolares, vengan de donde vengan los textos escolares.

No podría extrañarnos que, en lo inmediato, gobierno y editoriales llegarán a un “consenso” para encontrar la solución, de tal manera que los textos escolares sigan en el mercado, seguramente con precios más bajos, con formatos determinados y bajo la “libertad” de los padres de familia para comprarlos o no. ¿Y quién recomendará los padres de familia cuál es el mejor texto para su hijo? ¿El Director de escuela o el profesor de aula o de materia de estudios? ¿O el Ministerio de Educación? ¿O las técnicas del marketing? ¿O el Comité que se forme para ese menester? En cualquier caso el negocio continuará en aras de la “libertad de elegir” de los gurúes del neoliberalismo.

LA NECESIDAD DE LOS TEXTOS ESCOLARES

Para los estudiantes los textos escolares son imprescindibles para reforzar los conocimientos que el maestro está obligado a ofrecer sistemática y dosificadamente, pero al mismo tiempo, para que ellos, individual y colectivamente, puedan descubrir dichos conocimiento de acuerdo con las recomendaciones del profesor.

Para que un texto escolar sea útil pedagógicamente debe estar sometido a ciertos requisitos: a) contenido científico, lo que solo será posible si ha sido elaborado por investigadores en la materia correspondiente y no por quienes simplemente copian y pegan de otros libros, como ocurre actualmente; b) redacción correcta, sin faltas ortográficas y sintácticas, diferente a lo que viene ocurriendo; c) presentación sobria del contenido principal y sus ilustraciones, de tal manera que lo colorido no opaque el significado; d) información suficiente para la edad de los estudiantes y el nivel y grado de estudios, ni muy limitado al programa ni muy ampuloso.

Al respecto, son memorables los textos preparados por el Dr. Puccinelli sobre literatura, Filosofía y Lógica por los Dres. Francismo Miró Quesada Cantuarias y Augusto Salazar Bondy, Filosofía y Psicología por el Dr. Wálter Peñaloza Ramella, Historia Universal por el Dr. Alfredo Rebaza Acosta, Historia del Perú por el Dr. Pablo Macera y por Gustavo Pons Musso, Economía Política de Alberto Rubio Fataccioli para mencionar solo algunos que más han sobresalido en el campo de las ciencias humanas y sociales.

Pero ningún texto escolar puede suplir a un profesor, su preparación académica y su permanente revisión de los conocimientos especializados y de la cultura en desarrollo permanente. Para los profesores deben existir libros de consulta de suficiente solvencia científica. En Costa Rica y en México los gobiernos entregan gratuitamente textos de consulta para que los maestros enriquezcan su información en el proceso de la preparación de sus clases. En Cuba, bueno es decirlo, todos los estudiantes tienen material de consulta gratuitamente, pues nadie lucra, en ese país, con la educación.

El problema solo se solucionará cuando el Ministerio de Educación encomiende a personas idóneas, académicamente hablando, la preparación de los textos escolares para su distribución gratuita en todas las escuelas de Perú. Pero no como lo vienen haciendo los últimos gobiernos, con redacciones lamentables y negocios de por medio.

Toda la “discusión” armada y las “soluciones” propuestas en estos días son medidas que nada tienen que ver con la pedagogía.

¿BECAS DE ESTUDIO O GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA?

(A propósito de “Beca 18” del gobierno del Presidente Ollanta Humala)

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

En la educación moderna las becas forman parte de las condiciones excepcionales de estudio para aquellos alumnos que tienen aptitudes para la investigación científica y tecnológica, dentro o fuera del país, con el fin de contribuir al desarrollo del conocimiento básico y aplicado. Desde esta perspectiva, no es un instrumento al servicio de un grupo con el criterio de la selección de becarios por razones de pobreza, supuesto el hecho de que para toda la población de un país deben existir las mismas condiciones para el ejercicio del derecho a la educación gratuita. Para profesionalizarse y ejercer la profesión elegida, basta estudiar en el sistema educativo regular, para lo cual el Estado debe dotar de todas las condiciones necesarias y suficientes, lo que obliga a establecer un sistema educativo democrático e integral, basado, fundamentalmente, en el principio de la justicia.

