lunes, 21 de enero de 2013
jueves, 17 de enero de 2013
EDUCACION PERUANA 2011 - 2016: ¿REFORMA DEMOCRATICA O CONTINUISMO?
José Ramos Bosmediano, educador, miembro de la Red Social para la
Escuela Pública en las Américas, ex Secretario General del SUTEP
El
nuevo gobierno peruano que se instalará a partir del 28 de julio del
año en curso, bajo la presidencia del Comandante (r) Ollanta Humala
Tasso, ha sido elegido como alternativa a 20 años de neoliberalismo en
el Perú, derrotando a todas las candidaturas de la derecha que
pretendía seguir manteniendo los privilegios que ha creado la economía
de libre mercado para una minoría de peruanos y unas cuantas empresas
transnacionales que saquean el país.
Uno
de los grandes problemas que debe enfrentar y, eventualmente resolver,
el nuevo gobierno, es el de la educación, histórico y estructural
problema inherente a la inexistencia de un real sistema educativo
democrático, nacional e integral, resultado consecuente de una historia
republicana trunca por el dominio de una clase incapaz de crear una
economía nacional, una sociedad democrática y una pedagogía y cultura
basadas en nuestra propia realidad y en las aspiraciones de progreso y
desarrollo de la mayoría de la población.
La herencia educativa neoliberal
Una
evaluación o diagnóstico de la educación peruana actual, luego de 20
años de aplicación del la reforma neoliberal, es no solamente
necesario, sino la condición sine qua non para tomar decisiones. Y no
por el prurito del análisis y la crítica, sino porque no se puede
trazar un programa de gobierno, en este caso, en el terreno educativo,
sin evaluar lo que nos deja el pasado convertido en presente.
El
presente, por cierto, no es nada halagüeño. A contracorriente de lo
que vienen afirmando los gobernantes apristas, la educación peruana al
2011 sigue arrojando el mismo déficit de la crisis que pretendió (¿?)
resolver el fujimontesinismo con su reforma neolberal, cuya continuidad
durante la primera década de este tercer milenio no ha hecho más que
consolidar esa reforma, legalizando las medidas privatizadoras de la
escuela pública, ampliando el mercado de la inversión privada en la
educación, socavando la profesión docente para convertirla en una
suerte de actividad competitiva y meritocrática, aplicando la pedagogía
pragmatista de la enseñanza por competencias, reduciendo el currículo a
un aprendizaje de ciertas áreas y podando el lado social de esa
enseñanza, descargando un mayor gasto en educación en los padres de
familia, elitizando más la educación a través de escuelas supuestamente
bien dotadas para un % ínfimo de la población escolar (Colegio Mayor y
Colegios Emblemáticos), el mantenimiento de una educación rural y
fronteriza abandonada en las peores condiciones, reduciendo más el
presupuesto para la educación pública, quitando al Ministerio de
Educación su papel fundamental y asignando sus tareas funcionales a
terceros privados, transfiriendo las responsabilidades presupuestales
del gobierno central a las municipalidades distritales, produciendo
funciones redundantes entre los gobiernos regionales y las
municipalidades, destruyendo los derechos de los maestros a través de
la coacción administrativa para que se integren a una supuesta carrera
pública que, en el mediano y largo plazo, convertirá en trabajo
profesional "independiente", de libre contratación y sin derechos
sociales, mucho menos pensionarios.
Si
quisiéramos resumir la situación actual de la educación peruana,
debemos calificarla de privatizada en casi el 50%, si tomamos en cuenta
el financiamiento de parte de los padres de familia; caótica en su
funcionamiento y su articulación, de tal manera que la preparación
preuniversitaria, que no existe en la ley, se ha extendido, incluso,
hasta las universidades públicas; la elitización de la educación se ha
profundizado, viejo carácter de la educación republicana que muchos
educadores han venido señalando desde el siglo XIX; el espíritu
individualista y pragmatista se ha acentuado en las nuevas generaciones,
en concordancia con la orientación irracional del libre mercado como
"motor del desarrollo" que los neoliberales pregonan por todos los
medios y que han introducido en la escuela con la enseñanza por
competencias y las evaluaciones estandarizadas y parciales de
habilidades y destrezas para el trabajo asalariado del "cholo barato";
el desorden y la corrupción generalizada en todas las instancias
administrativas de la educación, dando paso a incidencias lamentables y
enfrentamientos entre directores y padres de familia.
Para
comparar mejor la reforma educativa neoliberal en el Perú, no tenemos
más que ver lo que está ocurriendo en Chile, cuya reforma impuesta por
Pinochet está mereciendo hoy el rechazo multitudinario de estudiantes,
maestros y padres de familia; "modelo" de los neoliberales peruanos,
cuyos altos funcionarios, incluso, debieron de viajar a Santiago para
"aprender" de la "gran reforma chilena" que la Concertación no tocó y
que Piñera pretende profundizar más, incluyendo la privatización de las
escuelas situadas en las zonas arrasadas por el terremoto del 2010.
¿Cual es el programa educativo del nuevo gobierno?
No
es mucho lo que se conoce, salvo las generalidades de "revolución
educativa" y la educación infantil de "Cuna Mas" con estimulación
temprana, desayuno y almuerzo escolar. Estos planteamientos parciales,
siendo importantes, no podrían cambiar la situación de la educación
nacional en crisis. Para actuar con este programa no se necesita
mover ningún elemento de la reforma neoliberal. Es, a lo más, un
planteamiento que ayuda un poco a ciertos sectores pauperizados de la
sociedad, sin generar un cambio sustantivo en la orientación de nuestra
educación.
Y
es difícil que Gana Perú tenga, por hoy, un programa educativo
estructurado para superar la crisis actual. Durante su desempeño en
el Parlamento como PNP en el quinquenio que está feneciendo, sus
parlamentarios no tuvieron ninguna propuesta alternativa a los del
gobierno aprista, es decir, a los planteamientos neoliberales del señor
Alan García Pérez.
