5 DE ABRIL DE 1992 DE ABRIL: GOLPE DE ESTADO NEOLIBERAL EN EL PERU.

lunes 9 de abril de 2012

José Ramos Bosmediano

El 5 de abril de 1992 la cúpula gobernante presidida por Alberto Fujimori Fujimori, cuyo gobierno se inició el 28 de julio de 1990, perpetró un golpe de Estado a las 10 de la noche, anunciando que iniciaría un “gobierno de reconstrucción nacional”. La justificación formal del golpe de Estado coincidía con el sentimiento de la mayoría de los peruanos sobre el accionar de las instituciones del Estado y la situación económica y política del país: un Poder Legislativo convertido en un verdadero “Establo de Augías”, un Poder Judicial totalmente desprestigiado por su accionar corrupto, una economía quebrada cuya expresión más rotunda era la hiperinflación del primer gobierno aprista, y un proceso de violencia política que tenía como protagonistas Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y las Fuerzas Armadas con su aparato de represión indiscriminada. A esos elementos favorables al golpe de Estado debe agregarse la crisis política en su conjunto, con las fuerzas revolucionarias de izquierda que, luego de un largo proceso de prédica a favor de la lucha armada por el poder, no habían pasado de conquistar electoralmente un importante número de municipalidades y algunos gobiernos regionales, de cuya administración no hay nada que rescatar como sustancialmente diferente a lo actuado por la derecha en tales gobiernos. A lo que debe agregarse el ostensible declive del movimiento popular y sindical, cuya beligerancia tuvo su momento más importante entre 1977 y 1979, configurando una situación pre revolucionaria que obligó a la dictadura militar encabezada por el General Francisco Morales Bermúdez Cerrutti la convocatoria a una Asamblea Constituyente y a nuevas elecciones generales: la vuelta a la democracia formal de siempre. Cuando Sendero Luminoso se lanza a su aventura anarco-terrorista en abril de 1980, el movimiento de masas en el Perú estaba en franco proceso de debilitamiento y reflujo, proceso que se aceleró durante toda la década con los despidos masivos de trabajadores y el debilitamiento de los sindicatos.

LAS MOTIVACIONES APARENTES DE UN  FELON

La dictadura que se inició el 5 de abril, para hacer más creíbles sus argumentos y evitar, de paso, algunas reacciones que alborotarían la nueva situación, cerró el Parlamento y ordenó la detención de tres parlamentarios, amagando también la persecución del ex Presidente Alan García Pérez, además de tomar los locales del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) que era conducido por el autor del presente texto como Secretario General, y de la CGTP, central de los trabajadores del Perú fundado por José Carlos Mariátegui en 1929.

El nuevo régimen dijo que sus propósitos fundamentales eran: acabar con la crisis económica y reconstruir el país, derrotar la violencia de los alzados en armas y eliminar la corrupción. Exactamente lo que la mayoría de peruanos sentía como hechos necesarios, que explicaba el más de 80% de apoyo de la población al golpe de Estado y, por supuesto, la misma proporción de rechazo a la llamada democracia que ha imperado en el Perú republicano y que hoy también merece la misma reprobación, y a la que los mismos fujimoristas que le apedrearon hace 20 años se han acomodado y aspiran administrarla sin que ninguna de sus taras haya sido eliminada.

A los 20 años de aquel golpecillo de traficantes del poder en el Perú, los políticos y “analistas” se refieren a él con criterios tan superficiales que solo sirven para justificar su defensa del sistema económico y social imperante antes y después del golpe de Fujimori y Montesinos, mediocres y despreciables personajes creados por las no menos despreciables circunstancias políticas.

LA RAZON DE FONDO DEL GOLPE DE ESTADO DEL 5 DE ABRIL DE 1992 

Entre 1960 y 1980 el Perú asistió a dos posibilidades de su existencia como país: o se mantenía el sistema económico y social impuesto por las clases dominantes bajo la férula del imperialismo; o la creación de un orden nuevo, que no sería otro que el socialismo.

La posibilidad de una revolución en el Perú se tornó más clara a principios de los años 60 del siglo XX cuando aparecieron, en el ambiente de avance de los movimientos revolucionarios en el mundo y en América Latina, por lo menos dos fuerzas guerrilleras que actuaron entre 1963 y 1966, derrotados definitivamente como tales.

Vino después el proceso de reformas burguesas de la dictadura militar instalada el 3 de octubre de 1968 en el marco de las reformas preventivas de la Alianza para el Progreso, cuyo objetivo fundamental era neutralizar y derrotar la ola revolucionaria en nuestra América de aquellos años. Las reformas velasquistas de 1968-1975, si bien es cierto finiquitaron el ocaso de la vieja oligarquía (terratenientes y burguesía comercial-financiera) y generaron, eventualmente, un nuevo trato con el capital imperialista, no constituyó una transformación estructural de fondo, pues los viejos mecanismos del poder seguían enfrentados a las clases explotadas. Bastó que un felón y bribón diera el golpe de Estado el 29 de agosto de 1975 para que todo el andamiaje de reformas se viniera abajo sin que nadie se haya preocupado en defender al régimen de la “primera fase”. Fueron las clases explotadas (clase obrera, clase campesina y pequeña burguesía empobrecida de las ciudades) las que siguieron luchando en las calles y en el campo, mientras que la derecha solo esperaba un mejor momento para participar en el nuevo proceso electoral programado para abril de 1980. No hay que olvidar que el APRA, con Haya de la Torre todavía, se alió, en la práctica, a la dictadura de Morales Bermúdez, oponiéndose y boicoteando las huelgas de los trabajadores.

Las clases dominantes en el poder durante los años 80 fueron incapaces de dar al Perú un rumbo diferente como para acabar con la crisis generalizada de la sociedad, cuya expresión más visible era la crisis económica marcada por la impagable deuda externa que tenía acogotado al país y cuyo pago exigía reducir los presupuestos públicos en educación, salud y otros servicios sociales, además de reducir los salarios de los trabajadores del Estado: un evidente deterioro de la vida social que exigía cambios inmediatos.

La alternativa violentista de Sendero Luminoso y del MRTA se tornaron en obstáculos para la organización revolucionaria de las masas, mientras la Izquierda Unida, constituida como un referente progresista para amplios sectores populares, no pasó de una mera fuerza electoral llena de contradicciones internas que, al final, la volvieron intransitable, incluso como unidad política.

En tales circunstancias del Perú se presentaba, en el plano internacional, el nuevo orden capitalista con su modelo neoliberal ante el fracaso del “Estado del Bienestar” y del modelo de “sustitución de Importaciones” en América Latina, neoliberalismo elaborado como programa de largo plazo para garantizar que las tasas de ganancia del gran capital se recuperaran a los niveles que alcanzaron durante las décadas pasadas (1950-1970). Esta ola ya se llegaba a percibir en el Perú desde los “paquetazos” y los brotes de privatización de la dictadura de Morales Bermúdez, la reprimarización de la economía peruana del segundo belaundismo (1980-1985), pero también desde el primer gobierno aprista (1985-1990) con dos nuevos “paquetazos” encubiertos con la verborrea del “no pago de la deuda externa” que, por lo demás, el gobierno del Presidente Belaúnde dejó de pagar por insolvencia desde 1984. En realidad, la aún presencia de un movimiento obrero y popular todavía con cierta capacidad de respuesta, impedía a los gobiernos de los 80 imponer el neoliberalismo, tal como se estaba desarrollando en Chile desde el golpe de Estado de Augusto Pinochet Ugarte, y desde 1988 en Brasil con el Presidente Collor de Melo, para hablar solo de América Latina.

En el Perú de fines de los 80 y principios de los 90 las condiciones para imponer el nuevo modelo no eran, pues, muy propicias. Es así que la propuesta neoliberal de Mario Vargas Llosa, notable predicador de los intereses de la gran burguesía internacional, no mereció sino el rechazo del pueblo peruano, incluyendo algunos sectores liberales influidos por el keinesianismo de décadas pasadas y, por supuesto, de las fuerzas de la dividida izquierda. Ante la prédica neoliberal de Vargas Llosa que incluía la privatización de la educación y un shock que ya había producido el “caracazo” en Venezuela, la tendencia electoral fundamental de 1990 se inclinó, aun antes de la primera vuelta, hacia “Cambio 90” de Alberto Fujimori Fujimori, cuyo equipo inicial de asesores estaba formado por militantes de uno de los partidos de la izquierda peruana, despedidos luego de la victoria en segunda vuelta. En junio de 1990 triunfó la posición del “no shock”.