Cuando el Presidente Ollanta Humala ofreció, durante su campaña electoral la “revolución educativa” para el Perú, consideró que “Beca 18” funcionaría dentro de un nuevo sistema educativo, diferente al que nos han dejado los gobiernos de Fujimori, Toledo y Alan García Pérez, que echa agua por todas partes porque ha fracasado no solamente por su insolvencia científica y académica, sino por su pobreza moral, como lo demuestran, entre otros, los casos de los negocios privados con los “textos escolares”, la tramposa y discriminadora construcción de los llamados “colegios emblemáticos”, la presencia de negociantes de la educación en el Ministerio de Educación, los concursos estandarizados e irregulares para plazas docentes, la proliferación de universidades privadas y públicas con criterios de lucro y de clientelismo político, respectivamente. Pretender remendar este sistema fracasado con “Beca 18” o con “Cuna Más”, es seguir con la misma engañifa de siempre: medidas demagógicas para que todo siga igual.

La demagogia y el empirismo del Viceministro Bolaños

Al anunciar que en el año 2012 habrá 200 becas para los universitarios de los distritos más pobres de Lima, Fernando Bolaños, Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, pretende entregar la idea de hacer justicia en materia de educación y que, gradualmente, toda la juventud peruana logrará proseguir sus estudios superiores, ilusión que solamente pueden hacerse aquellos que tienen del derecho a la educación una concepción asistencialista, mas no integral ni universal (Véase entrevista en La República, domingo 26/02/2012, Lima, p. 32).

En lugar de apuntalar el rol directriz de las universidades públicas que existen en todo el país, potenciarlas económica y académicamente, han decidido distribuir el presupuesto para las becas también entre las universidades privadas, supuestamente elegidas por su “calidad”. Es decir, se pone el presupuesto de educación “Beca 18” al servicio del lucro de la educación privada. Y no puede ser de otra manera por cuanto la plana mayor del Ministerio de Educación sigue siendo la representación neta de la empresa privada en educación, además de ser expresión fehaciente de la pedagogía confesional predominante en el Perú colonial y poscolonial, hecho que se manifiesta, en estos tiempos, en la pugna por la propiedad de la Universidad Católica, supuestamente disputada entre “pluralistas” y fundamentalistas.

Al referirse a las profesiones que se ofrecerán a los becarios, Bolaños señala que la prioridad son las carreras “de ciencia y tecnología para favorecer el desarrollo científico y tecnológico del país”; pero, contradictoriamente, afirma a continuación que los egresados podrán tener trabajo por 3 años por lo menos en las regiones donde los necesiten. ¿Cuál es, entonces, el rumbo del desarrollo científico y tecnológico del Perú con “Beca 18”?

Tampoco es verdad que en el Perú sobran los médicos y enfermeros, afirmación que solo puede provenir de quienes no conocen el abandono de centros de salud y de enfermos que se hacinan en los hospitales del Ministerio de Salud, además de la inexistencia de centros de salud en muchos pueblos del país.

Pero el empirismo pedagógico es también otro de los componentes del actual Ministerio de Educación del Perú, herencia de la saga pragmatista que viene, por lo menos, desde la propia reforma educativa de la dictadura militar de fines de los 60 y todos los años 70 del siglo XX en el Perú. Privilegiar las profesiones técnicas y soslayar la formación humanista de nuestra juventud refleja la concepción dicotómica entre ciencia y humanismo, como si fueran excluyentes en el proceso de la formación humana integral. Pero en el sentido de las profesiones que requerimos, especialmente en las áreas poblacionales de los distritos pobres de las ciudades y del medio rural andino-amazónico, requerimos profesionales de las ciencias sociales (antropólogos, sociólogos, psicólogos, lingüistas, investigadores sociales, etc.).

Por donde se lo mire, “Beca 18” no solamente está plagada de concepciones asistencialistas y empiristas, sino que es, apenas, un programa más que carece de sustento programático para una nueva educación en el Perú. Con el viejo eslogan de “favorecer a los que más lo necesitan” (fujimoristas-neoliberales dixit), los actuales administradores de la educación peruana se han propuesto seguir manteniendo la crisis educativa y la privatización de la enseñanza.