Correspondería
al nuevo gobierno, en lo que queda del 2011, elaborar una propuesta
educativa coherente, moderna, integral, democrática, patriótica
(nacional), acorde con un programa de desarrollo nacional, diferente al
programa neoliberal que nos agobia. De no hacerlo, simplemente
seguiría administrando la crisis educativa y planteando algunos parches
para dar la imagen de "revolución educativa", tal como lo hizo el
régimen de Perú Posible (2001-2006), que dejó al gobierno aprista un
escenario servido para que este profundice la privatización de la
educación.
Si
los principales altos funcionarios de educación que el Presidente
Humala seleccionará para conducir el Ministerio del ramo carecen de un
nuevo ideal educativo, que no sea el neoliberal o el de la vieja
escuela elitista y conservadora, estaríamos, otra vez, frente a un
nuevo fracaso. Los peruanos no hemos votado contra el
fujimontesinismo para eso.
Las líneas para una nueva educación en el Perú
Lo
primero es tener un proyecto educativo nacional ligado a un proyecto
de desarrollo económico y social, ambos diferentes al neoliberalismo.
Sin este proyecto, solo tendremos medidas parciales, espectaculares en
algunos casos (internet en la escuela, una laptop para cada niño,
textos escolares gratuitos, capacitación y evaluación de maestros,
entre otros). Cómo este proyecto integra el trabajo de los gobiernos
regionales de todo el país y no produce redundancias y contradicciones,
como es el caso de la introducción de la municipalización de la
educación que viene produciendo una mayor fragmentación de la educación
pública. Un nuevo proyecto supone una nueva Ley de Educación, los
fines y objetivos de la educación, la estructura del sistema escolar y
el papel central del Estado en la conducción de la educación, cerrando
el paso a la expansión de la educación privada. Supone la potenciación
de la educación pública en todos los sentidos.
Una
segunda cuestión es el nuevo currículo escolar para la educación
básica, de carácter integral y que no suponga la contradicción entre la
orientación científica y la humanista, como lo señala el educador y
filósofo español Fernando Savater (El valor de educar),
como viene ocurriendo con los mitos del "razonamiento verbal" y
"razonamiento matemático", como si el razonamiento humano no supondría
otro tipo de conocimientos, especialmente los culturales y sociales que
gravitan en la conducta humana.
En
tercer lugar, se requiere planificar la educación en términos de metas
cuantitativas y cualitativas: tipos de profesionales para el
desarrollo del país y cuántos hasta tal etapa; maestros requeridos para
cada nivel de la educación; infraestructura necesaria para regular la
carga docente; la asimilación de la niñez y juventud que se encuentra
fuera del sistema escolar; el desarrollo de la educación rural y
fronteriza ligada al trabajo y la proyección del desarrollo social de
esas zonas; el presupuesto necesario y no simplemente lo que la "caja
fiscal" nos permite desde el punto de vista de las regulaciones del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Otro
elemento de fundamental importancia es la unidad de la educación
formal y la educación no formal, estableciendo una política cultural de
apoyo a la educación y no de envilecimiento a través de los medios de
comunicación que hoy imperan en el país, siendo importante, en este
caso, la actuación adecuada del Ministerio de Cultura y del propio
Ministerio de Educación a través del canal del Estado y la edición de
libros con precios accesibles a nuestra educación, además del papel de
apoyo de las municipalidades y los gobiernos regionales en la
organización de bibliotecas públicas, parques ecológicos y de especies
naturales clasificadas.
Un
quinto elemento es la formación universitaria e integral de los nuevos
maestros, que debe estar a cargo de las universidades públicas por su
carácter gratuito y por su mejor desempeño en estas funciones de
formación profesional. Una formación integral, por ciento.
Consideramos
también que la nueva educación debe estar ligada al desarrollo de la
ciencia y la tecnología a cargo de las universidades públicas y de los
científicos peruanos que deben ser convocados para impulsar este
trabajo que nos permita convertirnos, en el largo plazo, en un país
productor de ciencia y tecnología para nuestro desarrollo.
Devolver
al Ministerio de Educación su función de conducción de la educación
nacional, desprivatizando funciones que han devenido en procesos de
corrupción y de falseamiento de resultados, como en el caso de la
alfabetización y de los concursos docentes, por ejemplo. Es
importante que los funcionarios de la educación nacional no estén
ligados al negocio de la educación privada.
Lo
que no puede esperar más: una política magisterial de resguardo de los
derechos docentes, hoy conculcados desde marzo de 1991 y con la
orientación evidente de convertirlos en trabajadores "independientes" y
contratados. Se hace necesaria una nueva Ley Magisterial.
Para
que todo pueda realizarse, el Estado debe asignar, en el plazo
inmediato, por lo menos un presupuesto equivalente al 6% del PBI con
proyección al 8%.
Para
que todo sea posible, el nuevo gobierno requiere evaluar los
resultados de ciertos procesos que se han venido difundiendo como
"exitosos": la alfabetización, la capacitación de maestros, los
concursos para nombramiento e integración a la llamada CPM, los
resultados de las evaluaciones a los estudiantes, la estructura
curricular vigente. Pero también el nuevo gobierno debe derogar todo
el armatoste legal que propicia la privatización de la educación y la
desregulación del trabajo docente.
Mi testimonio como es dirigente del SUTEP
Veo
que hoy, como no ocurrió en el pasado, cobra vigencia el proyecto
educativo del SUTEP que fuera elaborado en 1992 y presentado al CCD en
1993, por primera vez.
Los
neoliberales y ciertos "expertos" han venido diciendo que el sindicato
de los maestros no ha tenido ni tiene una propuesta de educación para
el país. Felizmente, en América Latina, el SUTEP y los sindicatos
magisteriales no solamente han venido luchando por las legítimas
reivindicaciones de los maestros, sino también por una nueva educación
para sus países, enfrentándose a la vieja escuela fracasada y a la
fracasada reforma educativa neoliberal en Chile, Brasil, Ecuador,
Honduras, México, Bolivia y todos los demás países, con excepción de
Cuba, cuya educación socialista es la única que ha logrado democratizar
la educación integral de sus habitantes.