El shock neoliberal del 8 de agosto de 1990 perpetrado por el fujimorismo bajo la invocación de Dios (“que Dios nos ayude”, terminó diciendo el delincuente ex Ministro de Economía y Finanzas Hurtado Miller) avizoraba el programa neoliberal que el nuevo Presidente había negado durante la campaña electoral. Luego vinieron el plan para la reducción del aparato estatal y el consiguiente despido masivo de trabajadores públicos, el congelamiento de los derechos de estos trabajadores, el proyecto de una Ley antiterrorista que arrasaba con los derechos humanos, encontrando en la oposición parlamentaria de derecha e izquierda un obstáculo, pero también en el movimiento sindical que en 1991 desarrolló un vasto movimiento huelguístico que comprometió a los trabajadores estatales y al proletariado minero, siendo la huelga del SUTEP el movimiento más importante que durante 109 días enfrentó el plan de privatización de la educación que luego se plasmaría legalmente con el Decreto Legislativo 699 y los Decretos Leyes 26011, 26012 y 26013, derogados por la presión de los maestros pero hoy revividos en la nueva Ley de Educación 28044 (2003) y en la Ley de Carrera Pública Magisterial 29262 (2007).

Lo que hoy ocultan los analistas de la derecha peruana es que el golpe del 5 de abril fue planificado y ejecutado por los dueños del gran capital nacional e internacional, sus operadores políticos y militares de aquellos años bajo las orientaciones de los organismos internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, a los que se sumó la Organización Mundial del Comercio que norma los TLC) como bien lo afirma el sociólogo Sinesio López Jiménez (“El fujimorismo en su lugar”. La República de Lima, 08/05/2012, p. 10), ha tenido como motivación y objetivo fundamental imponer el programa neoliberal a través de un régimen autoritario, pues es por todos conocido que las políticas neoliberales no podrían merecer el apoyo del pueblo mediante consultas populares.

La aplicación del modelo neoliberal se configuró “constitucionalmente” el 31 de octubre de 1993 con la aprobación fraudulenta de una nueva Constitución que estableció normas contrarias a las de la Constitución aprobada en 1978, que recogía importantes reivindicaciones de los trabajadores y del pueblo, el carácter regulador del Estado liberal y su rol conductor de la economía y los servicios frente al capital privado nacional y extranjero, a diferencia de la actual Constitución neoliberal que reduce al Estado peruano a la subsidiariedad frente al capital internacional. Con el golpe de Estadlo de 1992 se impone en el Perú una reorientación del capitalismo tendiente a privatizar el aparato económico y los servicios básicos, desregular las relaciones laborales destruyendo los derechos de los trabajadores públicos y privados, poner a disposición de los grandes inversionistas los recursos naturales a través de contratos leoninos e inmodificables en el largo plazo.

Después de 20 años de aquel golpe de mano el Perú se ha convertido en un Estado neoliberal, débil para las transnacionales y los monopolios nacionales, pero muy duro para el pueblo y los trabajadores, cuyos reclamos y protestas son respondidos, desde el gobierno central, con la policía y las fuerzas armadas a las que el nuevo Presidente de la “gran transformación” acaba de reivindicar como las “fuerzas tutelaras de la patria”, título que la vieja oligarquía inventó para mantenerlas al lado de los poderosos en nombre de la patria, precisamente.

Este objetivo fundamental explica fehacientemente el apoyo cohesionado de la gran burguesía peruana, de los organismos internacionales del capitalismo y de los dueños de los grandes medios de comunicación, convertidos en parlantes del fujimontesinismo.

En el nuevo clima del libre mercado en su extrema expresión florecieron los negocios a costa del Estado sin respetar, incluso, las normas de procedimiento, dando paso a la corrupción más envilecedora que se extendió hasta los niveles más bajos de la administración pública; corrupción y robo que, solo calculando lo apropiado por la cúpula gobernante, asciende a los 6 mil millones de dólares americanos, de los cuales no se ha recuperado ni el 5%. A partir de esta situación los gobernantes de los últimos cincuenta años suelen afirmar que ellos no robaron tanto, en una especie de concurso grotesco y despreciable sobre quién robó menos.

La situación del Perú como país primario-exportador, con la presencia arrogante de los depredadores de los recursos naturales y del medio ambiente, con una “canasta básica familiar” de 268 soles mensuales considerada como superación de la pobreza según la cínica estadística del actual gobierno, los numerosos conflictos medioambientales cuya “solución” siempre es favorable a las transnacionales de la minería y de los hidrocarburos, la existencia de los service como modalidad de la nueva esclavitud asalariada de millones de trabajadores obligados a laborar 12 horas diarias, el avance de la educación y la salud en manos privadas y el deterioro consiguiente de esos servicios públicos, el imperio del narcotráfico en numerosas regiones del país, entre otros elementos del orden neoliberal imperante, son impensables sin el golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Es lo que enorgullece al pequeño grupo que se ha beneficiado y que apoyó al fujimorismo en el último proceso electoral y que seguirá dispuesto, qué duda cabe, a jugarse entero en un nuevo proceso electoral si las circunstancias lo ameritan. Por hoy, ese grupo está contento con la continuidad del programa neoliberal a partir del 2000, como lo están los organismos internacionales que proclaman al Perú como una “economía envidiable”.

La actual administración del Presidente Ollanta Humala se ha convertido en la nueva defensora del programa neoliberal, acicalándolo con algún cambio irrelevantes, pero decidiendo a favor de la Newmont-Yanacocha en Cajamarca, por ejemplo.

¿Cómo no han de sentirse orgullosos de su oscuro accionar los fujimoristas si los “demócratas” neoliberales están orgullos de su herencia”

¿Y LA POLITICA DE "PACIFICACION"?

La “pacificación” fujimorista tuvo dos objetivos: derrotar a Sendero Luminoso y al MRTA, por un lado y, por otro, al movimiento sindical y popular que, aunque debilitado, no estaba dispuesto a mantenerse inerte ante los atropellos contra sus derechos.

Fueron tantos los crímenes del senderismo y tan contraproducentes sus tesis sobre la violencia como un fin en sí misma, que su derrota se venía produciendo a contrapelo de su proclamado “equilibrio estratégico” que solo existía en la cabeza del metafísico Abimael Guzmán Reynoso. Desde 1988 Sendero Luminoso dejó de tener presencia en los numerosos sindicatos obreros que conducía en la gran Lima. Su presencia en el movimiento magisterial del SUTEP se convirtió en un pequeño grupo cada vez más aislado de las masas, solamente tenido como “preponderante” por la prensa fujimorista y periodistas que hoy se proclaman “líderes de opinión” con el objetivo de desconocer al sindicato y justificar la reforma educativa neoliberal.

Sendero Luminoso, pues, no solamente estaba acorralado por su aislamiento respecto de las masas, sino que también estaba infiltrado, lo que facilitó al SEIN (Sistema Especial de Inteligencia creado durante el primer gobierno aprista y no por el fujimorismo) la ubicación exacta de Guzmán Reynoso y demás líderes de su dirección central, al margen del accionar criminal de las Fuerzas Armadas y su grupo clandestino COLINA.

Tal como ocurrió con su conquista electoral de 1990, que le cayó del árbol ampuloso de la verborrea neoliberal de Mario Vargas Llosa, la detención del “Camarada Gonzalo” no fue el producto de una estrategia de Fujimori-Montesinos, sino el acontecimiento que ocurrió un día en que el Presidente Fujimori descansaba fuera de Lima.

La derrota del MRTA fue menos espectacular en correspondencia con su menor trascendencia como fuerza insurgente. No tenía la estructura nacional del senderismo ni la ideología revolucionaria, así sea plagada de campesinismo y anarquismo, de Sendero Luminoso con su “maoísmo” estentóreo y desfasado de la situación económica y social del Perú de fines del siglo XX. Cuando conocí directamente a Abimael en 1975, en su propio “territorio” político, me defraudó como expositor y mucho más como argumentador. Pero ya era el ídolo de sus seguidores.

Pero al lado de la lucha contra el terrorismo al fujimorismo le interesó más hacer desaparecer al movimiento sindical, misión para la cual encontraba en el senderismo un aliado eficaz, aunque no buscado. Con el debilitamiento y destrucción del movimiento sindical el régimen neoliberal podía imponer con más facilidad sus “reformas estructurales”, como viene ocurriendo en los países europeos donde los sindicatos han perdido su fuerza de antaño.