HORACIO ZEBALLOS:EL LEGADO DE UN LIDER

El mejor homenaje, que el pueblo peruano y los maestros del Perú del siglo XXI, le pueden rendir a un ser humano de la talla de Horacio Zeballos Gámez, es trabajar por recuperar la decencia en la política, la consecuencia entre el ejemplo y la palabra, en ligar la moral y la conducta, en ser consecuente con su familia, con su esposa, y sus hijos y su pueblo, y fundamentalmente amar al Perú profundo, lejos de arribismos y contubernios por las alturas, saber dejar un verdadero legado a una juventud que está en busca de alternativas frescas.

Un 07 de marzo de 1984 a la edad de 41 años; el Perú ganó el ejemplo de un liderazgo, por ello de Horacio se puede decir que fue íntegro toda su vida: no había doble lenguaje y conducta.

Definir a Horacio es su vida misma, entendida como el desarrollo de todas sus fuerzas, capacidades y potencialidades individuales, que fue posible en su corta vida, solo mediante su accionar continuo y consecuente, nunca mediante la pura contemplación o receptividad de cara a su pueblo al que entregó su vida misma.

Él nació en Carumas, en el sur del departamento de Moquegua el 20 de Mayo de 1943, sus estudios primarios y secundarios los realizó en el colegio “La Libertad”. Desde muy temprano demostró anhelo solidario y fraterno, también emitió sus voces de protesta ante injusticias cometidas por algún profesor o auxiliar, el cual hizo que sus compañeros lo quisieran y lo apreciaran, como un sello que marcó su vida hasta su muerte.

Su fibra espiritual, se tradujo en sus obras literarias: "El Eco de mi Voz" (1962) ,"Cisne Amante o Luna del Cisne" (1963), "Pluma esclava" (1963), "Los Esclavos de Corbata" (1970) obra sobre la realidad, protesta y pedido del Magisterio Peruano: La División Nacional y sus Actuales Consecuencias, Las Corrientes Sindicales y el Panorama Mundial, La influencia Histórica del Sindicalismo Internacional, Caracterización Social del Profesor y sus Contradicciones de Clase con la Burguesía, El Magisterio Organizado: Peligro para las Clases Dominantes, El Paralelismo Magisterial y el Estado Peruano, Perspectivas para la Superación Teórica y Practica del Profesor, Columnas Vertebrales de Unidad e Integración, además "Alegrías de la prisión" (1979), "Alegrías del prisionero" (2000).

Tres hechos marcaron la vida de Horacio: el primero, en julio de 1972, en el magno Congreso Nacional de Unificación llevado a cabo en el Cusco, es elegido como el primer Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú SUTEP iniciándose una nueva etapa práctica y consolidación del sindicalismo clasista en el magisterio peruano. Entre los años de 1972 y 1973 va recorriendo el Perú Profundo organizando SUTES bases, donde los Maestros hasta hoy desfilan en apretadas filas, luchando por sus justas reivindicaciones, por un futuro porvenir.

El segundo, a consecuencia del Paro Nacional del 24 de octubre de 1973, Horacio junto a 96 maestros fueron recluidos en la Colonia Penal del Sepa, donde permanecieron presos cerca de 8 meses como si fueran delincuentes comunes, fueron trasladados del Potao a la Cárcel del Callao, siendo sometidos a un juicio “Político Militar” siendo arrancados de las mazmorras el 13 de junio de 1974 debido a la fuerte presión nacional e internacional que se ejerció para obtener su libertad.

El tercero, en 1973 ingresa al Partido Comunista del Perú “Patria Roja” bajo una firme convicción de que la mera lucha sindical no podría conducirnos a la Liberación Nacional y el Socialismo y que los trabajadores debían contar con una vanguardia política que los presente y dirija. En Patria Roja militó hasta su muerte bajo el seudónimo de Amaru.

Es en las luchas, que el verbo de Horacio, se convierte en su herramienta fundamentalmente ideológica, para darnos a entender en un lenguaje sencillo, que el socialismo significa, el orden social que permite la recuperación del hombre, significa un mundo en el que el hombre, no es un extraño entre extraños, sino está en su mundo, donde se siente como en su propia morada, el hombre ya no es el lobo del hombre.