Lima, junio 212 del 2011
lunes, 14 de enero de 2013
LIMA NO PUEDE PARAR. NO A LA REVOCATORIA CORRUPTA Y MAFIOSA
!ABAJO EL TERRORISMO REVOCADOR, QUE TIENE LOS MISMOS METODOS QUE EL SENDERISMO ASESINO!
miércoles, 2 de enero de 2013
JOSE RAMOS BOSMEDIANO:"NUEVA LEY DEL PROFESORADO: CUESTIONES PREVIAS"
Publicado el 14 de agosto del 2012
Un
nueva Ley para los profesores del Perú se empieza a discutir a
propuesta del gobierno del Presidente Ollanta Humala con la
denominación Ley de Desarrollo Docente (LDD), que debe ser aprobado
por el Parlamento para su promulgación, reglamentación y ejecución.
La nueva norma reemplazaría a la denominada Ley del Profesorado (LP,
24029) de 1984, modificada por la Ley 25212 en 1990; también
sustituiría a la Ley de Carrera Pública Magisterial (LCPM, 29062)
promulgada por el segundo gobierno aprista el 2007.
La Ley de 1984 y su modificación de 1990 fue, sobre todo, el fruto de una larga lucha del magisterio organizado en su sindicato, el SUTEP, increíblemente con la oposición de los senderistas que ahora dicen luchar para defenderla (hay que reiterar su eslogan de aquellos años: "la ley no se come"). Igual ocurre con los apristas, quienes consideraban que la LP les pertenecía, pero hoy la consideran indefendible, comprometidos, como están, con el programa neoliberal de su nuevo socio político, el fujimorismo con su impronta corrupta y todo.
La Ley 29062, en cambio, fue promulgada al margen de las opiniones del magisterio y su sindicato, producto de un largo proceso de imposición de la reforma educativa neoliberal, privatizadora de la educación y con una política de desregulación del trabajo docente para, en el mediano plazo, desligar las relaciones laborales de los maestros con el gobierno central. No es casual que los 55 mil docentes incorporados a la LCPM empiezan de cero, hablando de su tiempo de servicios, sin los derechos establecidos en la LP, sometidos a evaluaciones estandarizadas con nulo valor pedagógico.
No se sabe aún los contenidos que finalmente tendrá la nueva Ley, pues los apristas y fujimoristas, amén de otros sectores neoliberales del desacreditado Parlamento, están dispuestos a defender todo lo que contiene la LCPM, sin ninguna concesión a los derechos reivindicativos de los maestros. En tal escenario, preferimos establecer algunas cuestiones previas que permitan entender lo que hoy se propone desde el gobierno como nueva ley docente y qué posibilidades tienen los maestros para defender sus derechos como profesionales y trabajadores de la educación.
Y no es que en las dos leyes en cuestión falten los dos aspectos, pero en la LCPM, con el pretexto de la evaluación, prácticamente se elimina el aspecto de los derechos con un enfoque individualista de la tan mentada meritocracia en tanto "los mejores maestros" llegarían a los últimos niveles del escalafón, consecuentemente a percibir salarios "envidiables" para "los peores maestros", con la consecuencia inevitable de que la mayoría de niños y adolescentes estarían condenados a tener maestros supuestamente ineficientes. En el fondo de este enfoque de la carrera docente está el objetivo de elitizarla para, (1) concentrar el gasto salarial en un grupo pequeño, ahorrando recursos fiscales; (2) dividir a los maestros para debilitar su organización sindical dando paso a un nuevo sindicato de magísteres y doctores en educación, requisitos para acceder a los niveles IV y V. Con esta visión, en el supuesto negado de que sea sincera, nunca se podría mejorar, por lo menos, el destartalado sistema educativo peruano, pues con un grupo mayoritario de maestros mal pagados y considerados "comechados", burros" e "ineficientes", seguiríamos en la misma ruta de la crisis de la educación. Pero como todos los gobernantes del Perú actual, desde alcaldes hasta parlamentarios, magistrados del Poder Judicial, burócratas adecuadamente remunerados, empresarios, amén de empleados privados con cierta holgura salarial, no tienen el menor interés de defender la escuela pública, salvo como pose electoral, ni les interesa el destino de los maestros de esa "escuela de los pobres", pues el ascenso social de sus vástagos está hoy en la educación privada que les seguirá asegurando formar parte del puñado de privilegiados.
Si con el nombre de la nueva Ley que se pretende aprobar muy pronto se logra alejarse de la visión neoliberal de la carrera pública magisterial, se podría contribuir, por lo menos en algo, a superar una parte del problema de la educación peruana, que no es, centralmente, el desempeño docente.
Lo que están defendiendo apristas y fujimoristas es la idea de que no importa el salario de un maestro para que su trabajo sea eficiente ya que logrará ser mejor remunerado cuando haya demostrado ser "el mejor"; mientras tanto, unos 25 años en el mejor de los casos, que siga enseñando y dedicándose al mismo tiempo, para sobrevivir, a otras actividades: taxista, cantinero, profesor en escuelas privadas en uno de los turnos, jornalero en las plantaciones de la burguesía agraria de la costa, vendedor ambulante, ente otras actividades, de las cuales, entre las profesoras, sobresale la venta de los productos de UNIQUE, actividad que les demanda el precioso tiempo de no menos de 3 horas al día.
El papel del maestro en un sistema educativo es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no va más allá de las condiciones sociales que influyen en la escuela, sus propias condiciones de existencia material y espiritual. Su preparación profesional, su vocación forjada a lo largo de esa preparación y del ejercicio mismo de la docencia, su mística como forjador de nuevas generaciones: todo tiene sus límites si la sociedad, a través del Estado, desatiende sus necesidades materiales y espirituales. Para los neoliberales esta visión carece de valor, pues, para ellos, cuanto menos se gasta en la escuela pública más espacio se abre para la expansión de la educación privada. Los apristas se han convertido en los más entusiastas gestores de la visión neoliberal de la educación con el negocio redondo de la Universidad Privada San Martín de Porres bajo la rectoría del ingeniero industrial José Antonio Chang, donde regentan una "Escuela de Gobernabilidad" bajo la batuta del señor Alan García Pérez, cuyos dos gobiernos son objeto de sendos juicios por corrupción, con indicios y hasta pruebas, lo que significa que su "escuela" es un modelo de lo que no se debe hacer en educación ni en gobernabilidad.