Construcción Civil y el SUTFEP fueron los únicos sindicatos nacionales que dieron batalla al fujimorismo en los años 90, con un movimiento que desembocó en la denominada Marcha de los Cuatro Suyos, audazmente liderada por un sector de la derecha bajo la conducción del neoliberal Alejandro Toledo que contó con el auspicio logístico del empresario Soros.

DESPUES DE 20 AÑOS

Para los trabajadores y el pueblo peruano es una necesidad política valorar con objetividad al fujimorismo en su situación actual y sus perspectivas, pues constituye aún, como acaba de afirmar el sociólogo Julio Cotler, uno de los signos de la política nacional. Es signo porque tiene presencia como fuerza dirimente en los asuntos de Estado, como lo viene demostrando al ser requerido por el propio gobierno del Presidente Ollanta Humala para aprobar medidas económicas y políticas de “interés común”; porque es una fuerza electoral de indudable apoyo popular al margen de su pútrida existencia; porque los nuevos dueños del país le tienen como su principal soporte social y político a favor de sus no menos sucios y antinacionales intereses; y, en fin, porque el programa neoliberal vigente y defendido por las clases dominantes y sus partidos sigue siendo la orientación absoluta de todos los gobiernos a partir del 2000, hasta hoy. Nada de lo hecho en los 12 años del siglo XX en el Perú en materia de economía, medidas políticas y sociales están en contra ni al margen del programa neoliberal que el fujimorismo impuso con su golpe de Estado. Hasta el clientelismo político que practica la derecha se ha refinado a partir del fujimorismo.

La afirmación de Vargas Llosa sobre la presunta desaparición del fujimorismo carece de fundamento, pues él mismo sigue defendiendo el mismo programa, a la vez que soslaya las condiciones objetivas (pobreza y profundas desigualdades sociales) que explican la presencia de la mafia fujimorista.

La derrota del neoliberalismo en el Perú supone también una lucha sin cuartel contra el fujimorismo y toda la derecha que le secunda en la defensa del modelo, que no es, como suelen afirmar algunos, un momento de “revolución capitalista” en el Perú, sino la reorientación de ese dominio bajo la globalización neoliberal imperante en el mundo.

El futuro del Perú se juega, en gran parte, en esa lucha inclaudicable contra el capitalismo que tiene hoy en el neoliberalismo su modelo más esclavizador y embrutecedor, como si viviéramos en los siglos de su etapa comercial-industrial de los siglos XVIII y XIX.

Solamente la organización de una fuerza nueva y socialista que sea capaz de comprometer con su ideario y su programa a la clase obrera, al pueblo explotado, a los sectores patriotas y a la intelectualidad progresista nos permitirá derrotar a las fuerzas de la derecha y conquistar el poder para transformar nuestro país desde una nueva perspectiva.

Lima, abril 08 del 2012

DERECHOS HUMANOS Y LA DEFENSA DE LA TIRANIA CAPITALISTA.

A propósito de un artículo del abogado Rónald Gamarra)

José Ramos Bosmediano, profesor.

Estoy en Contamana, capital de la provincia de Ucayali, en la región Loreto, como ponente en un Seminario Pedagógico organizado por el sindicato de maestros de la provincia, el SUTE provincial Ucayali. En el tema relacionado con las escuelas y corrientes pedagógicas contemporáneas, se debió de aludir, al analizar la Escuela Pragmatista y su antihumanismo que se ha presentando con mayor crudeza con las reformas educativas neoliberales, al asunto del Estado capitalista neoliberal y su dictadura abierta (caso Pinochet en Chile) o camuflada de gobiernos civiles (caso fujimontesinismo en el Perú), regímenes, precisamente que impusieron en su país la reforma educativa neoliberal en el marco del Consenso de Washington (ajustes estructurales neoliberales). Uno de los maestros asistentes, al intervenir, me preguntó por qué se considera que el gobierno venezolano presidido por el Comandante Hugo Chávez es una dictadura autoritaria. De inmediato me vino a la memoria un artículo reciente del abogado peruano Rónald Gamarra, publicado en su habitual columna del diario La República de Lima (domingo 15/01/2012, p. 8), texto que incluí entre mis papeles que introduje en mi maletín de viaje, felizmente, y que he vuelto a leer.

El señor Rónald Gamarra es uno de los defensores de los derechos humanos de las víctimas de la violencia terrorista de los 12 años de la más reciente confrontación armada en el Perú (1980 – 1992) en su etapa más sangrienta; pero también de otros casos de derechos humanos que en el Perú no se respetan, como la discriminación, las violaciones de niños y niñas, etc. En esta actuación, este abogado se viene enfrentando a los neoliberales más conservadores del país, a quienes se refiere, al concluir su artículo como “la derecha cavernaria intolerante y racista, que tampoco cree en la democracia ni en los derechos humanos, practicante inveterada del saqueo del Estado, como es el fujimorismo”.

DERECHOS HUMANOS Y LA CUESTION DEL PODER DEL ESTADO

El final del artículo del abogado Gamarra podría ser firmado por todos aquellos que buscamos construir una sociedad justa donde todos los derechos humanos sean respetados, partiendo de la creación de condiciones económicas y sociales que hagan posible la realización de esos derechos: alimentación, educación, salud, vivienda, recreación, igualdad de oportunidades para todos. Para crear esas condiciones, solo hay dos posibilidades: o se persiste en el actual Estado capitalista que, como se sabe, crea mayores desigualdades entre pobres y ricos; o bien se lucha por cambiar este Estado y crear otro diferente, el Estado socialista. Es decir, o se sigue defendiendo el capitalismo o se lucha por el socialismo. Ergo, o nos quedamos con este Estado o buscamos la construcción de otro. Una tercera vía, es, como dejó sentado José Carlos Mariátegui, una mera ilusión que ahora en Europa está demostrando su falencia ideológica y política.

Si se lee bien el texto de Gamarra, su contenido se sustenta en el principio de la inamovilidad del Estado capitalista, pues al mencionar los actos “terroríficos” de Lenin, Mao Tse-Tung, Lenin, Kim Il Sun y el gobierno presidido por su hijo Kim Yong Il, Fidel Castro y ahora Raúl Castro, Hoxa de Albania, de Ortega en Nicaragua y de Hugo Chávez en Venezuela, salta a la garrocha la lucha de los pueblos por derrotar a las fuerzas opresoras de la mayoría, fundar y defender el nuevo Estado. Pero en su propia argumentación no aparecen los gobiernos de los estados capitalistas con su máquina opresora y represiva, como es el caso del actual Estado capitalista norteamericano, cuya posesión ilegal y hasta criminal (como cárcel de torturas) de la isla Guantánamo (parte del territorio de Cuba) es, para ciertos opinantes y políticos, apenas un mero accidente de la geopolítica mundial.

Los calificativos de Gamarra contra los jefes revolucionarios que lograron iniciar la construcción del socialismo derrotando a las fuerzas más reaccionarias en su respectivo país, son no solamente infundados (denominar a Lenin “tan radical y despiadado”), sino alejados del contexto de la lucha de clases en cada situación concreta donde las masas revolucionarias debieron de actuar para impedir que la clase opresora derrotada recupere el poder. Con esta lógica de la “piedad histórica” no hubiese triunfado ni la revolución inglesa contra el poder feudal de Juan sin Tierra, ni mucho menos la misma revolución francesa de 1789, cumbre y modelo de revolución burguesa triunfante en el plano mundial, con todos sus “horrores” de la guillotina, del asalto a los bienes de la Iglesia Católica y Palacios de la Nobleza, el asalto de la Bastilla por los obreros, campesinos y desheredados de París. Se trataba de la toma del poder del Estado para fundar otro Estado. Y no hubo en aquellos “horrores” la orden expresa de los dirigentes revolucionarios, salvo la imposición de la guillotina por los jacobinos dirigidos por Maximiliano Robespierre. La lógica de una revolución, cuando es auténtica, supone hechos incontrolados, por lo cual Mariátegui llegó a decir que si la revolución suponía derramamiento de sangre, él la aceptaba de esa manera, aun cuando lo ideal sería no derramar ni una gota de sangre. Pero la historia demuestra que lo de arriba no están dispuestos a compartir su poder ni su riqueza con los de abajo por voluntad propia, mucho más en el sistema capitalista, salvo la distribución de “ayudas” como migajas para demostrar su filantropía, como viene haciendo la Newmont – Yanacocha para “convencer” al pueblo que es una empresa “responsable” y “quiere el desarrollo de Cajamarca y del país”.