El significado del legado de Horacio, es que su éxito incluyó a personas, a la masa, pues un legado que no incluye a los protagonistas de la historia: el pueblo, no tiene ningún valor eterno, por eso el liderazgo de Horacio es tan importante, porque en cuestiones de conciencia se afirmó como una roca, porque al fin el liderazgo de Horacio es influencia en la masa, y el lo logró.

Cuando se encontraba en el Congreso, sustentando la ley que reivindicaba al educador, le llegó la partida y volvió los ojos a Dios de manera fortuita, causando hondo pesar hasta en los rincones más alejados de nuestra nación. En verdad, se encontraba con la salud muy deteriorada por tantos maltratos, vejámenes y persecuciones que recibió como luchador sindical, de parte de los gobiernos de turno, a los cuales enfrentó con la firmeza de su verbo y las masas en las calles.

Muere en Lima el 7 de marzo de 1984, a las 11.30 a.m., a consecuencia de un paro cardiaco por “coma hiperglucémico”, siendo enterrado en Arequipa en el Cementerio General de la Apacheta quedando depositado su ataúd en el nicho 455 del Pabellón Santo Olivia. Tiempo después sus restos fueron trasladados a un Mausoleo ubicado en la parte izquierda del acceso principal de ingreso al campo santo, a donde todos los años se realizan romerías en homenaje a su vida dedicada al magisterio nacional, los trabajadores y el pueblo peruano.

Podemos decir, que el odio de clase contra Horacio, acumulando infamias contra el, los hizo a una lado, como si se tratara de una telaraña, ignorándolo, respondiendo sólo cuando se veía obligado por una extrema necesidad, pues finalmente murió amado, reverenciado, y llorado por millones de peruanos; y me atrevo a afirmar, que aunque tuvo quizás muchos opositores, no tuvo un solo enemigo personal, su nombre perdurará, lo mismo que su obra.

Simplemente Horacio, sigue siendo un líder, porque dejó un legado, que seguirá influyendo en otras personas, estimulando e impulsando a otras, porque no solo en el pensamiento, sino a través de todos sus sentidos, como Horacio se afirmó en el mundo objetivo, de su realidad que le tocó vivir.

UBALDO TEJADA GUERRERO

EL SUTEP SALUDA A LA MUJER DOCENTE

El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTEP) a través de la Secretaria de Orientación y Promoción de la Mujer Docente expresamos nuestro saludo institucional y de reconocimiento a las maestras del país, al celebrarse el Día Internacional de la Mujer.

Este homenaje realza la lucha y la dignidad diaria emprendida en todos los lugares del mundo en la búsqueda de una mayor justicia, atención e igualdad de oportunidades para todas.

Las maestras luchamos por un proyecto nacional de desarrollo, redistribución de la riqueza con una economía solidaria, sostenible y sustentable, que respete el medio ambiente, los recursos naturales, la soberanía y la seguridad alimentaria. Luchamos por una real democracia que respete nuestras decisiones en los campos de la sexualidad y la reproducción, para lo cual se requiere igualdad en la participación política, trabajo, educación, salud, justicia y la cultura.

El SUTEP, y nuestras propuestas de equidad y justicia social se enmarcan en el rumbo que las maestras vienen construyendo diariamente desde las aulas para mantener una educación pública gratuita, emancipadora y de calidad, en favor de vuestros hijos y alumnos. Por ello, nuestro más comprometido saludo a la MUJER MAESTRA, A LA MUJER TRABAJADORA, A LA MUJER PERUANA; en tal sentido, nos reafirmamos en este día para seguir trabajando y luchando por la construcción de una sociedad más justa sin explotados ni explotadores, donde se respete los derechos de todas y todos.

¡Por plena igualdad,autonomía y emancipación de la mujer!

¡Por una nueva ley docente que dignifique a la mujer maestra!

¡Nuestro reconocimiento a la lucha emprendida por las mujeres y maestras de Cajamarca, en defensa del agua y el medio ambiente!

Sindicalmente,

Renee Ramírez Puerta

Secretario General

CEN SUTEP

Nelly del Río Roldán

Secretaría de la Mujer Docente

CEN SUTEP