Si hay una organización que se ha preocupado permanentemente por el derecho a la educación pública gratuita e integral de todos los peruanos, de la igualdad de oportunidades para todos, de los derechos de los maestros como profesionales y como trabajadores, ha sido el sindicato, el SUTEP, fundado en 1972. Su crecimiento y consolidación como sindicato único se explica por esa consecuencia en la lucha, incluso unida a la resistencia contra todo tipo de dictaduras (uno de los ministros del segundo gobierno del ex Presidente Fernando Belaúnde Terry llegó a decir que durante la dictadura militar de 1968-1980 el SUTEP había salvado la dignidad nacional), mientras los grupos políticos que se unen hoy para combatir al sindicato y oponerse a participar en el proceso de evaluación de los maestros, se coludieron con esas dictaduras y, como es el caso del APRA, asumieron el programa neoliberal de una de las dictaduras más sucias de la historia republicana del Perú: el programa del fujimorismo.
Apristas y fujimoristas tienen doble razón para defender su sacrosanta LCPM, incluso para conservar el mismo nombre en la futura Ley. La principal, mantener los contendidos individualistas de la meritocracia y su evaluación estandarizada, elitistas, de la profesión docente. La segunda, políticamente necesaria para ellos, presionar y chantajear al gobernó para propiciar, por el lado del fujimorismo, medidas judiciales favorables a la mafia en cárcel, aprovechando la ventana abierta por el magistrado fujimorista Javier Villa Stein. Por el lado de los apristas, el chantaje para frenar la investigación que pesa sobre su segundo gobierno por corrupción, pero también por el juicio contra el grupo criminal Rodrigo Franco de su primer gobierno.
El intento actual de promulgar una nueva Ley Docente no se da al margen de la lucha del sindicato de maestros, el SUTEP. Sin su lucha contra ese engendro antipedagógico, antimagisterial y antisindical, la LCPM 2007, no estaríamos en esta etapa de nueva formulación. La persistencia de los sutepistas para traerla abajo no puede ser desconocida por nadie; y los apristas y fujimoristas, amén de todos los neoliberales que defienden la privatización de la educación y la situación de pauperización de los maestros de la escuela pública., lo saben perfectamente. El propio Presidente Humala tuvo que ofrecer restituir los derechos de los docentes para obtener el apoyo de ese sector de trabajadores estatales.
El sindicato, aún con la nefasta presencia del senderismo y su plan divisionista, y de un sector de maestros que siempre han demostrado su indiferencia, cuando no su oposición al SUTEP, seguirá cumpliendo su papel como factor de la lucha por sus derechos magisteriales y por una nueva educación en el Perú, sobre todo por defender la dignidad de los maestros, vistos por los poderosos y sus operadores como "maestritos" que solo tienen derecho a un salario de hambre, casi a ser mendigos y sujetos a las acusaciones más arbitrarias en materia educativa.
Si los "ilustres" legisladores logran aislar al SUTEP de los procesos de evaluación docente y, acaso también, hasta de las comisiones de trabajo administrativo, ello no será una decisión que perjudique principalmente al sindicato, sino a la propia educación, pues la plaga de la corrupción en los organismos intermedios del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales tendrá carta libre para mantenerse y acrecentarse. Me consta, como ex dirigente del SUTEP, que el sindicato ha tenido un rol de primer orden en la fiscalización de las evaluaciones, procesos administrativos y de contratos, incluso en las direcciones de escuela, lo que me recuerda que mi subrogación (al lado de otros maestros en Alto Amazonas, Loreto) de 1976 tuvo como motivo "castigarme" por denunciar irregularidades en un colegio, mientras que los juzgadores y cómplices fueron premiados con cargos de confianza.
Los neoliberales creen que aislando al SUTEP resolverán el problema de la enseñanza, o destruirán al sindicato. Pero su posición, además de ser antidemocrática, al quitar responsabilidad a los maestros de la marcha de la administración de la educación, no sustraerá al gremio la libertad de fiscalizar los procesos administrativos, sin necesidad de tener responsabilidad alguna en ellos. Por el sistema de corrupción imperante en el Perú, la decisión neoliberal sobre la no participación del SUTEP en la evaluación de los maestros tendrá efectos contraproducentes para los supuestos objetivos moralizadores de los apristas y fujimoristas, quienes, en el colmo de la ignorancia, dicen pretender evitar que "el gato sea el despensero", como ellos lo han sido en el manejo del Estado.
Debe quedar claro que el SUTEP tiene todo el derecho de ser considerado como parte en los procesos administrativos y las comisiones correspondientes. Que el Estado no considere esa posibilidad es de su absoluta responsabilidad por las consecuencias que esa decisión traería.
Los docentes de la escuela privada están fuera del alcance de la futura Ley, prueba de que esta no está lejos a de la concepción neoliberal de mantener la división del sistema educativo que prioriza la privatización de la enseñanza. Este enfoque es congruente con el origen social, político y educativo de los coautores de la Ley, desde el Presidente de la República cuyas hijas estudian en la escuela privada, hasta los propios conductores del Ministerio de Educación cuyas concepciones pedagógicas son afines a las del Consorcio de Educadores Católicos, promotores de gran parte de la educación privada. En un marco de concepciones privatizadoras de la educación cualquier reforma que pueda disminuir el peso de lo privado es, simplemente, imposible. Las buenas intenciones y hasta las expresiones de "compromiso con los pobres" carecen de importancia para dignificar a los maestros y crear las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de la función docente.
Es evidente que la derrota fuji-aprista es, en gran parte, una victoria del SUTEP Y de la gran mayoría de los maestros que, con la sabiduría acumulada en 40 años de lucha por sus derechos, rechazaron la política magisterial de esencia neoliberal., pese a la exuberante propaganda desplegada por el gobierno aprista usando a supuestos maestros que coreaban las "bondades" de la LCPM en la TV y en las emisoras radiales. Es casi unánime el positivo criterio de la unificación del magisterio peruano en un solo sistema laboral, necesidad no solamente magisterial, sino educativa.
La nueva ley Magisterial rescata parte de los derechos establecidos en la LP, aunque sin ser especificadas en términos económicos y de financiación.