Gamarra se une a toda la reacción cuando califica de tiranos a todos los que han dirigido movimientos revolucionarios y hoy siguen luchando para mantener el poder frente a las ambiciones de los capitalistas de recuperar sus privilegios perdidos; pero estoy seguro que no llamaría tiranos a los presidentes norteamericanos que empaparan de sangre Vietnam, o invadieron numerosos países latinoamericanos o que están interviniendo bélicamente en los países árabes. No son tiranos, ni dictadores. Por eso, con excepción del párrafo final que hemos citado, su artículo puede ser firmado hasta por los fujimoristas. Su concepción del Estado y del socialismo, desde fuera del socialismo por supuesto, es gaseosa, al margen de la lucha por el poder entre clases oprimidas y clases opresoras. Con sus distorsiones de la historia de las revoluciones (los dictadores romanos atribuían a los esclavos dirigidos por Espartaco las mismas atrocidades que ellos cometían contra estos en siglos de dominación esclavista), Sendero Luminoso, ese aborto terrorista de la lucha revolucionaria en el Perú, no se diferenciaría de Mao, ni de Lenin, ni de Fidel Castro y el Che Guevara.

EL CASO DE VENEZUELA Y EL PROCESO BOLIVARIANO

Lo que hoy es la lucha por la construcción del socialismo en Venezuela, no es un hecho que se ha iniciado en las “malévolas” intenciones del Comandante Hugo Chávez para sojuzgar al pueblo venezolano; ni sus iniciativas son “erráticas y contraproducentes para Venezuela”, como afirma, subjetivamente, el abogado Gamarra.

Resulta que Venezuela, durante toda la década de los años 80, era un país totalmente destrozado por una oligarquía que entregó la riqueza fundamental de ese país, el petróleo, a las empresas imperialistas, imperando un sistema social profundamente desigual, con grandes masas de pobres arrinconadas. Hasta que llegó el “caracazo” de esa década, una rebelión espontánea de las masas empobrecidas y hambrientas. Esa situación condujo a un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas, entre los cuales estaba el entonces alférez Hugo Chávez, a reflexionar sobre la posibilidad de cambiar el rol de esa Fuerza Armada, de defensora de ese orden injusto en manos de la burguesía y de los terratenientes, en una institución al servicio de la patria y del pueblo.

Desde ese grupo inicial se desarrolló una tendencia progresista que derivó en el fallido golpe de Estado de 1992 que tuvo a Hugo Chávez en su impulsor y dirigente principal. Para la burguesía y los terratenientes venezolanos, incluso para los gobernantes de los Estados Unidos, era uno de esos golpes militares de la vieja tradición militarista en América Latina, por lo que la amnistía otorgada a los “golpistas” fue la salida política del régimen oligárquico, como ocurrió también con el exilio de Fidel Castro en Méjico permitida por el régimen batistiano, desde donde este revolucionario preparó la acción revolucionaria que triunfó en 1959.

La estrategia posterior del Comandante Hugo Chávez, que le permitió ganar la presidencia de la república en 1999 con un programa que ponía por delante la independencia del país como base para producir cambios estructurales, progreso y justicia social, dejó descuadrada a la derecha en su conjunto. Mucho más cuando perfiló la posibilidad de sentar las bases para el socialismo, que se comenzó a denominar “socialismo del siglo XXI”, discutible en su denominación pero que orienta una tendencia correcta frente al capitalismo depredador del mundo de de hoy.

¿Cómo reaccionó la derecha electoralmente derrotada? Tratando de recuperar el poder del Estado mediante un golpe patrocinado por Estados Unidos, por sus gobernantes “democráticos” y no “dictatoriales”, golpe que impuso un presidente fantoche que solo duró unas horas, pues las Fuerzas Armadas restituyeron al verdadero gobernante.

Lo que el gobierno venezolano presidido por el Comandante Hugo Chávez está realizando no tiene nada de “horroroso”. El programa que desarrolla ha permitido a Venezuela nacionalizar gran parte de la explotación de sus recursos naturales, expropiar las inmensas tierras ociosas que los terratenientes burgueses han seguido manteniendo bajo su propiedad, tierras convertidas hoy en centros de producción ganadera y alimentos vegetales por los campesinos individuales y en cooperativas, con el apoyo tecnológico y crediticio que la derecha nunca les dio; se está dando un proceso de industrialización del país, se ha eliminado el analfabetismo, se ha universalizado los servicios de la salud y la educación, se ha disminuido el índice inflacionario en comparación con el del promedio de la década de los 80 y 90. Quiénes han salido perdiendo con el proceso actual son los capitalistas nacionales y extranjeros, pero sin dejar de ser tales, pues siguen siendo, hasta hoy, los ricos de Venezuela, pero ya no con la opulencia que les permitía negar a la mayoría del pueblo sus derechos, empezando por el derecho a un mejor salario, una educación y salud gratuitas, el derecho a la vivienda que hoy se va convirtiendo en una realidad en proceso de avance. Que hay errores, por supuesto que sí, pues las decisiones no se producen en terreno político baldío, sino atravesado por contradictorios intereses económicos y políticos. Téngase en cuenta que el gobierno venezolano actual no ha procedido a expropiar totalmente a la clase poseedora de gran parte de los medios de producción. Es una transformación en el marco de una democracia liberal que avanza a convertirse en una democracia popular y socialista. La permanente provocación de la derecha y su soporte exterior imperialista sí podría llevar a esa situación.

La oligarquía derrotada políticamente no soporta que sus privilegios hayan sido recortados en parcialmente. Su sagrada “libertad de prensa”, dicen, ha sido vulnerada porque ya no pueden seguir engañando al pueblo con toda la desfachatez de antaño, pero sus medios siguen siendo rentables a su favor, que es lo que les interesa. El Estado bolivariano tiene hoy medios de prensa de gran calidad informativa, donde la cultura juega un papel importante y a través de la cual el gobierno orienta a la población. La derecha, al perder parte de su credibilidad, presiona a nivel internacional para que el gobierno venezolano sea “juzgado” como “dictadura”.

Si Hugo Chávez es un dictador y un tirano, entonces lo son también quienes gobiernan con decretos de urgencia y con decenas de decretos leyes que se promulgan sin consultar a nadie, como los del señor Alan García en el 2008 cuando pretendió vender las tierras de la Amazonía peruana.

Contamana, Loreto, 19 de enero del 2012

EDUCACION PERUANA: HACIA UNA LEY DEL PROFESORADO

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

Una vez más el Sindicato Único de los Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) viene proponiendo una nueva Ley Magisterial para recuperar sus derechos conculcados por la reforma educativa neoliberal impuesta en la década del 90 del siglo pasado, continuada en estos años del siglo XXI. La propuesta se basa, fundamentalmente, en el contenido de la Ley 24029 y la que la modificó, Ley 25212. La propuesta se encuentra en proceso de discusión y recojo de aportes desde las mismas bases del gremio. Por su parte, el actual gobierno del Presidente Ollanta persiste en seguir manteniendo la denominada Ley de Carrera Pública Magisterial (No. 29062) promulgada por el gobierno aprista con el apoyo de todos los privatizadores de la educación, es decir, de toda la derecha, el apoyo implícito de algunos grupos que se autodefinen de izquierda.

Como ex Secretario General del glorioso sindicato, atacado desde todos los sectores de las clases dominantes y, evidentemente desde las trincheras de los propietarios de la educación privada, con algunas excepciones por cierto, he participado en las propuestas y luchas anteriores a lo largo de casi 40 años de existencia del SUTEP. Por tanto, considero conveniente ofrecer algunas apreciaciones sobre el contenido del proyecto de Ley.

Una sumaria y pertinente introducción

Antes de abordar el contenido mismo de la propuesta actual, es conveniente, especialmente para los nuevos maestros, señalar los hechos ocurridos en largos años del SUTEP para conseguir las reivindicaciones de los maestros peruanos de la educación básica, pues hay quienes consideran que lo que hoy se plantea es algo nuevo y que el sindicato nunca hizo nada por los derechos docentes.

Uno de los problemas que la educación peruana y la del mundo han venido afrontando es, sin duda alguna, la de la situación laboral de los maestros, no solo de la escuela pública, sino de los que trabajan en los centros educativos privados. En la propia Europa desarrollada del siglo XIX, no obstante la avanzada conciencia del rol de los maestros y sus derechos como trabajadores de la educación, sobre todo luego de la Revolución Francesa que estableció la formación profesional de los educadores creando la Escuela Normal en 1784, las condiciones de trabajo de los maestros y su misma preparación, eran muy deficientes, casi calamitosas. Algunos de esos problemas fueron abordados por la reforma educativa de la Unión Europea de 1984-1994). En Latinoamérica y demás países del tercer mundo eran aún mucho peores.

Uruguay, Argentina, Chile y México, desde la segunda década del siglo XX, marcaron un rumbo en la organización sindical de los maestros tanto para reclamar sus derechos cuanto para plantear la superación estructural de sus sistemas educativos para conquistar una educación democrática y científica, pues la herencia colonial supérstite impedía el derecho a la educación de la gran mayoría de sus ciudadanos, a la vez que los educadores estaban sometidos a condiciones laborales ignominiosas, pero a quienes, sin embargo, se les exigía un “apostolado”sin las condiciones adecuadas para ejercer la profesión docente.

Durante la década de los 60 del siglo XX la UNESCO puso un interés especial sobre la situación de los enseñantes, es decir, de los maestros de todo el mundo, tomando en consideración la función social de estos trabajadores y que, como tales, merecen también una consideración especial de parte de la sociedad, de los estados y de los gobiernos. En tal sentido fue aprobada la Resolución Relativa a la Situación de los Maestros y firmada el día 5 de octubre de 1966 (fecha que ha quedado con la denominación de “Día Mundial de los Docentes”), documento firmado por todos los países del mundo pertenecientes a la ONU en ese tiempo. Hasta entonces, en la gran mayoría de países los maestros estaban ya organizados gremialmente, habiendo desarrollado luchas huelguísticas por sus derechos, como ocurrió, por ejemplo, en el Perú, con la huelga nacional de 1965 que obligó al primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry a promulgar la Ley 15215 como Estatuto del docente peruano con un escalafón magisterial que jamás fue aplicado, salvo en las normas referidas a las sanciones a los docentes.

En esa misma década, en numerosos países europeos y latinoamericanos. los maestros empezaron a organizarse en sindicatos únicos para superar su división interna por niveles, a efecto de ganar fuerza para conquistar sus reivindicaciones, corriente que también llegó al Perú dando paso a la preparación y fundación del SUTEP en 1972.

Durante la década de los años 70 los maestros organizados en el SUTEP, frente la dictadura militar impuesta por el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 y que se prolongara hasta 1980, el SUTEP fue una de las pocas fuerzas sociales que se enfrentó en las calles no solamente para reclamar las reivindicaciones magisteriales, sino también una educación democrática y científica, a la vez que apuntalaba la constitución de los frentes de defensa de los intereses del pueblo. Hoy, quienes detentan el poder del Estado y dicen lo que quieren en los medios de comunicación, ocultan el papel del SUTEP y demás organizaciones populares en la lucha para obligar a esa dictadura, en su “segunda fase” con el hoy “demócrata” Francisco Morales Bermúdez, a convocar a una Constituyente y a un proceso electoral para traspasar el gobierno a los civiles.

No bien instalado el nuevo gobierno civil el 28 de julio de 1980, el SUTEP presentó un Proyecto de Ley del Profesorado para que sea discutido y aprobado en el Congreso Nacional de dos cámaras en aquellos años. Culminaba ya la segunda legislatura de 1984 y el Congreso no discutía el Proyecto. Lo hizo, sin embargo, presionado por la huelga nacional de hambre y las grandes movilizaciones de los maestros del SUTEP en diciembre de aquel año, confrontación que culminó con la promulgación de la Ley del Profesorado No. 24029, una Ley que plasmaba muchas reivindicaciones de los maestros peruanos, pese a los recortes realizados en ambas cámaras legislativas. Es risible que viejos dirigentes apristas hayan afirmado que esa Ley les pertenece, como si ellos hubiesen sido los autores de la iniciativa.

Como el proyecto original fue podado en determinados puntos, al iniciarse el primer gobierno aprista (1985) el SUTEP volvió a presentar otro Proyecto de Ley con carácter de Modificatoria de la Ley 24029. Pero, como en el caso anterior, culminaba ya la última legislatura de 1989, y la mayoría parlamentaria, aprista y acciopepecista, se negaba a discutir la propuesta, razón por la cual el SUTEP desarrolló una nueva huelga de hambre nacional el 29 de noviembre de aquel año, con grandes movilizaciones en todas las ciudades del Perú, medida de lucha que se suspendió el 14 de diciembre cuando el Parlamento empezó a discutir y aprobar el Proyecto. Aprobada la Ley por el Parlamento, sin embargo el Presidente Alan García Pérez se negó a promulgarla, devolviéndola al Congreso. El SUTEP debió de realizar, casi al culminar el primer mandato gubernamental del APRA, una huelga nacional indefinida para obligar al gobierno la promulgación y la reglamentación de la Ley Modificatoria No. 25212 con su Reglamento correspondiente. Queda claro, entonces, que la Ley del Profesorado 24029, su Modificatoria y su Reglamento no fueron la voluntad de los gobernantes de turno, sino de la acción de lucha de los maestros con su sindicato, el SUTEP.

Cabe recordar también que, durante la lucha por las modificaciones favorables a los derechos de los maestros, los senderistas y sus aliados anarquistas (refugiados hoy, muchos de ellos, en el gobierno del Presidente Humala) llegaron a afirmar que “la Ley no se come”, posición economicista que los maestros rechazaron masivamente. A su vez, los apristas empezaron a “adueñarse” de la nueva Ley sin ruborizarse por su marcada oposición a discutirla y promulgarla, con la excepción del parlamentario aprista Ponce, maestro honesto y consecuente, al lado del también maestro y parlamentario Carranza Piedra, quienes apoyaron a los parlamentarios de izquierda y a los dirigentes del SUTEP en el proceso de discusión del Proyecto.

La nueva versión de la Ley del Profesorado 24029 se aplicó parcialmente hasta marzo de 1991, pues al asumir el gobierno el fujimorismo desde el 28 de julio de 1990, este empezó a aplicar el programa neoliberal dictado por el “Consenso de Washington” que obligaba a privatizar bienes y servicios públicos, disminuir drásticamente los gastos del Estado y, en consecuencia, anular todos los derechos económicos y profesionales de los servidores del Estado. Fue así que en marzo de 1991 el gobierno del criminal y ladrón Alberto Fujimori decretó la suspensión indefinida de los derechos económicos de los maestros peruanos establecidos en la Ley del Profesorado. El SUTEP, en defensa de esos derechos y también de la educación pública gratuita y universal, cuya privatización constituía uno de los pilares de las políticas públicas del fujimorismo, realizó una huelga indefinida que duró 109 días (mayo – agosto de 1991): ¡primero son los niños, no la deuda externa!, fue el eslogan principal en esa huelga.

Toda la década de los 90 y todos los 11 años del presente siglo, los maestros peruanos han venido luchando para recuperar sus derechos conculcados por el neoliberalismo y sus gobiernos (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García). Los neoliberales, para justificar sus políticas contrarias a los derechos de los trabajadores, desarrollaron una campaña de desprestigio contra los maestros, a los cuales se les responsabiliza de la crisis educativa, imponiéndoles un sistema masivo de contratos temporales, concursos y evaluaciones estandarizadas para seleccionar “a los mejores”, hasta que, finalmente, se les impuso la llamada Ley de Carrera Pública Magisterial, cuyo contenido legal e ideológico pertenece al Banco Mundial, cuyos expositores estuvieron en el Perú en seminarios y oros eventos organizados por el Ministerio de Educación durante el gobierno de transición del ex Presidente Valentín Paniagua (2000-2001), uno de los cuales se realizó a principios del siglo XXI bajo la dirección del extinto profesor de Filosofía de la Universidad Católica, Juan Abugatás. Los textos de aquellas ponencias contienen los planteamientos básicos de la Ley 29062 (Carrera Pública Magisterial) promulgada por el segundo gobierno aprista que concluyó el 2011. La nueva Ley, en realidad, promueve una compulsiva y antipedagógica competencia entre los maestros a cuenta de una supuesta “meritocracia”, reduciendo la atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues el ideal supremo del docente se traduce enelevar su salario no como un derecho laboral de justicia, sino como consecuencia de resolver una prueba estandarizada y acumular diplomas, maestrías y hasta doctorados, de cuya idoneidad lo saben bien las variopintas universidades privadas que han proliferada bajo el manto del decreto 882, promulgado por el fujimorismo en 1966 y mantenido por los posteriores gobiernos “democráticos”.