La presencia de la "meritocracia" como concepción fundamental es parte de la visón neoliberal del gobierno actual y de los coautores del Proyecto, lo que con toda seguridad será refrendada por los congresistas, pues gran parte de ellos son los mismos que dieron su aprobación a la LCPM del gobierno aprista; y casi todos carecen de la capacidad cultural suficiente como para discutir el problema de la educación nacional con criterios plausibles. La concepción meritocrática pretende ser llevada a toda la administración pública y será una fuente permanente de contradicciones entre los trabajadores y no necesariamente factor de eficiencia en el manejo del Estado.
El Proyecto de LDD mantiene el sistema de los contratos para el ejercicio de la docencia durante todo el año lectivo. Los contratos para cubrir licencias o para cubrir horas excedentes son razonables y siempre han existido; pero seguir manteniendo a miles de docentes en contratados no contribuye a mejorar el rendimiento docente ni dar continuidad al proceso enseñanza aprendizaje en las escuelas.
El nuevo proyecto introduce el cuestionable criterio de medir la eficiencia docente según el resultado de los aprendizajes con mediciones que traspasan la evaluación de los maestros en el aula, cuya labor evaluadora quedará sencillamente desautorizada, aprendizajes que "deben producirse" al margen de las condiciones de existencia de los estudiantes, del estado físico de las escuelas y sus carencias pedagógicas que escapan a las posibilidades de los propios maestros. En este procedimiento también está la teoría productivista traída a la educación desde las empresas de la producción material.
En las condiciones actuales del magisterio peruano, principalmente del SUTEP, queda la posibilidad y necesidad de analizar adecuadamente los alcances de la futura LDD según el Proyecto de Ley entregado al Parlamento por el sindicato, que recoge y actualiza lo establecido en la LP, y exigir que la representación sindical sea tenida en cuenta. De ser negada esta posibilidad, el SUTEP tiene todo el derecho de expresarse públicamente y mantener su lucha reivindicativa. Por lo demás, la nueva Ley no reivindicará plenamente a los maestros peruanos, principalmente por los ingredientes neoliberales que mantiene. Considerarla un paso importante no puede hacer ocultar sus limitaciones. Esto lleva a preparar las fuerzas para seguir exigiendo las reivindicaciones no consideradas, incluyendo la lucha por un presupuesto adecuado para la educación, la consideración de los maestros de la educación privada y de los cesantes y jubilados, ambos sectores ausentes en la futura Ley.
Solo un análisis integral del Proyecto de LDD y de la Ley aprobada, con la evaluación de las posibilidades reales del sindicato, se podrá orientar a los maestros para proseguir la lucha por sus justas reivindicaciones y por la defensa de la educación pública gratuita, universal e integral, aspectos indesligables para los maestros.
Ex ministros, ex funcionarios de la burocracia administrativa del Ministerio de Educación y "expertos" que nunca se han opuesto a la reforma educativa neoliberal y su política magisterial, se esmeran hoy en ofrecer sus aportes, sus críticas y hasta su aprobación al contenido de la futura Ley. Nada hicieron por cambiar el armatoste neoliberal en educación, más bien se convirtieron en soportes burocráticos de lo hecho por el fujimorismo y de su prolongación programática actual.
El erróneo mensaje que hoy circula desde el gobierno, desde los "expertos" y desde los medios de comunicación es que con la nueva Ley Docente los maestros aseguran la superación de la crisis de la educación peruana. Mensaje confunde reforma educativa con nuevas condiciones de trabajo para los docentes. Una Ley Docente, más justa que sea, carece de la fuerza suficiente para transformar el sistema educativo en crisis. Esa transformación dependerá de una reforma educacional de fondo. Es la batalla más grande que deben dar los maestros.
La unidad de los maestros, ahora mejor condicionada en torno a un solo sistema laboral, es la tarea central organizativa, especialmente en el sector de los maestros jóvenes que, en las últimas dos décadas, han sido formados con criterios pedagógicos neoliberales e individualistas.
El escollo más difícil de salvar es la división construida por el senderismo con un movimiento centrífugo aprovechando las justas aspiraciones de un sector radicalizado de maestros del sur del país. En el fondo es un movimiento economicista utilizado por el senderismo para sus fines políticos: ensanchar su influencia para exigir la liberación de sus líderes, por un lado, y apoderarse de la dirección del SUTEP, por otro. En su movimiento huelguístico se une el anarquismo más irresponsable con el economicismo de las masas magisteriales descontentas que no ven el problema de conjunto. A los fujimoristas y a los apristas les favorece este movimiento, pues ellos también quisieran de todo se convierta en nebulosa para ocultar sus trapacerías. Como dijo Robespierre cuando deslindaba contra los "radicales" que pregonaban la guerra y los moderados girondinos que buscaban la salvación del Rey Luis XVI, "ambos polos se juntan", en este caso los senderistas y los fuji-apristas para destruir el SUTEP.
Fuente: http://diariolaregion.com/web/2012/08/14/nueva-ley-del-profesorado-cuestiones-previas/
Por: José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP (Perú)
La Ley de 1984 y su modificación de 1990 fue, sobre todo, el fruto de una larga lucha del magisterio organizado en su sindicato, el SUTEP, increíblemente con la oposición de los senderistas que ahora dicen luchar para defenderla (hay que reiterar su eslogan de aquellos años: "la ley no se come"). Igual ocurre con los apristas, quienes consideraban que la LP les pertenecía, pero hoy la consideran indefendible, comprometidos, como están, con el programa neoliberal de su nuevo socio político, el fujimorismo con su impronta corrupta y todo.
La Ley 29062, en cambio, fue promulgada al margen de las opiniones del magisterio y su sindicato, producto de un largo proceso de imposición de la reforma educativa neoliberal, privatizadora de la educación y con una política de desregulación del trabajo docente para, en el mediano plazo, desligar las relaciones laborales de los maestros con el gobierno central. No es casual que los 55 mil docentes incorporados a la LCPM empiezan de cero, hablando de su tiempo de servicios, sin los derechos establecidos en la LP, sometidos a evaluaciones estandarizadas con nulo valor pedagógico.