Hoy sabemos que los maestros incorporados a la nueva Ley no son mejores, pedagógicamente hablando, frente a la gran mayoría que ha rechazado ese engendro neoliberal, como puede notarse en su propio desempeño; pues las deficiencias de todos los maestros deben ser explicadas dentro del contexto y las condiciones en que ejercen su profesión, las que no han cambiado. Además siguen aplicando el mismo constructivismo fracasado, como parte de la también fracasada reforma educativa neoliberal. En realidad, los maestros que han postulado a los concursos lo han hecho por una razón pragmática: elevar su remuneración, ya que la propaganda del gobierno aprista incidía en “mejores maestros, mejores salarios”, más que en “mejores maestros, mejor alumnos”, con spots televisivos tan ridículos como los argumentos del ex Ministro José Antonio Chang para aplicar las pruebas estandarizadas.

En el momento actual nos encontramos con dos regímenes laborales para los maestros peruanos: el que rige para los maestros (la mayoría) sujetos a la Ley 24029, con salarios congelados y pensiones ridículas en el caso de los cesantes y jubilados, por un lado; y el que rige para los que han sido incorporados a la Ley 29062, con salarios que no van más allá del costo de la canasta básica familiar, que debiera de corresponder, en el peor de los casos, a todos los maestros de la educación básica. Por supuesto que los neoliberales, aprista y no apristas, han logrado dividir a los maestros para debilitar su sindicato y, por ende, su lucha.

Entre recuperar la plena vigencia de la Ley del Profesorado 24029 o luchar por una nueva Ley Magisterial, el SUTEP, acertadamente, ha optado por esta segunda opción, lo que supone la derogatoria de la Ley 29062.

PLANTEAMIENTOS CENTRALES PREVIOS

 

Leyendo como un todo la propuesta de Ley del Profesorado como nueva propuesta del SUTEP, nos permite distinguir los planteamientos centrales y plausibles que ayudarían a recuperar los derechos de los maestros, actualizando, al mismo tiempo, conceptos que se relacionan con las nuevas exigencias para el ejercicio de la profesión docente.

Una primera cuestión es la necesidad de recuperar los derechos de los maestros que están considerados en la Ley 24029, siendo uno de ellos el de la estabilidad laboral en la misma plaza y escuela, pues el maestro no puede ser, como todo trabajador civil, sujeto a constantes desplazamientos “por motivos del servicio”, como ya era una práctica durante la dictadura militar del General Francisco Morales Bermúdez; y que hoy se ha convertido en práctica permanente a través de los eternos concursos para contratos, a través de los cuales docentes de aula y hasta directores de escuelas no saben dónde trabajarán el próximo año lectivo, convirtiendo el trabajo docente en un desplazamiento continuo que no ayuda a consolidar el trabajo educativo en las escuelas.

Otro de los derechos es al de tener la garantía de una carrera pública y el ascenso correspondiente a través de una evaluación integral que tenga como centro, sin embargo, la práctica docente, es decir, su desempeño en el aula y en la escuela, considerando también la experiencia profesional traducido en tiempo de servicios; sus méritos en el proceso de su trabajo; el reconocimiento de la comunidad y de la sociedad frente a sus actividades en y fuera de la escuela; sus méritos intelectuales expresados en trabajos académicos y de creación cultural, si los hubiere; los diplomas o grados académicos que el maestros pueda obtener a lo largo de su carrera; y, claro, su actualización profesional que puede ser evaluada mediante una prueba de conocimientos y nuevas capacidades.

El derecho al ingreso a la carrera pública magisterial y al ascenso correspondiente a través de una evaluación permanente, integral, sistemática y formativa, dejando atrás la anticientífica evaluación estandarizada que el neoliberalismo ha venido imponiendo en estos años.

El derecho a una jornada laboral pedagógicamente adecuada que permita un desempeño eficiente del docente con el consiguiente beneficio académico para los estudiantes, pues el trabajo docente no solamente exige un permanente ejercicio de estudio y planificación, sino un estado psicológico adecuado frente a grupos humanos en proceso de desarrollo y con personalidades diferenciadas desde todo punto de vista; realidad no comprendida por aquellos que ven en el maestro a un simple “facilitador” técnico a quien le basta tener conocimientos de la materia que va a enseñar y un poquito de técnicas didácticas.

El derecho a una remuneración que le permita dedicarse íntegramente a su profesión, sin dispersar su atención en otras actividades para buscar otros ingresos, sino también para tener mejores condiciones de superación cultural. La consideración del costo de vida es fundamental, pero no suficiente, pues el maestros tiene que estar también al día para superar la rutina que produce el ejercicio cotidiano de toda profesión ciento por ciento intelectual, como es la de enseñar. ¿Cuántos libros de su especialidad o de cultura general debe adquirir el maestro, mensual o anualmente, para mantenerse al día en el desarrollo de la cultura y de las ciencias correspondientes? Si no tiene recursos para solventar estas necesidades profesionales, ¿con qué derecho los gobernantes le exigen un desempeño excelente? Tampoco es suficiente: ¿puede el maestro, con sus remuneraciones, asistir a espectáculos de verdadero valor cultural y artístico?, ¿tiene acceso al periódico y a revistas de pedagogía y de investigación científica? Son preguntas necesarias para aquellos que juzgan a los maestros con la ignorancia más supina.

Estos derechos básicos de la profesión docente están incluidos en el proyecto que actualmente debate el SUTEP, con las especificaciones para entender su estructura interna y los elementos que los definen mejor.

ALGUNAS OBSERVACIONES Y ALGUNOS APORTES

Con una mirada más puntual en algunos conceptos y planteamientos, nos parece pertinente ofrecer observaciones y aportes para mejorar el texto. Seguiré el orden del texto.

Debe establecerse con claridad el perfil conductor(lo subrayo) del maestro en el proceso enseñanza-aprendizaje para diferenciar ese papel del mero “facilitador”, así como del concepto de “agente”, palabra de pobre significado cuando se trata de formar a nuevos hombres. Conducir es enseñar a aprender y también orientar, guiar, formar nuevas personalidades, en el caso de la educación. Hasta en los orígenes griegos de esta profesión se trataba de “llevar de la mano” a los niños a la escuela, conducción que la pedagogía moderna tiene una traducción más completa. En una de las tesis educativas que elaboramos en 1992 hay un texto breve sobre el perfil del maestro, cuyos conceptos considero deben ser tenidos en cuenta.

Es también importante diferenciar el peso profesional y pedagógico de lo que en el texto se denomina “formación inicial”, término que viene de la UNESCO y su libro de 1996 “La educación encierra un tesoro”, del que posee la “formación continua”, de la misma fuente. En realidad “formación inicial” da la idea de que los años de estudio para la consecución de un título profesional pedagógico tienen poco valor frente a la “formación continua”. Es al revés, en los estudios profesionales regulares se adquieren los fundamentos y capacidades fundamentales para ser maestro, como también para formarse en otras profesiones. El autodidactismo, antes que una regla, es una excepción. La capacitación permanente posterior, práctica y teórica, no puede suplir a la primera. Un profesional titulado con estudios mediocres no puede recuperar totalmente lo que no ha logrado aprender. Los cinco años de formación profesional, si son de estudios serios y sistemáticos, no pueden ser iguales a cursos de capacitación permanente a distancia o en períodos cortos presenciales, etc. Estos pueden ayudar a actualizarse y perfeccionarse en nuevas tecnologías, pero nada más. Los neoliberales, para justificar la subvaluación de la profesión docente y del título profesional, pretenden otorgar a la “formación continua” el mayor peso académico para formar en los nuevos maestros la idea de que si no se “superan” no tienen derecho a una remuneración adecuada a su profesión. Considero establecer que la formación profesional que otorga el título pedagógico en estudios universitarios (en adelante) es la principal, básica, fundamental, necesaria. La capacitación permanente es complementaria.

Al hablar de democracia en educación debe establecerse la expresión“igualdad de oportunidades para todos”, niños y jóvenes, sin necesidad de utilizar esa palabreja tan manida por los neoliberales, la “inclusión”, con la cual pretenden reemplazar al término “igualdad”. El principio de justicia con el cual debe comprometerse el maestro se orienta a la igualdad como producto de una educación gratuita y universal, derecho humano que no está sujeto al deseo de “incluir” a los demás, pues es responsabilidad del Estado que debe dar las condiciones necesarias y suficientes para que la escuela (y los maestros) desarrolle su trabajo.

Se debe establecer el derecho que tienen los maestros, a través de su gremio, de proponer alternativas en materia de políticas educativas, que sean escuchados y se promueva un diálogo serio para enriquecer esas políticas. Otra cosa es que los gobernantes no incluyan los aportes de los maestros, lo que da lugar a la asunción de responsabilidades por quienes, desde el gobierno, imponen sus decisiones.

La formación de profesores debe realizarse, en adelante, en las universidades públicas, pues debe ser gratuita y sujeta a una planificación en el tiempo y a una estructura curricular científica. Dispersar la formación de los maestros en establecimientos de distinta naturaleza y sujetos a intereses de personas y pequeños grupos es convertir a la formación docente en una suerte de fragmentación “formativa”, consecuencia que hoy vivimos luego de 20 años de negocios y mediocridades.

Las becas deben otorgarse exclusivamente para la formación de investigadores en el campo de la pedagogía y/o la administración de la educación.

No se debe dejar de precisar que entre los derechos de los maestros está la participación en actividades políticas y ciudadanas. El maestro no es un ciudadano de segunda ni tercera categoría.

En el proceso de evaluación docente es necesario establecer que es una función del Ministerio de Educación con sus instancias regionales, locales y escolares, mas no de terceros, incluidas las universidades, pues estas desarrollan su proceso de evaluación durante la formación de los maestros en sus aulas. Por lo demás, ya sabemos que con la tercerización de la evaluación docente hemos asistido a la mediocridad y al pillaje.

La Maestría y el Doctorado deben tener un peso específico en los puntajes para las evaluaciones, pero no como condiciones necesarias para postular a un determinado nivel de la escala profesional. No es un requisito necesario tener un grado académico para el adecuado desempeño de la profesión docente en el aula. Esos grados constituyen niveles superiores de investigación, también del ejercicio de la docencia en el nivel superior universitario. Quienes han obtenido esos grados casi en ningún caso han permanecido como maestros de aula. Lo que han hecho los neoliberales es mistificar esos grados como sinónimos de “buenas prácticas” en la docencia, pero con el objetivo de llenar las universidades con profesionales convertidos en clientes del negocio de la educación superior. Para menospreciar más un título profesional, vienen hoy generalizando los términos “pregrado” y “postgrado”, haciendo este último un paso obligado para ejercer con “eficiencia” la profesión.

Es muy objetable que en una nueva Ley Docente se mantenga el sistema de contratos. Si hay que mantener los concursos para el ejercicio de la docencia, lo mucho que se debe aceptar es que los concursantes deben llegar al nombramiento. Que los gobernantes no acepten este derecho a la estabilidad laboral es responsabilidad de ellos y no de los maestros y su gremio.

Debo concluir las sumarias observaciones anteriores señalando que se requiere una redacción adecuada desde el puntode vista de la lógica jurídica: orden en la estructura general del texto, mejor redacción para evitar redundancias de conceptos y preceptos (artículos e incisos). Siendo formales, ayudarán a que el texto sea más coherente en sus planteamientos (coherencia interna).

FINAL

Finalmente, un llamado a todos los maestros a intervenir en la discusión, ofrecer sus aportes, sus inquietudes, y tener en cuenta que esta propuesta, para que sea atendida, se requiere de la más grande unidad, pues sin ella no será posible dar la gran lucha para ser escuchados. Los neoliberales difundirán la mentira de que los maestros están buscando privilegios. Así fue en el pasado. Así será en el presente. Así será en el futuro hasta que un nuevo orden social nos dé la garantía de una nueva educación y de una nueva situación de los trabajadores en la educación. Se requiere generar una correlación de fuerzas que haga posible la discusión de este proyecto en el parlamento con el apoyo de los estudiantes y padres de familia, pero convocando también a los intelectuales interesados por una mejor alternativa educativa con la correspondiente política magisterial.

LA EDUCACION Y EL NEGOCIO DE LOS TEXTOS ESCOLARES

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red SEPA, ex Secretario General del SUTEP

La semana del 6 al 12 de febrero 2012 tres hechos han concitado la mayor atención de los peruanos: la gran Marcha por el Agua, con el trasfondo de la lucha en defensa de las cabeceras de cuenca y el símbolo de ellas hoy, Conga; la captura del jefe guerrillero senderista FlorindoFlores Hala o camarada “Artemio” en el Alto Huallaga; y el comercio de los libros de texto escolares por un grupo de empresas editoriales.

El caso de la edición y comercialización de los textos escolares, a diferencia de los otros que mencionamos, es parte de un contexto permanente que puede definirse como una suerte de endemia cultural-pedagógica, pero que, manejado por una prensa hipócrita, por políticos ignorantes del hecho educativo y por altos funcionarios del Ministerio de Educación que suelen amenazar a los comerciantes de la educación para “demostrar” su preocupación por la educación de la niñez y la juventud y de los padres de familia, se ha convertido en “cruzada” por la educación.

EL GRAN NEGOCIO DE LA EDUCACION EN EL PERU

La elaboración, edición y comercialización de textos escolares en el Perú, con más profusión en los últimos 30 años, es, apenas, un trocito del gran negocio de la educación en el Perú.

La reforma de la educación actuada por el neoliberalismo reforzó ese negocio pero amplió la cobertura del lucro con la privatización del servicio hasta lograr que la gratuidad de la educación y su carácter de derecho social y humano, casi desaparezca. El ladrón y criminal Alberto Fujimori solía responder al SUTEP, cada vez que este rechazaba sus decretos privatizadores desde 1991: “en el Perú nunca hubo educación gratuita”, tratando de justificar los mandatos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Sus sucesores, Toledo Manrique y García Pérez, asumieron el programa para reducir las responsabilidades del Estado en materia de educación, barnizado con programillas y cierta infraestructura “emblemática”, más el reparto de computadoras, toda la reforma educativa de los años 90 del siglo pasado.

No menos del 50% de los gastos en la educación pública, especialmente en la superior, corre a cuenta de los padres de familia, un sobreimpuesto obligado por la sistemática reducción del presupuesto dedicado a la educación. En la jerarquía de la educación privada se expresa también la diferencia entre los más ricos y una capa de ilusos pequeño-burgueses que “invierten” en la educación de sus hijos. Como si fuera un gran descubrimiento, se “denuncia” los cobros en miles de dólares para que un niño se matricule en ciertas escuelas de “calidad”.

El negocio del que hablamos comprende: la propiedad de las escuelas, los cobros por matrícula y otros “derechos”, la comercialización de uniformes y textos escolares por los mismos propietarios, la contratación de maestros por salarios miserables y exentos de derecho sociales, la prolongación de la jornada escolar y del propio año lectivo sin mejorar el salario magisterial. Estos mecanismos, sin embargo, que la privatización de la educación no ha generado la superación de la crisis de la educación en el Perú; más bien ha profundizado el caos curricular y axiológico en nuestra educación, subsumida ya en ese pozo de la anomia moral en el que se desenvuelve la vida económica, comunicacional, social y política del país, sintetizada como corrupción.

El resultado de este proceso es la generación de empresarios “educativos” que en poco tiempo han ampliado sus actividades (negocios), especialmente en el campo de la educación superior.

Pero volviendo a los libros que se venden como textos escolares, el negocio involucra a directores y maestros, no porque estos tengan una concepción crematística de la educación, sino porque es la oportunidad de agregar a sus magros salarios unos ingresos anuales más que, en el mejor de los casos, no pasan de 1000 soles para quienes aceptan las ofertas de los propietarios de las editoriales dedicadas a este negocio. Por supuesto que no todos los maestros ni directores suelen caer en el remolino del negocio educativo.

ENTRE LA DEMAGOGIA Y LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE LOS TEXTOS ESCOLARES

Son tantas las ganancias que genera la producción y comercialización de textos escolares en el Perú que los propietarios del negocio, ante la bulla generada y el peligro de ser sancionados, están ofreciendo una rebaja de hasta 40% del precio de sus textos. Seguramente los que han levantado la polvareda de los libros de texto se pondrán contentos por el resultado de su faena “a favor de los padres de familia”.

Los demagogos del Congreso creen que con la modificación de la ley correspondiente y las sanciones que establecen resolverán el problema.

Los demagogos del Ministerio de Educación también han salido a explicar cómo seguir usando y reusando los textos escolares, lo que implica un nuevo formato de redacción, quitando de los textos las partes que el estudiante debe “llenar” con sus respuestas, conocida maña para volver a un texto en descartable. ¿Por qué no hicieron esta poda hace 5, 10 o 30 años, o por qué autorizaron la producción de textos escolares con ese formato?

Hasta un ejecutivo de la editorial Santillana ha salido a “enseñar” cómo debe ser un texto escolar, como si los suyos fueran excelentes libros, pretendiendo confundir negocios con pedagogía. Y la Cámara Peruana del Libro también pretende sacar el cuerpo “denunciado” a las editoriales que no están afiladas a esa entidad, cuando no se trata aquí de afiliación o no, sino de la intromisión de un negocio en las aulas escolares, vengan de donde vengan los textos escolares.