No se sabe aún los contenidos que finalmente tendrá la nueva Ley, pues los apristas y fujimoristas, amén de otros sectores neoliberales del desacreditado Parlamento, están dispuestos a defender todo lo que contiene la LCPM, sin ninguna concesión a los derechos reivindicativos de los maestros. En tal escenario, preferimos establecer algunas cuestiones previas que permitan entender lo que hoy se propone desde el gobierno como nueva ley docente y qué posibilidades tienen los maestros para defender sus derechos como profesionales y trabajadores de la educación.
La cuestión del nombre de la Ley
Tengo
la certeza de que los autores del Proyecto han querido distanciarse de
las leyes que pretenden derogar y han elegido una denominación que
contiene los dos aspectos que comprende ser maestro: el de agente
principal de la educación, formador en las aulas y responsable
principal del proceso enseñanza-aprendizaje; y el de sujeto de
derechos como trabajador de la enseñanza. Según estos criterios la
denominación (LDD) sería pertinente, pero observando que no se aleja
de la concepción neoliberal que contiene la LCPM.Y no es que en las dos leyes en cuestión falten los dos aspectos, pero en la LCPM, con el pretexto de la evaluación, prácticamente se elimina el aspecto de los derechos con un enfoque individualista de la tan mentada meritocracia en tanto "los mejores maestros" llegarían a los últimos niveles del escalafón, consecuentemente a percibir salarios "envidiables" para "los peores maestros", con la consecuencia inevitable de que la mayoría de niños y adolescentes estarían condenados a tener maestros supuestamente ineficientes. En el fondo de este enfoque de la carrera docente está el objetivo de elitizarla para, (1) concentrar el gasto salarial en un grupo pequeño, ahorrando recursos fiscales; (2) dividir a los maestros para debilitar su organización sindical dando paso a un nuevo sindicato de magísteres y doctores en educación, requisitos para acceder a los niveles IV y V. Con esta visión, en el supuesto negado de que sea sincera, nunca se podría mejorar, por lo menos, el destartalado sistema educativo peruano, pues con un grupo mayoritario de maestros mal pagados y considerados "comechados", burros" e "ineficientes", seguiríamos en la misma ruta de la crisis de la educación. Pero como todos los gobernantes del Perú actual, desde alcaldes hasta parlamentarios, magistrados del Poder Judicial, burócratas adecuadamente remunerados, empresarios, amén de empleados privados con cierta holgura salarial, no tienen el menor interés de defender la escuela pública, salvo como pose electoral, ni les interesa el destino de los maestros de esa "escuela de los pobres", pues el ascenso social de sus vástagos está hoy en la educación privada que les seguirá asegurando formar parte del puñado de privilegiados.
Si con el nombre de la nueva Ley que se pretende aprobar muy pronto se logra alejarse de la visión neoliberal de la carrera pública magisterial, se podría contribuir, por lo menos en algo, a superar una parte del problema de la educación peruana, que no es, centralmente, el desempeño docente.
La cuestión del papel de los maestros en la crisis de la educación
Es
decir, de la Ley que establece sus derechos y obligaciones. En los
tiempos que corren desde la imposición de la reforma educativa
neoliberal, hace ya 20 años, se ha vuelto un lugar común para
"expertos" e ignorantes en teoría educativa que el culpable de la
crisis de la educación en el Perú es el magisterio de la escuela
pública. Este discurso se viene repitiendo y está en la base de toda
la argumentación que propicia la evaluación estandarizada de los
maestros para "seleccionar a los mejores". El Banco Mundial ha promovido
esta visión en todos los países latinoamericanos a partir de la
desastrosa experiencia chilena que está exhibiendo hoy el fracaso de
la reforma neoliberal, donde los únicos que no han fracasado son los
dueños de la educación privada subvencionada por el Estado chileno,
con altas tasas de ganancias y resultados de mayores desigualdades
educativas, reforma que va atada al programa económico neoliberal de
los "Chicago Boys". Los reformadores y evaluadores neoliberales
pueden sorprender con su mediocre teoría a los que desconocen los
procesos de reforma que, bajo esos parámetros, se han producido en
Colombia, Honduras, México, la Nicaragua bajo el neoliberalismo de los
90 del siglo XX, Bolivia de Sánchez de Lozada, etc., experiencias
analizadas, con algún optimismo, por el profesor José Rivero en un
libro singular escrito en aquella década.Lo que están defendiendo apristas y fujimoristas es la idea de que no importa el salario de un maestro para que su trabajo sea eficiente ya que logrará ser mejor remunerado cuando haya demostrado ser "el mejor"; mientras tanto, unos 25 años en el mejor de los casos, que siga enseñando y dedicándose al mismo tiempo, para sobrevivir, a otras actividades: taxista, cantinero, profesor en escuelas privadas en uno de los turnos, jornalero en las plantaciones de la burguesía agraria de la costa, vendedor ambulante, ente otras actividades, de las cuales, entre las profesoras, sobresale la venta de los productos de UNIQUE, actividad que les demanda el precioso tiempo de no menos de 3 horas al día.
El papel del maestro en un sistema educativo es fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no va más allá de las condiciones sociales que influyen en la escuela, sus propias condiciones de existencia material y espiritual. Su preparación profesional, su vocación forjada a lo largo de esa preparación y del ejercicio mismo de la docencia, su mística como forjador de nuevas generaciones: todo tiene sus límites si la sociedad, a través del Estado, desatiende sus necesidades materiales y espirituales. Para los neoliberales esta visión carece de valor, pues, para ellos, cuanto menos se gasta en la escuela pública más espacio se abre para la expansión de la educación privada. Los apristas se han convertido en los más entusiastas gestores de la visión neoliberal de la educación con el negocio redondo de la Universidad Privada San Martín de Porres bajo la rectoría del ingeniero industrial José Antonio Chang, donde regentan una "Escuela de Gobernabilidad" bajo la batuta del señor Alan García Pérez, cuyos dos gobiernos son objeto de sendos juicios por corrupción, con indicios y hasta pruebas, lo que significa que su "escuela" es un modelo de lo que no se debe hacer en educación ni en gobernabilidad.
La cuestión del papel del sindicato magisterial
La
Resolución Relativa a los Maestros que la UNESCO aprobó el 5 de
octubre de 1966 establece que los estados tienen la obligación de
tener en cuenta las opiniones de los enseñantes o maestros sobre
políticas educativas. El Perú es firmante de esa Resolución, que
además establece la obligación de reconocer los derechos laborales y
profesionales de los docentes, incluyendo el derecho a la
sindicalización.Si hay una organización que se ha preocupado permanentemente por el derecho a la educación pública gratuita e integral de todos los peruanos, de la igualdad de oportunidades para todos, de los derechos de los maestros como profesionales y como trabajadores, ha sido el sindicato, el SUTEP, fundado en 1972. Su crecimiento y consolidación como sindicato único se explica por esa consecuencia en la lucha, incluso unida a la resistencia contra todo tipo de dictaduras (uno de los ministros del segundo gobierno del ex Presidente Fernando Belaúnde Terry llegó a decir que durante la dictadura militar de 1968-1980 el SUTEP había salvado la dignidad nacional), mientras los grupos políticos que se unen hoy para combatir al sindicato y oponerse a participar en el proceso de evaluación de los maestros, se coludieron con esas dictaduras y, como es el caso del APRA, asumieron el programa neoliberal de una de las dictaduras más sucias de la historia republicana del Perú: el programa del fujimorismo.
Apristas y fujimoristas tienen doble razón para defender su sacrosanta LCPM, incluso para conservar el mismo nombre en la futura Ley. La principal, mantener los contendidos individualistas de la meritocracia y su evaluación estandarizada, elitistas, de la profesión docente. La segunda, políticamente necesaria para ellos, presionar y chantajear al gobernó para propiciar, por el lado del fujimorismo, medidas judiciales favorables a la mafia en cárcel, aprovechando la ventana abierta por el magistrado fujimorista Javier Villa Stein. Por el lado de los apristas, el chantaje para frenar la investigación que pesa sobre su segundo gobierno por corrupción, pero también por el juicio contra el grupo criminal Rodrigo Franco de su primer gobierno.
El intento actual de promulgar una nueva Ley Docente no se da al margen de la lucha del sindicato de maestros, el SUTEP. Sin su lucha contra ese engendro antipedagógico, antimagisterial y antisindical, la LCPM 2007, no estaríamos en esta etapa de nueva formulación. La persistencia de los sutepistas para traerla abajo no puede ser desconocida por nadie; y los apristas y fujimoristas, amén de todos los neoliberales que defienden la privatización de la educación y la situación de pauperización de los maestros de la escuela pública., lo saben perfectamente. El propio Presidente Humala tuvo que ofrecer restituir los derechos de los docentes para obtener el apoyo de ese sector de trabajadores estatales.
El sindicato, aún con la nefasta presencia del senderismo y su plan divisionista, y de un sector de maestros que siempre han demostrado su indiferencia, cuando no su oposición al SUTEP, seguirá cumpliendo su papel como factor de la lucha por sus derechos magisteriales y por una nueva educación en el Perú, sobre todo por defender la dignidad de los maestros, vistos por los poderosos y sus operadores como "maestritos" que solo tienen derecho a un salario de hambre, casi a ser mendigos y sujetos a las acusaciones más arbitrarias en materia educativa.
Si los "ilustres" legisladores logran aislar al SUTEP de los procesos de evaluación docente y, acaso también, hasta de las comisiones de trabajo administrativo, ello no será una decisión que perjudique principalmente al sindicato, sino a la propia educación, pues la plaga de la corrupción en los organismos intermedios del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales tendrá carta libre para mantenerse y acrecentarse. Me consta, como ex dirigente del SUTEP, que el sindicato ha tenido un rol de primer orden en la fiscalización de las evaluaciones, procesos administrativos y de contratos, incluso en las direcciones de escuela, lo que me recuerda que mi subrogación (al lado de otros maestros en Alto Amazonas, Loreto) de 1976 tuvo como motivo "castigarme" por denunciar irregularidades en un colegio, mientras que los juzgadores y cómplices fueron premiados con cargos de confianza.
Los neoliberales creen que aislando al SUTEP resolverán el problema de la enseñanza, o destruirán al sindicato. Pero su posición, además de ser antidemocrática, al quitar responsabilidad a los maestros de la marcha de la administración de la educación, no sustraerá al gremio la libertad de fiscalizar los procesos administrativos, sin necesidad de tener responsabilidad alguna en ellos. Por el sistema de corrupción imperante en el Perú, la decisión neoliberal sobre la no participación del SUTEP en la evaluación de los maestros tendrá efectos contraproducentes para los supuestos objetivos moralizadores de los apristas y fujimoristas, quienes, en el colmo de la ignorancia, dicen pretender evitar que "el gato sea el despensero", como ellos lo han sido en el manejo del Estado.
Debe quedar claro que el SUTEP tiene todo el derecho de ser considerado como parte en los procesos administrativos y las comisiones correspondientes. Que el Estado no considere esa posibilidad es de su absoluta responsabilidad por las consecuencias que esa decisión traería.
La cuestión de los derechos docentes
Según
la lectura del primer proyecto de la LDD hay un conjunto de derechos
magisteriales recogidos de la LP, aun cuando no se fija bien el derecho a
la estabilidad laboral, fundamental para los maestros y para todo
trabajador, derecho tan venido a menos en el Perú neoliberal que
vivimos, en aras de la "productividad" y la "competitividad", cuando
no de la "calidad del servicio".Los docentes de la escuela privada están fuera del alcance de la futura Ley, prueba de que esta no está lejos a de la concepción neoliberal de mantener la división del sistema educativo que prioriza la privatización de la enseñanza. Este enfoque es congruente con el origen social, político y educativo de los coautores de la Ley, desde el Presidente de la República cuyas hijas estudian en la escuela privada, hasta los propios conductores del Ministerio de Educación cuyas concepciones pedagógicas son afines a las del Consorcio de Educadores Católicos, promotores de gran parte de la educación privada. En un marco de concepciones privatizadoras de la educación cualquier reforma que pueda disminuir el peso de lo privado es, simplemente, imposible. Las buenas intenciones y hasta las expresiones de "compromiso con los pobres" carecen de importancia para dignificar a los maestros y crear las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de la función docente.