No podría extrañarnos que, en lo inmediato, gobierno y editoriales llegarán a un “consenso” para encontrar la solución, de tal manera que los textos escolares sigan en el mercado, seguramente con precios más bajos, con formatos determinados y bajo la “libertad” de los padres de familia para comprarlos o no. ¿Y quién recomendará los padres de familia cuál es el mejor texto para su hijo? ¿El Director de escuela o el profesor de aula o de materia de estudios? ¿O el Ministerio de Educación? ¿O las técnicas del marketing? ¿O el Comité que se forme para ese menester? En cualquier caso el negocio continuará en aras de la “libertad de elegir” de los gurúes del neoliberalismo.

LA NECESIDAD DE LOS TEXTOS ESCOLARES

Para los estudiantes los textos escolares son imprescindibles para reforzar los conocimientos que el maestro está obligado a ofrecer sistemática y dosificadamente, pero al mismo tiempo, para que ellos, individual y colectivamente, puedan descubrir dichos conocimiento de acuerdo con las recomendaciones del profesor.

Para que un texto escolar sea útil pedagógicamente debe estar sometido a ciertos requisitos: a) contenido científico, lo que solo será posible si ha sido elaborado por investigadores en la materia correspondiente y no por quienes simplemente copian y pegan de otros libros, como ocurre actualmente; b) redacción correcta, sin faltas ortográficas y sintácticas, diferente a lo que viene ocurriendo; c) presentación sobria del contenido principal y sus ilustraciones, de tal manera que lo colorido no opaque el significado; d) información suficiente para la edad de los estudiantes y el nivel y grado de estudios, ni muy limitado al programa ni muy ampuloso.

Al respecto, son memorables los textos preparados por el Dr. Puccinelli sobre literatura, Filosofía y Lógica por los Dres. Francismo Miró Quesada Cantuarias y Augusto Salazar Bondy, Filosofía y Psicología por el Dr. Wálter Peñaloza Ramella, Historia Universal por el Dr. Alfredo Rebaza Acosta, Historia del Perú por el Dr. Pablo Macera y por Gustavo Pons Musso, Economía Política de Alberto Rubio Fataccioli para mencionar solo algunos que más han sobresalido en el campo de las ciencias humanas y sociales.

Pero ningún texto escolar puede suplir a un profesor, su preparación académica y su permanente revisión de los conocimientos especializados y de la cultura en desarrollo permanente. Para los profesores deben existir libros de consulta de suficiente solvencia científica. En Costa Rica y en México los gobiernos entregan gratuitamente textos de consulta para que los maestros enriquezcan su información en el proceso de la preparación de sus clases. En Cuba, bueno es decirlo, todos los estudiantes tienen material de consulta gratuitamente, pues nadie lucra, en ese país, con la educación.

El problema solo se solucionará cuando el Ministerio de Educación encomiende a personas idóneas, académicamente hablando, la preparación de los textos escolares para su distribución gratuita en todas las escuelas de Perú. Pero no como lo vienen haciendo los últimos gobiernos, con redacciones lamentables y negocios de por medio.

Toda la “discusión” armada y las “soluciones” propuestas en estos días son medidas que nada tienen que ver con la pedagogía.

¿BECAS DE ESTUDIO O GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA?

(A propósito de “Beca 18” del gobierno del Presidente Ollanta Humala)

José Ramos Bosmediano, miembro de la Red Social para la Escuela Pública en las Américas (Red SEPA, Canadá), ex Secretario General del SUTEP (Perú)

En la educación moderna las becas forman parte de las condiciones excepcionales de estudio para aquellos alumnos que tienen aptitudes para la investigación científica y tecnológica, dentro o fuera del país, con el fin de contribuir al desarrollo del conocimiento básico y aplicado. Desde esta perspectiva, no es un instrumento al servicio de un grupo con el criterio de la selección de becarios por razones de pobreza, supuesto el hecho de que para toda la población de un país deben existir las mismas condiciones para el ejercicio del derecho a la educación gratuita. Para profesionalizarse y ejercer la profesión elegida, basta estudiar en el sistema educativo regular, para lo cual el Estado debe dotar de todas las condiciones necesarias y suficientes, lo que obliga a establecer un sistema educativo democrático e integral, basado, fundamentalmente, en el principio de la justicia.

Cuando el Presidente Ollanta Humala ofreció, durante su campaña electoral la “revolución educativa” para el Perú, consideró que “Beca 18” funcionaría dentro de un nuevo sistema educativo, diferente al que nos han dejado los gobiernos de Fujimori, Toledo y Alan García Pérez, que echa agua por todas partes porque ha fracasado no solamente por su insolvencia científica y académica, sino por su pobreza moral, como lo demuestran, entre otros, los casos de los negocios privados con los “textos escolares”, la tramposa y discriminadora construcción de los llamados “colegios emblemáticos”, la presencia de negociantes de la educación en el Ministerio de Educación, los concursos estandarizados e irregulares para plazas docentes, la proliferación de universidades privadas y públicas con criterios de lucro y de clientelismo político, respectivamente. Pretender remendar este sistema fracasado con “Beca 18” o con “Cuna Más”, es seguir con la misma engañifa de siempre: medidas demagógicas para que todo siga igual.

La demagogia y el empirismo del Viceministro Bolaños

Al anunciar que en el año 2012 habrá 200 becas para los universitarios de los distritos más pobres de Lima, Fernando Bolaños, Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, pretende entregar la idea de hacer justicia en materia de educación y que, gradualmente, toda la juventud peruana logrará proseguir sus estudios superiores, ilusión que solamente pueden hacerse aquellos que tienen del derecho a la educación una concepción asistencialista, mas no integral ni universal (Véase entrevista en La República, domingo 26/02/2012, Lima, p. 32).

En lugar de apuntalar el rol directriz de las universidades públicas que existen en todo el país, potenciarlas económica y académicamente, han decidido distribuir el presupuesto para las becas también entre las universidades privadas, supuestamente elegidas por su “calidad”. Es decir, se pone el presupuesto de educación “Beca 18” al servicio del lucro de la educación privada. Y no puede ser de otra manera por cuanto la plana mayor del Ministerio de Educación sigue siendo la representación neta de la empresa privada en educación, además de ser expresión fehaciente de la pedagogía confesional predominante en el Perú colonial y poscolonial, hecho que se manifiesta, en estos tiempos, en la pugna por la propiedad de la Universidad Católica, supuestamente disputada entre “pluralistas” y fundamentalistas.

Al referirse a las profesiones que se ofrecerán a los becarios, Bolaños señala que la prioridad son las carreras “de ciencia y tecnología para favorecer el desarrollo científico y tecnológico del país”; pero, contradictoriamente, afirma a continuación que los egresados podrán tener trabajo por 3 años por lo menos en las regiones donde los necesiten. ¿Cuál es, entonces, el rumbo del desarrollo científico y tecnológico del Perú con “Beca 18”?

Tampoco es verdad que en el Perú sobran los médicos y enfermeros, afirmación que solo puede provenir de quienes no conocen el abandono de centros de salud y de enfermos que se hacinan en los hospitales del Ministerio de Salud, además de la inexistencia de centros de salud en muchos pueblos del país.

Pero el empirismo pedagógico es también otro de los componentes del actual Ministerio de Educación del Perú, herencia de la saga pragmatista que viene, por lo menos, desde la propia reforma educativa de la dictadura militar de fines de los 60 y todos los años 70 del siglo XX en el Perú. Privilegiar las profesiones técnicas y soslayar la formación humanista de nuestra juventud refleja la concepción dicotómica entre ciencia y humanismo, como si fueran excluyentes en el proceso de la formación humana integral. Pero en el sentido de las profesiones que requerimos, especialmente en las áreas poblacionales de los distritos pobres de las ciudades y del medio rural andino-amazónico, requerimos profesionales de las ciencias sociales (antropólogos, sociólogos, psicólogos, lingüistas, investigadores sociales, etc.).

Por donde se lo mire, “Beca 18” no solamente está plagada de concepciones asistencialistas y empiristas, sino que es, apenas, un programa más que carece de sustento programático para una nueva educación en el Perú. Con el viejo eslogan de “favorecer a los que más lo necesitan” (fujimoristas-neoliberales dixit), los actuales administradores de la educación peruana se han propuesto seguir manteniendo la crisis educativa y la privatización de la enseñanza.