La cuestión del "qué hacer" frente a la nueva Ley
El
hecho mismo de una nueva Ley Magisterial constituye una derrota
política al proyecto aprista-fujimorista que buscó dividir a los
maestros ("excelentes" / "mediocres") y al sindicato creando una
"elite" mejor remunerada por igual trabajo, hecho contrario al
principio laboral universal de "igual remuneración por igual trabajo",
lo que solo puede variar con el tiempo se servicios y el acceso en
la escala de carrera profesional.Es evidente que la derrota fuji-aprista es, en gran parte, una victoria del SUTEP Y de la gran mayoría de los maestros que, con la sabiduría acumulada en 40 años de lucha por sus derechos, rechazaron la política magisterial de esencia neoliberal., pese a la exuberante propaganda desplegada por el gobierno aprista usando a supuestos maestros que coreaban las "bondades" de la LCPM en la TV y en las emisoras radiales. Es casi unánime el positivo criterio de la unificación del magisterio peruano en un solo sistema laboral, necesidad no solamente magisterial, sino educativa.
La nueva ley Magisterial rescata parte de los derechos establecidos en la LP, aunque sin ser especificadas en términos económicos y de financiación.
La presencia de la "meritocracia" como concepción fundamental es parte de la visón neoliberal del gobierno actual y de los coautores del Proyecto, lo que con toda seguridad será refrendada por los congresistas, pues gran parte de ellos son los mismos que dieron su aprobación a la LCPM del gobierno aprista; y casi todos carecen de la capacidad cultural suficiente como para discutir el problema de la educación nacional con criterios plausibles. La concepción meritocrática pretende ser llevada a toda la administración pública y será una fuente permanente de contradicciones entre los trabajadores y no necesariamente factor de eficiencia en el manejo del Estado.
El Proyecto de LDD mantiene el sistema de los contratos para el ejercicio de la docencia durante todo el año lectivo. Los contratos para cubrir licencias o para cubrir horas excedentes son razonables y siempre han existido; pero seguir manteniendo a miles de docentes en contratados no contribuye a mejorar el rendimiento docente ni dar continuidad al proceso enseñanza aprendizaje en las escuelas.
El nuevo proyecto introduce el cuestionable criterio de medir la eficiencia docente según el resultado de los aprendizajes con mediciones que traspasan la evaluación de los maestros en el aula, cuya labor evaluadora quedará sencillamente desautorizada, aprendizajes que "deben producirse" al margen de las condiciones de existencia de los estudiantes, del estado físico de las escuelas y sus carencias pedagógicas que escapan a las posibilidades de los propios maestros. En este procedimiento también está la teoría productivista traída a la educación desde las empresas de la producción material.
En las condiciones actuales del magisterio peruano, principalmente del SUTEP, queda la posibilidad y necesidad de analizar adecuadamente los alcances de la futura LDD según el Proyecto de Ley entregado al Parlamento por el sindicato, que recoge y actualiza lo establecido en la LP, y exigir que la representación sindical sea tenida en cuenta. De ser negada esta posibilidad, el SUTEP tiene todo el derecho de expresarse públicamente y mantener su lucha reivindicativa. Por lo demás, la nueva Ley no reivindicará plenamente a los maestros peruanos, principalmente por los ingredientes neoliberales que mantiene. Considerarla un paso importante no puede hacer ocultar sus limitaciones. Esto lleva a preparar las fuerzas para seguir exigiendo las reivindicaciones no consideradas, incluyendo la lucha por un presupuesto adecuado para la educación, la consideración de los maestros de la educación privada y de los cesantes y jubilados, ambos sectores ausentes en la futura Ley.
Solo un análisis integral del Proyecto de LDD y de la Ley aprobada, con la evaluación de las posibilidades reales del sindicato, se podrá orientar a los maestros para proseguir la lucha por sus justas reivindicaciones y por la defensa de la educación pública gratuita, universal e integral, aspectos indesligables para los maestros.
Ex ministros, ex funcionarios de la burocracia administrativa del Ministerio de Educación y "expertos" que nunca se han opuesto a la reforma educativa neoliberal y su política magisterial, se esmeran hoy en ofrecer sus aportes, sus críticas y hasta su aprobación al contenido de la futura Ley. Nada hicieron por cambiar el armatoste neoliberal en educación, más bien se convirtieron en soportes burocráticos de lo hecho por el fujimorismo y de su prolongación programática actual.
El erróneo mensaje que hoy circula desde el gobierno, desde los "expertos" y desde los medios de comunicación es que con la nueva Ley Docente los maestros aseguran la superación de la crisis de la educación peruana. Mensaje confunde reforma educativa con nuevas condiciones de trabajo para los docentes. Una Ley Docente, más justa que sea, carece de la fuerza suficiente para transformar el sistema educativo en crisis. Esa transformación dependerá de una reforma educacional de fondo. Es la batalla más grande que deben dar los maestros.
La unidad de los maestros, ahora mejor condicionada en torno a un solo sistema laboral, es la tarea central organizativa, especialmente en el sector de los maestros jóvenes que, en las últimas dos décadas, han sido formados con criterios pedagógicos neoliberales e individualistas.
El escollo más difícil de salvar es la división construida por el senderismo con un movimiento centrífugo aprovechando las justas aspiraciones de un sector radicalizado de maestros del sur del país. En el fondo es un movimiento economicista utilizado por el senderismo para sus fines políticos: ensanchar su influencia para exigir la liberación de sus líderes, por un lado, y apoderarse de la dirección del SUTEP, por otro. En su movimiento huelguístico se une el anarquismo más irresponsable con el economicismo de las masas magisteriales descontentas que no ven el problema de conjunto. A los fujimoristas y a los apristas les favorece este movimiento, pues ellos también quisieran de todo se convierta en nebulosa para ocultar sus trapacerías. Como dijo Robespierre cuando deslindaba contra los "radicales" que pregonaban la guerra y los moderados girondinos que buscaban la salvación del Rey Luis XVI, "ambos polos se juntan", en este caso los senderistas y los fuji-apristas para destruir el SUTEP.
Fuente: http://diariolaregion.com/web/2012/08/14/nueva-ley-del-profesorado-cuestiones-previas/
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